El texto no prosperó: obtuvo cuatro votos a favor (Argelia, China, Pakistán y Rusia), nueve en contra (Dinamarca, Francia, Grecia, Panamá, Sierra Leona, Eslovenia, Somalia, Reino Unido y Estados Unidos) y dos abstenciones (Guyana y la propia Corea del Sur). Fotografía: UN PHOTO
Guacamaya, 19 de septiembre de 2025. El Consejo de Seguridad de la ONU votó este 19 de septiembre un proyecto de resolución presentado por la República de Corea, en su calidad de presidenta del órgano, que buscaba continuar el alivio de sanciones impuestas a Irán bajo el Plan de Acción Integral Conjunto (PAIC) de 2015. El texto no prosperó: obtuvo cuatro votos a favor (Argelia, China, Pakistán y Rusia), nueve en contra (Dinamarca, Francia, Grecia, Panamá, Sierra Leona, Eslovenia, Somalia, Reino Unido y Estados Unidos) y dos abstenciones (Guyana y la propia Corea del Sur).
La derrota del borrador implica que, salvo un nuevo acuerdo, se reimpondrán automáticamente sanciones de la ONU a Teherán al finalizar el plazo de 30 días, el 28 de septiembre.
De las negociaciones fallidas al regreso de la “máxima presión”
Estados Unidos e Irán intentaron retomar conversaciones indirectas para restablecer el acuerdo nuclear, pero estas fracasaron en 2022. Con el tiempo fueron expirando restricciones previstas en el PAIC, incluida la relativa al programa de misiles iraní en octubre de 2023, conocido como el “día de la transición”. No obstante, los países europeos mantuvieron sus sanciones nacionales, alegando que Teherán seguía sin cumplir sus compromisos.
El retorno de Donald Trump a la Casa Blanca en enero de 2025 recrudeció el escenario: Washington reactivó su política de “máxima presión” contra Irán, incluso mientras mantenía conversaciones bilaterales para explorar un nuevo acuerdo.
En junio, la Junta de Gobernadores del Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA) adoptó una resolución que declaraba a Irán en incumplimiento de sus obligaciones de salvaguardias en virtud del Tratado de No Proliferación Nuclear (TNP). Semanas más tarde, ataques israelíes y estadounidenses golpearon instalaciones nucleares iraníes. En respuesta, el parlamento de Irán aprobó una ley que suspendió la cooperación con el OIEA, privando al organismo de acceso a sus instalaciones.
El pulso entre el E3 y Teherán
Funcionarios europeos advirtieron que la falta de vigilancia, unida a las reservas de uranio altamente enriquecido cuyo paradero se desconoce tras los ataques, plantea un grave riesgo de proliferación. El E3 (Francia, Alemania y Reino Unido) amenazó con activar el mecanismo de reimplantación de sanciones a finales de agosto, garantizando que el proceso concluya en octubre, justo cuando Rusia —aliado de Irán— asumirá la presidencia del Consejo de Seguridad.
Irán rechazó de plano la advertencia. En una carta del 20 de julio, el ministro de Exteriores Abbas Araghchi sostuvo que los europeos habían perdido su condición de participantes del PAIC por “violaciones flagrantes” de sus propios compromisos, lo que invalidaría cualquier reactivación. Teherán argumenta que nunca recibió los beneficios económicos prometidos tras la retirada de EE. UU. y acusa a los europeos de alinearse con Washington al mantener sanciones nacionales y respaldar resoluciones críticas en el OIEA. Funcionarios iraníes incluso advirtieron que, de activarse la reimplantación, podrían abandonar el TNP.
China y Rusia respaldaron estas objeciones, con Moscú alegando que el E3 no agotó previamente el proceso de gestión de riesgos de desastre (DRM) requerido. Analistas señalan que, de imponerse nuevas sanciones, Pekín y Moscú podrían cuestionar la reconstitución del extinto Comité de Sanciones 1737 y la designación de un grupo de expertos, trabando así su implementación.
Negociaciones de última momento
La diplomacia europea se intensificó en septiembre. El 17, los ministros de Exteriores del E3 y la Alta Representante de la UE, Kaja Kallas, mantuvieron una llamada con Araghchi. Según fuentes, la consulta no produjo avances. Poco después, el Ministerio de Exteriores alemán afirmó que Irán “aún no ha tomado medidas razonables y precisas” para lograr una prórroga de la resolución 2231, reiterando su “determinación de avanzar con la reimposición de sanciones si no se toman medidas concretas en los próximos días”.
Como presidenta del Consejo, Corea del Sur programó entonces la votación para la mañana siguiente. El cálculo previo apuntaba a que al menos tres países —China, Rusia y Pakistán— votarían a favor, mientras que ocho —Dinamarca, Francia, Grecia, Panamá, Corea del Sur, Eslovenia, Reino Unido y Estados Unidos— lo rechazarían, bien con voto negativo o abstención. Si el texto hubiese logrado nueve apoyos, se esperaba un veto de Washington.
En paralelo, China y Rusia pusieron “en azul” el 28 de agosto un borrador alternativo que extendería la vigencia del PAIC y la resolución 2231 por seis meses, hasta el 18 de abril de 2026.
Reacciones inmediatas
Tras la votación de este viernes, el embajador iraní ante la ONU, Amir Saeid Iravani, calificó la decisión como “apresurada, innecesaria e ilegal”. Teherán, dijo, “no reconoce ninguna obligación de implementarla”, denunciando una “política de coerción”.
