El sistema educativo venezolano, al inicio del receso navideño, muestra una opacidad y falta de respuestas ante un complejo contexto que amenaza la continuidad y calidad del derecho a la educación en el país. Fotografía: GlobalStock | iStock.
Guacamaya, 14 de diciembre de 2025. Este viernes 12 de diciembre culminó el primer momento pedagógico del año escolar 2025-2026 en Venezuela y se dio inicio así a las vacaciones navideñas que se extenderán por un mes, hasta el 12 de enero de 2026. Este receso llega en un contexto en el que aún se manienen expectativas y preocupaciones sobre los avances y retos que marcaron el inicio del año escolar.
Hace un mes, el pasado 6 de noviembre, en reunión virtual con directores estadales, el ministro de Educación, Héctor Rodríguez, reportó avances en la revisión de este primer lapso académico. Si bien en esa oportunidad destacó el progreso en variados e importantes aspectos, publicamente no se ampliaron detalles al respecto, lo que ha dejado la puerta abierta a muchas dudas.
Entre las mejoras mencionadas se subrayó avances en la matrícula estudiantil, el tiempo escolar, los programas educativos, la logística del Programa de Alimentación Escolar (PAE), la infraestructura educativa y los procesos de dirección en los planteles. Al no precisarse cifras y datos actualizados, se desconoce si los citados avances han cumplido con las metas fijadas al inicio del año escolar.
Pese a mantener abiertas las inscripciones durante el desarrollo del lapso, el gobierno venezolano apenas cumplió con una porción limitada de su meta de reincorporaciones en matrícula estudiantil. Con un registro de 110 mil reintegros de 500 mil fijados antes del inicio del año escolar, y sin cifras actualizadas, se encuentra lejos de revertir la exclusión de 3.9 millones reportada por la Encovi 2024.
Uno de los pocos avances se ha dado en materia de la regulación de las tareas escolares. Días atrás, el ministro Rodríguez, anunció la puesta en marcha de esta propuesta, cuya discusión inició en octubre con la instalación de una comisión evaluadora. La aplicación de la normativa, aún desconocida, busca «priorizar la calidad del aprendizaje y garantizar el derecho al tiempo libre».
Tras la planificación e integración que caracterizan a este primer periodo, al calendario académico le restán aún dos lapsos enfocados, respectivamente, en la transformación educativa y en el cierre de proyectos de aprendizaje. Estos servirán tanto para evaluar la regulación propuesta, si se aplica, así como otros aspectos que ponen bajo la lupa la continuidad y calidad del derecho a la educación en el país.
Los niños y jóvenes fuera del sistema escolar
Uno de los problemas más críticos en los últimos años es la alta cantidad de niños y jóvenes fuera del sistema educativo. La última Encuesta Nacional de Condiciones de Vida (Encovi), correspondiente al año 2024, reflejó que aproximadamente 3.9 millones de venezolanos en edad escolar no están inscritos ni asisten a las aulas. Esto equivale a una tasa de escolaridad que apenas supera el 70 %.
Indirectamente, el ministerio de Educación reconoció esta situación y desde el cierre del año escolar anterior inició un despliegue para reincorporar a estas personas. Para el año escolar 2025-2026, el Gobierno nacional, en voz del propio presidente Nicolás Maduro, se fijó una meta de 100 % escolaridad y se planteó la incorporación de más de 500 mil estudiantes, según el viceministerio de Instalaciones y Logística.
No obstante, el propio ministro Rodríguez informó la incorporación de 110.000 estudiantes al inicio de clases 2025, muy lejos de la población excluída según la Encovi 2024, y de la propia meta fijada por el Gobierno. Aunque Maduro ratificó la meta de 100 % escolaridad para el 2025-2026 y el Ministerio anunció avances en esta materia, tras el primer lapso, se desconocen cifras actuales sobre la matrícula.
La exclusión de las personas en edad escolar está ligada a la pobreza estructural que limita el acceso por falta de recursos básicos. Por ello el Gobierno hizo énfasis en permitir la incripción, pese a las condiciones. «Si el niño no tiene zapatos, no tiene uniforme, que no tiene los útiles, se lo damos, pero no podemos dejar ningún niño sin incribir», dijo Rodríguez en su momento.
