Decly Rodríguez, presidente encargada de Venezuela junto a la Ley de Simplificación de Trámites, aprobada por la Asamblea Nacional, anunció un conjunto de medidas que podrían marcar un viraje importante en el modelo económico venezolano. Fotografía: Canal de Telegram de Delcy Rodríguez.
Guacamaya, 9 de abril de 2026. En un extenso balance dirigido a la nación, la presidenta encargada detalló la hoja de ruta para la recuperación del ingreso, la gestión de activos estatales y la estabilización del mercado cambiario tras la captura de Nicolás Maduro el pasado enero, proponiendo grandes cambios en la economía.
Un antecedente clave de reformas económicas con énfasis en el sector privado e intento de abandono del estatismo rentista en la historia venezolana es el “Gran Viraje” impulsado por Carlos Andrés Pérez como un intento de desmontar el modelo rentista mediante reformas de mercado que incluyeron liberalización de precios, reducción de subsidios y apertura al capital privado, en medio de una profunda crisis económica. Sin embargo, su impacto social inmediato derivó en el estallido del Caracazo, marcando una huella ambivalente en la memoria del país. Hoy, aunque el contexto es distinto y las medidas no son idénticas, el debate sobre nuevas reformas y mayor participación del sector privado vuelve a evocar ese antecedente como referencia inevitable frente a un posible reordenamiento del tradicional modelo económico venezolano.
Incremento salarial y sostenibilidad financiera
La presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, anunció este miércoles que a partir del próximo 1 de mayo se aplicará un nuevo incremento salarial en el país. Aunque no detalló el monto exacto ni especificó si el ajuste recaerá sobre el salario mínimo —el cual permanece congelado desde marzo de 2022— o sobre otros bonos e ingresos integrales, enfatizó que la medida se tomará bajo criterios de responsabilidad fiscal.
“Anuncio que el primero de mayo haremos un incremento responsable. Conforme Venezuela goce de más recursos que permitan la sostenibilidad de la mejora salarial, seguiremos avanzando por ese camino”, afirmó Rodríguez durante su alocución transmitida por la televisora estatal VTV.
La mandataria subrayó la importancia de no incurrir en políticas del pasado que derivaron en espirales inflacionarias. Al respecto, advirtió: “Lo que no podemos repetir es el error que cometimos en el pasado. No puede haber ningún incremento del ingreso de los trabajadores desprovisto de fuentes de financiamiento”.
Diálogo laboral y movilización contra las sanciones
En respuesta a las recientes protestas de trabajadores que exigen mejoras en sus condiciones de vida, Rodríguez anunció la instalación de una Comisión de Diálogo Laboral. Esta instancia contará con la participación del Estado, el sector económico privado, trabajadores activos y pensionados.
Asimismo, la presidenta encargada hizo una convocatoria nacional a todos los sectores —políticos, sociales y económicos— para participar en una “peregrinación nacional” que iniciará el domingo 19 de abril y culminará el 1 de mayo en Caracas. El objetivo central de esta movilización es exigir el levantamiento de las medidas coercitivas internacionales.
“Todos los sectores económicos, políticos, sociales unamos nuestras voces en un solo clamor: el fin del bloqueo económico contra Venezuela, cesen las sanciones”, señaló.
Destino de los recursos y nueva institucionalidad
Este anuncio se produce tres meses después del operativo militar estadounidense del 3 de enero, fecha en la que fueron capturados Nicolás Maduro y Cilia Flores, momento a partir del cual Rodríguez asumió las riendas del gobierno. En este nuevo contexto, la mandataria aseguró que la prioridad será la rehabilitación de servicios básicos e inversión productiva.
“La recuperación de activos y recursos bloqueados que son del pueblo de Venezuela se destinarán a rehabilitar nuestra infraestructura básica (electricidad, agua, vialidad, escuelas, hospitales) e inversión productiva que garantice ingresos suficientes para mejores pensiones e ingresos de los trabajadores”, explicó.
Rodríguez también planteó la necesidad de modernizar la estructura gubernamental, haciendo un llamado especial a los jóvenes que han abandonado el país: “Debemos construir una nueva institucionalidad del Estado: un Estado digital, transparente, moderno, eficiente y profesional. Convoco a los jóvenes a incorporarse a este esfuerzo, e invito a los que migraron buscando mejores opciones de vida”.
Gestión de activos del Estado y sector hidrocarburos
Una de las medidas más relevantes es la creación de una comisión para determinar la “naturaleza estratégica o no de los activos del Estado”. Esta instancia, conformada por el gobierno, el sector privado y el “poder popular”, parece abrir la puerta a la transferencia de activos no estratégicos a inversionistas privados para dinamizar la economía.
Sin embargo, Rodríguez fue tajante al excluir a la industria petrolera de este proceso de privatización, señalando que este sector se rige por su reciente reforma legal.
“Quienes aspiran a transferir este sector a poderes extranacionales, sencillamente están equivocados y se encontrarán con la fortaleza de un pueblo decidido a defender sus recursos estratégicos”, sentenció.
Reformas tributarias y simplificación de trámites
La presidenta encargada informó sobre la instalación de un Consejo Nacional de Economía con el fin de diseñar un nuevo sistema impositivo. “Espero que de este Consejo Nacional de Economía pueda salir un nuevo modelo tributario de consenso entre todos los sectores económicos del país”, recalcó, buscando que el sistema sea más eficiente y competitivo.
En sintonía con esto, promulgó la Ley de Simplificación de Trámites, aprobada por la Asamblea Nacional, asegurando que utilizará todas las facultades legales para facilitar la actividad económica y eliminar trabas burocráticas.