El ministro de Exteriores de Israel, Gideon Saar, celebró en cambio el resultado, argumentando que el programa nuclear iraní “no tiene fines pacíficos” y que el objetivo internacional debe seguir siendo “impedir que Irán adquiera capacidades nucleares”. “Un Irán con armas nucleares significaría que el régimen más peligroso poseería el arma más peligrosa”, advirtió, “socavando dramáticamente la estabilidad y la seguridad globales”.
El papel del OIEA y un nuevo acuerdo pendiente
A principios de julio, Irán suspendió su colaboración con el OIEA tras los ataques israelíes y estadounidenses contra sus instalaciones nucleares iniciados el 12 de junio. Sin embargo, la semana pasada alcanzó un acuerdo con la agencia para reiniciar la cooperación. Este pacto prevé que Irán presente un informe sobre el estado de las instalaciones atacadas y abra negociaciones para organizar futuras inspecciones sobre el terreno.
A finales de agosto, el líder supremo de Irán, Ali Khamenei, dejó claro el tono del momento: el conflicto con Estados Unidos es “insoluble”. Según afirmó, Washington no busca un entendimiento genuino, sino un Irán “obediente”, algo que el pueblo iraní resistirá “con todas sus fuerzas”.
En ese contexto, sectores reformistas intentaron una jugada arriesgada hace meses con su propuesta de “Reconciliación Nacional”: liberar presos políticos, reformar los medios estatales, restaurar la confianza pública e incluso suspender el enriquecimiento de uranio a cambio de un levantamiento total de sanciones.
El resultado fue devastador. Los sectores de línea dura tacharon la propuesta de “traición” y la equipararon con una rendición ante Netanyahu y Trump. Más llamativo aún fue que muchos reformistas —e incluso el propio gobierno de Masoud Pezeshkian— se desmarcaran rápidamente, alineándose con las críticas de los sectores más radicales.
La lección que varios reformistas transmiten es clara: Washington no ofrece salidas creíbles ni tampoco incentivos. Incluso una capitulación plena ante los deseos occidentales no garantizaría a Irán protección contra nuevas presiones o situaciones que amenazan la permanencia en el poder de su élite actual. De ahí que crezca la convicción de que, si Teherán quiere inversiones serias y garantías de seguridad, debe mostrar coherencia estratégica con Pekín.
Un elemento importante que no puede pasar desapercibido en el extranjero es la figura de Ali Larijani, quien asume como secretario del Consejo Supremo de Seguridad Nacional al mismo tiempo que se crea un nuevo Consejo de Defensa, el primero desde la guerra Irán-Irak.
Estos movimientos apuntan a un rediseño de largo plazo de la arquitectura de poder, no solo a una gestión inmediata de la crisis nuclear y las tensiones con la UE, Estados Unidos, Israel y sus aliados.
En la reciente cumbre de la Organización de Cooperación de Shanghái, el presidente Pezeshkian abrazó la agenda multipolar de China y propuso el puerto de Chabahar como centro logístico para los intereses de Pekín.
Xi Jinping respondió con un fuerte respaldo: reafirmó el derecho iraní a la energía nuclear y, junto a Rusia, condenó los ataques israelíes y estadounidenses. Además, ambos países se comprometieron a una “máxima implementación” del acuerdo de cooperación a 25 años.
Durante años, Irán trató a China como un recurso de respaldo, inclinándose hacia Pekín solo cuando fracasaban las expectativas de acuerdos con Occidente. Ejemplo de ello fue el paquete económico prometido por Xi en 2016, que nunca se concretó porque Teherán apostaba entonces por Europa y EE. UU.
Hoy, la situación es distinta. Incluso los reformistas coinciden en que el anclaje en China es inevitable como lo han señalado diversos expertos que estudian la situación interna de Irán con detenimiento. Ya no se trata de un juego táctico para ganar margen frente a Occidente, sino de una orientación estratégica cada vez más determinada.
La presión creciente —sanciones, mecanismos de reimposición en la ONU, ataques militares y amenazas de guerra— podría terminar consolidando justo lo que EE. UU. busca evitar: un eje Teherán–Pekín aún más estrecho y duradero.
Lo que alguna vez fue una política de “máxima presión” con objetivos de contención, corre el riesgo de acelerar un giro geopolítico de consecuencias estructurales en Oriente Próximo y Asia Central. Ya lo hemos visto con otros casos con el de Rusia y la República Popular Democrática de Corea, países con lo que Irán también ha aumentado la cooperación.
El caso iraní muestra un patrón claro: la presión máxima de EE.UU. y la falta de “puentes de salida” realistas empujan a los regímenes sancionados hacia un reacomodo estratégico en el que China y en menor medida Rusia dejan de ser aliados tácticos para convertirse en anclas estructurales para las élites de poder. En ese sentido, aumenta la dependencia geopolitica pero también contribuya a la consolidación de un eje de países sancionados que hacen cada vez más efectiva la evasión de esas medidas y socava régimenes de sanciones multilaterales como el de Corea del Norte impuesto por el Consejo de Seguridad de la ONU.
La creación de nuevos consejos de defensa en Irán refleja cómo el cerco internacional reordena las élites. En Venezuela, la militarización de la política y la ampliación de acuerdos militares con Rusia e Irán tienen un efecto equivalente: consolidar un núcleo de poder cohesionado que percibe la presión externa como existencial.
La gran lección para Venezuela es que las sanciones no necesariamente promueven aperturas internas, sino que consolidan la dependencia con potencias rivales de Occidente, convirtiendo a China en el garante de estabilidad económica y política a largo plazo, en el caso venezolano es el principal comprador de petróleo en un país monoproductor como Venezuela. Adicionalmente resta influencia a los sectores reformistas en los círculos de poder y disminuye la confianza entre actores para alcanzar acuerdos y respetar garantías.