Las condiciones de las escuelas: el PAE y la infraestructura
En consonancia con lo anterior, la alimentación no deja de ser un asunto esencial en la integridad y prosecución de las actividades escolares. De este modo, el Programa de Alimentación Escolar (PAE), representa una de las políticas sociales más relevantes dentro del sistema educativo, orientada a garantizar la nutrición básica de los estudiantes para mejorar su rendimiento y permanencia.
Por un lado, durante el año escolar 2024-2025 el Gobierno reportó un incremento del 36 % en la distribución de alimentos en las escuelas, además de destacar una mejor calidad nutricional con más proteínas, frutas, verduras y hortalizas. Aunque en noviembre el Ministerio de Educación reportó mayores avances en la logística del PAE, aún se desconoce el alcance real de este anuncio.
En contraste, organizaciones sociales han señalado que la distribución del PAE es irregular en muchas regiones y que no siempre llega a todos los planteles. La situación, desde luego afecta la asistencia y concentración de los estudiantes, elementos claves para su permanencia. «Una de las cosas que debería hacer el gobierno es garantizar la continuidad», expresa Fenasopadres al respecto.
En relación a la infraestructura la falta de inversión sostenida ha generado un deterioro progresivo. En julio pasado se reportó la cantidad de unas 900 escuelas intervenidas con rehabilitaciones, pero aún permanecen centros con daños graves y muchas reparaciones son insuficientes. Además, las comunidades deben responsabilizarse de la supervisión para garantizar que los trabajos perduren.
Para atender estos aspectos el sistema educativo venezolano requiere una inversión multimillonaria. En una conferencia en abril, los profesores y expertos Luisa Pernalete, Carlos Calatrava y Jaime Manzo, estimaron que incorporar 3 millones de niños y jóvenes fuera del sistema implica construir alrededor de 18.461 nuevas instituciones educativas y formar cerca de 195.000 nuevos educadores con sueldos dignos.
Para que ello se ponga en marcha se necesita de inversiones entre $6.000 y $13.000 millones al año, según los expertos. Esta meta es un reto estatal y de toda la sociedad civil que exige alianzas público-privadas, cooperación internacional y planes integrales estables. El objetivo es adaptar el sistema educativo a las necesidades de la población escolar y docente y así incentivar la permanencia.
El rendimiento escolar y el perfil del estudiante venezolano
Otro de los indicadores esenciales de una educación de calidad es el rendimiento escolar y esta ha sido una tarea a deber en los últimos años. El último informe del Sistema de Evaluación de Conocimientos en Línea (SECEL) de la Universidad Católica Andrés Bello (UCAB), así lo refleja. Los niveles de conocimiento en áreas clave como matemáticas, y comunicación experimen un deterioro progresivo.
El informe, que estudió el desempeño académico de los estudiantes venezolanos en el período 2023-2024, registró promedios generales que apenas superan los 7,5 puntos sobre 20 en las citadas áreas. La investigación, dirigida a la evaluación de estudiantes de sexto grado de primaria hasta quinto año de bachillerato demostró una tendencia negativa durante los últimos cinco años.
A su vez, en el estudio del SECEL-UCAB se evidenció, aunque leve, una brecha creciente entre las escuelas públicas y privadas. Desde luego estas últimas mantienen mejores estándares educativos debido a mejores recursos y condiciones, mientras que las públicas se enfrentan a la deserción, falta de maestros calificados y limitaciones de infraestructura.
Este asunto es más alarmante si se tiene en cuenta que las escuelas privadas apenas abarcan el 12 % de la población escolar del país, según la Federación Nacional de Sociedades de Padres y Representantes (Fenasopadres). Esto indica que más de 85 % de la demanda estudiantil debe ser satisfecha por el Estado. Esta desigualdad limita las oportunidades de desarrollo para millones de estudiantes.
Por otra parte, con la migración masiva se genera un fenómeno relacionado la particularidad del perfil educativo del éxodo venezolano. La situación, además de generar una inevitable reducción de estudiantes en el país, también propicia una segmentación en el perfil académico del venezolano en el exterior, que afecta la formación de relevo y las expectativas educativas nacionales.