El mercado inmobiliario y el registro de saberes
Para abordar el déficit habitacional y el fenómeno de las viviendas desocupadas debido a la migración, Rodríguez solicitó una reforma legal para colocar en el mercado aproximadamente 500.000 viviendas que se encuentran “congeladas”.
“Yo pido que estas viviendas se pongan a disposición del mercado para que se les brinde la garantía del Estado venezolano para que esos inmuebles puedan estar a disposición de los jóvenes de nuestra patria, de quienes han formado una familia y no pueden comprar un inmueble”.
Adicionalmente, anunció la creación de un registro de saberes y profesiones para jóvenes, pensionados y migrantes, que funcionará como una base de datos para profesionalizar el Estado y cubrir las vacantes que surjan de las nuevas inversiones.
Balance de recuperación y cifras económicas
Rodríguez defendió que la recuperación económica lleva cinco años en marcha, liderando el crecimiento del PIB en la región durante los últimos cuatro ejercicios. Presentó una cronología del ingreso mínimo integral:
- Octubre 2021: $30 mensuales.
- Mayo 2023: $45 mensuales.
- Enero 2024: $104 mensuales.
- Mayo 2025: $161 mensuales.
- Marzo 2026: $190 mensuales.
A esto sumó lo que denominó “ingreso no monetario” o subsidios directos (agua, luz, gasolina y CLAP), que según sus cálculos alcanzan un valor de $189 mensuales adicionales.
A pesar de estos avances, reconoció que el PIB de 2025 representa apenas el 36% de lo que fue en 2012. “Entre el año 2022 y 2025 los ingresos prácticamente alcanzaron un monto acumulado equivalente al del año 2012”, comparó, pidiendo a la población “prudencia, conciencia y paciencia”.
Intervención cambiaria y estabilidad del Bolívar
En paralelo a estos anuncios, se conoció a través de la agencia Bloomberg que el gobierno ha intensificado su intervención en el mercado cambiario para frenar la depreciación del bolívar. Desde el 31 de marzo, las autoridades han vendido cerca de 330 millones de dólares al sector privado mediante intervenciones directas.
Esta medida busca contener la inflación tras un inicio de año inestable en las subastas de divisas. Según fuentes citadas, la intervención más reciente se realizó a un tipo de cambio promedio de 660,5 bolívares por euro, una cifra que supera en más de 100 bolívares la tasa de referencia oficial del Banco Central de Venezuela, evidenciando los esfuerzos por cerrar la brecha con el mercado paralelo.
¿Qué significa todo esto?
El conjunto de medidas y anuncios realizados por la presidenta encargada, Delcy Rodríguez, dibuja un viraje significativo en la conducción económica de Venezuela, caracterizado por un pragmatismo que busca estabilizar el país tras el cambio de mando de enero de 2026.
El discurso de Rodríguez marca una ruptura definitiva con la política de incrementos salariales por decreto financiados mediante emisión monetaria, una práctica que alimentó la hiperinflación en años anteriores. Al condicionar los aumentos a la “sostenibilidad” y a “fuentes de financiamiento reales”, el gobierno interino adopta una postura de ortodoxia fiscal. Este enfoque sugiere que el bienestar social ahora está estrictamente atado al desempeño de la industria extractiva (petróleo y minería) y a la capacidad de recaudación, lo que busca generar confianza en los mercados internacionales y frenar la volatilidad de precios.
La creación de la comisión para determinar qué activos del Estado no son estratégicos abre la puerta a una transferencia masiva de propiedades hacia el sector privado. Este movimiento representa un intento de reducir la carga fiscal del Estado y atraer capital fresco para reactivar industrias paralizadas. Sin embargo, el blindaje constitucional y legal sobre el sector de hidrocarburos indica que el Estado no está dispuesto a ceder el control del recurso que genera el mayor flujo de caja, manteniendo la energía como el último bastión de soberanía económica.
La propuesta de reformar el mercado inmobiliario para liberar 500.000 viviendas “congeladas” por la migración es una medida de doble impacto. Por un lado, busca resolver la crisis habitacional de los jóvenes; por otro, intenta dinamizar un sector que ha estado estancado por la inseguridad jurídica. La “garantía del Estado” mencionada por la mandataria será clave: el éxito de esta medida dependerá de si el gobierno puede asegurar a los propietarios (muchos de ellos en el exterior) que sus activos no serán expropiados, sino transados de forma justa. Sin embargo, persisten las reservas y temores ante lo que significan las intervenciones estatales en sectores de la economía.
El gobierno está utilizando una gran cantidad de divisas para “quemarlas” en el mercado y sostener el valor del bolívar. Si bien esto ayuda a contener la inflación a corto plazo, es una estrategia costosa que depende enteramente de que el flujo de ingresos petroleros se mantenga constante. El diferencial de más de 100 bolívares entre la tasa oficial y la de intervención sugiere que la presión devaluacionista sigue siendo un enemigo latente.
La insistencia en el levantamiento de las sanciones y la movilización nacional hacia el 1 de mayo vinculan la mejora de la calidad de vida directamente con la presión externa. Al convocar a migrantes y jóvenes a un “Estado digital y moderno”, Rodríguez intenta proyectar una imagen de normalización institucional tras la captura de Nicolás Maduro. El éxito de este “nuevo modelo” dependerá, en última instancia, de si estos cambios económicos son percibidos como reformas estructurales profundas o simplemente como medidas de emergencia para navegar la reforma política actual.
