La instancia judicial, con sede en New Orleans, bloquea la aplicación de la norma para acelerar la expulsión de migrantes en los estados de Louisiana, Misisipi y Texas. Fotografía: Billy Metcalf Photography
Guacamaya, 3 de septiembre de 2025. La Corte de Apelaciones del Quinto Circuito bloqueó al gobierno de Donald Trump el uso de la Ley de Enemigos Extranjeros para acelerar la deportación de migrantes venezolanos. La norma, promulgada en 1798 durante tiempos de guerra, había sido utilizada para un procedimiento de expulsión inmediata de migrantes acusados de pertenecer a la pandilla venezolana “Tren de Aragua”.
El tribunal federal, con jurisdicción sobre las apelaciones de las cortes distritales de Louisiana, Misisipi y Texas, dictaminó por mayoría de 2 votos contra 1 que no existen fundamentos legales para aplicar esta ley histórica. La jueza Leslie Southwick, junto con la jueza Irma Carrillo Ramírez, argumentaron que la acción violaba el debido proceso que debe garantizarse antes de cualquier deportación.
«Concluimos que no hay evidencia que respalde que haya ocurrido una invasión o una incursión depredadora. Por lo tanto, consideramos que los peticionarios probablemente demostrarán que la Ley de Enemigos Extranjeros fue invocada de manera indebida», escribió Southwick en el fallo. De esta manera, queda impedida la invocación de la norma en los estados del circuito judicial.
En marzo de 2025, Trump recurrió al remoto instrumento legal para proceder con la expulsión de más de 200 migrantes venezolanos hacia una prisión de máxima seguridad en El Salvador. A pesar de que muchos de ellos no tenían antecedentes penales, fueron acusados sin pruebas de integrar la banda criminal Tren de Aragua, lo que abrió el debate sobre la legalidad y la proporcionalidad de la decisión.
El abogado Lee Gelernt, representante de la Unión Estadounidense de Libertades Civiles (ACLU), celebró la decisión del tribunal al señalar que la medida de Trump «era improcedente porque viola la intención del Congreso al aprobarla». «Esta es una decisión crucial que defiende el estado de derecho y limita el intento del Gobierno de militarizar la inmigración», agregó Gelernt.
Lo más seguro es que el caso siga su curso en instancias superiores, con apelación en el Quinto Circuito en pleno, o directamente ante la Corte Suprema, que sea probablemente la instancia que tome la decisión final. Aunque el fallo impide el uso de la Ley de Enemigos Extranjeros en casos de deportación de venezolanos, no quita la posibilidad de que el gobierno utilice otros recursos legales contra ellos.
