El Fiscal Adjunto Mame Mandiaye Niang se reunió con Delcy Rodríguez, Vicepresidenta Ejecutiva de Venezuela, en la CPI. Fotografía: Redes sociales CPI
Guacamaya, 8 de agosto de 2025. El Fiscal Adjunto de la Corte Penal Internacional (CPI), Mame Mandiaye Niang, se reunió este jueves en La Haya con la vicepresidenta ejecutiva de Venezuela, Delcy Rodríguez, en el marco del seguimiento a los casos abiertos relacionados con la situación del país suramericano. Mientras la Fiscalía reafirma su intención de avanzar en las investigaciones sobre posibles crímenes de su competencia, Caracas insiste en su voluntad de cooperación y denuncia el impacto letal de las sanciones internacionales.
En una reunión sostenida en la sede de la Corte Penal Internacional (CPI) en La Haya, el Fiscal Adjunto Mame Mandiaye Niang reiteró el compromiso de la Fiscalía de continuar con las investigaciones en curso sobre la situación de Venezuela, conforme al mandato del Estatuto de Roma.
Según informó la CPI, el encuentro sirvió para subrayar la importancia de la complementariedad, es decir, la posibilidad de que los Estados ejerzan su jurisdicción de forma genuina antes de que la Corte intervenga. En ese sentido, Niang señaló que el avance o viabilidad de esta vía dependerá de los esfuerzos concretos que realice el Estado venezolano en materia de rendición de cuentas a nivel nacional.
Por parte del Gobierno venezolano, la vicepresidenta Delcy Rodríguez aprovechó la ocasión para presentar nuevos elementos en el marco del caso conocido como “Venezuela II”, referido al impacto de las sanciones internacionales. Entre los documentos consignados figura un reciente estudio publicado por The Lancet, que, según explicó, demuestra que más de 564.000 muertes anuales —especialmente entre niños menores de cinco años y personas mayores— estarían relacionadas con medidas coercitivas unilaterales impuestas por Estados Unidos y sus aliados. La cifra es comparable con las víctimas causadas por conflictos armados a nivel mundial.
Rodríguez expresó preocupación por lo que calificó como la lentitud en el tratamiento de esta denuncia, introducida por Venezuela conocido como Venezuela II hace más de cinco años. Asimismo, en relación con el caso “Venezuela I”, relacionado con presuntos crímenes de lesa humanidad en el país, reiteró que no se han cometido delitos que encajen dentro de los previstos en el Estatuto de Roma.
La alta funcionaria también reafirmó la disposición del Gobierno venezolano a continuar profundizando los mecanismos de cooperación técnica con la Fiscalía, siempre en el marco de la “primacía de la jurisdicción nacional”. Destacó además el rol de los cuerpos de seguridad venezolanos, a los que calificó como responsables y profesionales en su labor de resguardar la paz y los derechos de la ciudadanía.
¿Cómo puede Delcy Rodríguez entrar a territorio de la UE si es una persona sancionada ?
La entrada de la vicepresidenta ejecutiva de Venezuela, Delcy Rodríguez, al territorio de la Unión Europea —específicamente a Países Bajos— ocurre a pesar de que figura en la lista de personas sujetas a medidas restrictivas individuales impuestas por el Consejo de la UE en el contexto de la crisis política venezolana. Estas sanciones, establecidas en virtud del artículo 29 del Tratado de la Unión Europea (TUE) y del Reglamento (UE) 2017/2063, incluyen la prohibición de entrada y tránsito en territorio de los Estados miembros, así como el congelamiento de activos.
No obstante, el marco jurídico de la UE contempla exenciones específicas a estas medidas. En particular, el artículo 6 del Reglamento (UE) 2017/2063 permite que los Estados miembros, bajo determinadas condiciones, autoricen la entrada o el tránsito de personas sancionadas por razones tales como:
1) Participación en procedimientos judiciales obligatorios o comparecencias ante tribunales internacionales, como la Corte Penal Internacional (CPI) o la Corte Internacional de Justicia (CIJ).
2) Necesidades humanitarias urgentes, incluyendo razones médicas.
3) Interés nacional de un Estado miembro o interés de la Unión Europea, por ejemplo, para facilitar el diálogo político, procesos de paz o cooperación con organismos internacionales.
Estas autorizaciones no constituyen visas ordinarias, sino autorizaciones excepcionales de entrada condicionada, emitidas de manera puntual, restringidas en tiempo, lugar y propósito. Generalmente, el Estado miembro receptor —en este caso, Países Bajos, donde se encuentra la sede de la CPI— eleva la solicitud al Consejo de la UE, el cual la evalúa en el marco del grupo de trabajo correspondiente (por ejemplo, RELEX). La autorización requiere consenso entre los Estados miembros y su otorgamiento no modifica ni suspende el régimen sancionatorio aplicable.
En resumen, la presencia de Delcy Rodríguez en La Haya fue posible mediante una excepción legal prevista en el régimen sancionatorio europeo, habilitada únicamente para fines específicos y bajo condiciones estrictamente delimitadas.
El encuentro se produce en un momento de creciente atención internacional sobre la situación de derechos humanos en Venezuela, y en medio de un debate sobre la efectividad de los mecanismos internacionales de justicia frente a sanciones y violaciones sistemáticas.