Delcy Rodríguez anunció el lunes que Nicolás Maduro ya había decretado el “estado de conmoción exterior” ante el cuerpo diplomático acreditado en Venezuela. Fotografía: Asamblea Nacional.
Guacamaya, 29 de septiembre de 2025. Durante un evento con el cuerpo diplomático, la vicepresidenta ejecutiva Delcy Rodríguez anunció que el presidente Nicolás Maduro ya firmó el estado de conmoción exterior.
Este tipo de estado de excepción, en caso de conflicto, permite la restricción de manera temporal varias garantías constitucionales. Sin embargo, la Constitución también especifica derechos que no pueden ser suspendidos, como el derecho a la vida, al debido proceso y al acceso a la información, así como la prohibición de tortura.
La vicepresidenta añadió que este estado de conmoción exterior solo se activará en caso de un ataque militar por parte de Estados Unidos.
Maduro firmó el decreto el domingo, durante una reunión del Consejo de Estado de la Nación. La decisión se debió a la amenazante presencia de las fuerzas armadas de Estados Unidos en el Caribe, cerca de las costas de Venezuela.
La vicepresidenta hizo la declaración durante el encuentro del Consejo Nacional por la Soberanía y la Paz con el cuerpo diplomático acreditado en Venezuela, en el hotel Meliá de Caracas. El evento fue liderado por el presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Rodríguez.
Maduro ha recurrido a medidas excepcionales en sesenta ocasiones entre 2015 y 2021, principalmente respondiendo a los episodios de protestas, conflictividad social y colapso de la economía. En abril de 2025, volvió a decretar la emergencia económica amparándose en el recrudecimiento de las sanciones y la guerra arancelaria del presidente estadounidense Donald Trump.
Varios expertos legales han comentado que, en numerosas ocasiones, se han decretado estados de excepción o emergencia sin que fueran necesarios, por ejemplo para tomar el control de políticas públicas que son competencia del Derecho ordinario, como la exención o recaudación de tributos, estímulos a inversionistas y contrataciones públicas. También han llegado a vulnerar el principio de la separación del poder, por ejemplo al despojar a estados y municipios de parte de sus ingresos en favor del Ejecutivo.