Según un informe del Departamento Administrativo Nacional de Estadística de Colombia (DANE) de 2021, una gran parte de los migrantes venezolanos presenta niveles bajos o inexistentes de educación formal. Sin embargo, hay presencia significativa en la educación técnica y superior en ciertos grupos, lo que indica que las nuevas generaciones migrantes se relacionan con una mayor tasa de deserción.
La crisis del profesorado y limitación del ejercicio docente
Sin duda, un hecho crítico dentro de la ya compleja situación que atraviesa el sistema educativo venezolano es el déficit del profesorado. El Programa Venezolano de Educación-Acción en Derechos Humanos (Provea) reportó en septiembre pasado una disminución del 70 % de la formación docente entre 2008 y 2022, con una caída aún más acentuada, de un 80 %, en la tasa de egresos.
En concreto, en 2022 hubo apenas 2.000 graduados en formación docente, en comparación con la cifra de más de 17.000 egresos que se alcanzó en 2008. La tendencia hace suponer que para el 2030, no habrá profesores graduados en el país. Ante este contexto, la ONG Monitor DascaVE alertó sobre la necesidad de unos 250.000 docentes para cubrir el déficit existente.
Un fenómeno que se ha generado a partir de esta realidad es el llamado «envejecimiento» del cuerpo docente y una falta casi total de generación de relevo, sobre todo en áreas científicas y matemáticas. «En la última promoción del Pedagógico de Caracas, por ejemplo, solo se graduó un profesor de matemáticas», expresó a Provea Tulio Ramírez, director del Doctorado en Educación de la UCAB.
En contraste, el Ministerio de Educación celebró un incremento en el interés por estudiar Educación, con mayor matrícula en institutos pedagógicos. De este modo, se reportó un nuevo periodo académico con 56.000 estudiantes en las carreras de formación que atienden todo el subsistema de educación básica, 193.176 educadores en cursos de formación y otros 28.232 que cursan pregrados.
Aunque el gobierno desmiente oficialmente el déficit, la precariedad en condiciones laborales sigue impulsando la migración y la deserción docente. Además de la fuga, muchos maestros en ejercicio también enfrentan limitaciones funcionales, especialmente en horarios y recursos. Las medidas oficiales que obligan a cumplir horarios completos sin garantizar mejoras aún generan dudas y resistencia.
Tras la pandemia y desde 2022, ha sido habitual en muchas escuelas el uso del llamado «horario mosaico», una modalidad de reducción en las horas de clase que responde a la precariedad salarial docente y dificultades logísticas. En 2025 el gobierno decidió eliminar este esquema, y aunque en noviembre pasado se anunció mejoras en el tiempo escolar, la ausencia de datos no permite conocer su alcance.
Al respecto, muchos docentes consideran que sin mejoras salariales y condiciones mínimas de trabajo, simplemente no será viable mantener la asistencia ni la calidad pedagógica. La situación refleja la tensión entre las políticas oficiales y las realidades en el aula. Los conflictos y dudas en torno a estos aspectos siguen acentuando el deterioro del trabajo docente.
Situación de la educación universitaria
Ninguna etapa educativa escapa de la realidad y al hablar de calidad académica, el el nivel universitario no se puede dejar de lado. En este sector, los salarios de los docentes tampoco cubren necesidades básicas y las precarias condiciones laborales también fomentan la migración. Según el Observatorio de Universidades (OBU) los docentes universitarios venezolanos son los más pobres del continente.
En el nivel superior, la autonomía universitaria también enfrenta tensiones políticas y financieras que limitan su funcionamiento. Este año, el Consejo Nacional de Universidades (CNU) decidió eliminar las pruebas de admisión internas en las universidades públicas. La medida despoja a las instituciones no solo de una modalidad que favorece la excelencia sino también de una fuente de financiamiento.
Aunque este tipo de medidas y consecuencia no son exclusivamente un problema académico, si afectan la formación avanzada y la investigación, indispensables para mitigar la crisis educativa con nuevos liderazgos y conocimientos. Desde luego, la presión sobre las instituciones universitarias autónomas limita también su capacidad propia capacidad de respuesta al sistema en crisis.
