La Comisión Europea estará prorrogando las medidas restrictivas contra 69 individuos, principalmente funcionarios del Gobierno venezolano. Fotografía: Zona de prensa de la Comisión Europea.
Guacamaya, 15 de diciembre de 2025. Bruselas mantendrá las medidas restrictivas hasta enero de 2027, mientras el Gobierno venezolano denuncia una política “ilegal” y “contraria al Derecho Internacional”.
La Unión Europea decidió prorrogar por un año más, hasta el 10 de enero de 2027, las medidas restrictivas vigentes contra Venezuela, al considerar que persisten acciones que socavan la democracia y el Estado de derecho, así como violaciones de derechos humanos y prácticas de represión contra la sociedad civil y la oposición política. La decisión del Consejo se adopta, además, a la luz de los acontecimientos relacionados con las elecciones presidenciales del 28 de julio de 2024 y su desarrollo posterior.
Actualmente, 69 personas figuran en la lista de sancionados por la UE. Estas medidas incluyen la congelación de activos y la prohibición de poner a su disposición fondos o recursos económicos, de manera directa o indirecta, así como restricciones de viaje dentro del territorio europeo.
Las sanciones europeas contra Venezuela fueron introducidas en noviembre de 2017 y comprenden un embargo de armas y de equipos susceptibles de ser utilizados para lo que el bloque denuncia como represión interna, junto con sanciones individuales dirigidas a personas y entidades señaladas y consideradas como responsables de violaciones de derechos humanos o de socavar la democracia y el Estado de derecho.
Según ha reiterado la UE en declaraciones oficiales, incluida una del 10 de enero de 2025, el objetivo de estas medidas es respaldar una solución negociada y democrática a la crisis venezolana. Bruselas sostiene que no ha adoptado sanciones que afecten directamente a la población ni a la economía del país, y subraya que el levantamiento de las restricciones dependerá de avances tangibles en materia de derechos humanos, Estado de derecho, diálogo genuino y transición democrática.
La prórroga fue recibida con un rechazo frontal por parte del Gobierno venezolano. En un comunicado oficial, la Cancillería calificó las sanciones como “ilegítimas, ilegales y contrarias al Derecho Internacional”, al considerar que vulneran los principios y propósitos consagrados en la Carta de las Naciones Unidas.
El texto sostiene que la política de medidas coercitivas unilaterales adoptada por el bloque europeo carece de fundamento jurídico y responde a una lógica de confrontación que, a juicio de Caracas, resulta improductiva. Según el comunicado, los dirigentes europeos “han optado, lamentablemente, por acelerar su propia decadencia política”, al insistir en lo que describen como una “línea de hostilidad estéril” contra Venezuela.
La Cancillería venezolana también cuestiona la coherencia y la autonomía de la política exterior europea, afirmando que esta se encuentra “carente de autonomía y supeditada a intereses ajenos a los pueblos que dicen representar”, lo que —según el Gobierno— debilita la credibilidad de la Unión Europea como actor internacional.
Asimismo, el comunicado asegura que, tras años de aplicación, el régimen de sanciones “ha demostrado ser un rotundo fracaso”, al haber deteriorado de forma significativa las relaciones políticas y diplomáticas. En ese contexto, Venezuela sostiene que estas medidas confirman la “irrelevancia creciente de la Unión Europea como actor internacional capaz de actuar con independencia, racionalidad y respeto hacia los Estados soberanos”.
Con esta nueva prórroga, la UE reafirma su estrategia de presión selectiva, mientras que Caracas mantiene su denuncia contra lo que considera una política de sanciones sin legitimidad jurídica ni eficacia política, profundizando así el distanciamiento entre ambas partes.
Las sanciones individuales de la Unión Europea se enmarcan en la Política Exterior y de Seguridad Común (PESC) y constituyen uno de los principales instrumentos de presión diplomática del bloque. A diferencia de los embargos económicos amplios que tienen consecuencias Humanitarias , estas medidas no se dirigen formalmente contra Estados ni contra sectores enteros de la economía, sino contra personas físicas y jurídicas específicas a las que la UE atribuye responsabilidad directa en violaciones graves de derechos humanos, en el debilitamiento de procesos democráticos o en el socavamiento del Estado de derecho.
Además del caso venezolano, la Unión Europea ha recurrido de forma sistemática a este mecanismo en otros escenarios de alta tensión política y geopolítica. Regímenes de sanciones individuales similares se aplican actualmente contra Rusia, en respuesta a la guerra de Ucrania; Bielorrusia, por lo que el bloque europeo califica de “represión interna y el desconocimiento de procesos electorales”; Irán, por lo que considera violaciones de derechos humanos y su programa nuclear; y Myanmar, tras el golpe militar y lo que la comunidad europea ha denunciado como persecución de la oposición y minorías étnicas.
La UE mantiene sanciones individuales contra funcionarios y entidades de países como Corea del Norte, Libia, Sudán, Zimbabue y Nicaragua, entre otros. En todos estos casos, Bruselas sostiene que el objetivo es modificar el comportamiento de las élites gobernantes, promover salidas políticas negociadas y defender normas internacionales básicas, evitando un impacto directo sobre la población civil. Sin embargo, la eficacia real de estas sanciones y sus efectos indirectos —incluido su impacto en dinámicas políticas internas y en las relaciones diplomáticas— siguen siendo objeto de debate tanto dentro de la propia Unión Europea como entre académicos, organizaciones internacionales y los Estados afectados.
