El funcionario ha sostenido diversas reuniones con representantes del Estado venezolano, tras el procedimiento iniciado en 2021. Fotografía: Prensa Presidencial
Guacamaya, 20 de agosto de 2025. El fiscal jefe de la Corte Penal Internacional (CPI), Karim Khan, fue apartado oficialmente de la investigación que lleva a cabo la organización sobre presuntos crímenes de lesa humanidad en Venezuela. El funcionario presentó formalmente su solicitud de excusa voluntaria, a petición de la Segunda Sala de Apelaciones hecha a principios de mes, señalado por conflicto de intereses.
Pese a que al fiscal no se le impuso una recusación solicitada, sí había sido instado a preservar la integridad del proceso, así como la confianza de las víctimas, en la investigación denominada Venezuela I. El procedimiento de la CPI, único en su estilo contra un país latinoamericano, busca indagar la presunta violación de derechos humanos y crímenes de lesa humanidad en la nación caribeña.
El señalamiento a Karim Khan se basa en su vínculo con Venkateswari Alagendra, su cuñada, quién pertenece al equipo de abogados contratados por el Estado venezolano para su representación ante la Corte. En su solicitud a la presidencia del ente judicial, el fiscal señaló que “acata plenamente” la decisión, pese a estar “en desacuerdo con el razonamiento” de la Segunda Sala de Apelaciones.
Khan defendió en su postura no haber compartido información confidencial con Alagendra, además de aclarar que la abogada alemana no forma parte de su círculo familiar íntimo. No obstante, la parcialidad generada afectó públicamente la confianza en el proceso, lo que cobró especial relevancia tras la solicitud ante la CPI, de la Fundación Arcadia, con sede en Washington DC, en contra del fiscal en 2024.
El proceso iniciado en 2021 contra el Estado venezolano había sido anunciado por el propio Karim Khan, tras una primera visita al país, poco después de asumir el cargo. El fiscal pisaría tres veces más el territorio venezolano, con la intención, entre diversos motivos, de gestionar la apertura de oficina técnica y abogar por el retorno de la Oficina del Alto Comisionado de Derechos Humanos, expulsada en 2024.
Por lo pronto, como consecuencia inmediata, la investigación quedó bajo responsabilidad del vicefiscal adjunto Mame Mandiaye Niang. El cambio genera incertidumbre, especialmente tras la advertencia de la Oficina de Defensa Pública de las Víctimas de la CPI, sobre las dilataciones que enfrentaría la investigación, aunque expertos y defensores espera se fortalezca la integridad del proceso.
El caso venezolano entró en vigor ante la CPI por primera vez en 2018, con un examen preliminar para la evaluación de posibles crímenes en relación a medidas represivas del Gobierno durante las protestas de 2017. A esto se sumó una solicitud de investigación por varios países de Sudamérica y Canadá para incluir presuntas violaciones a derechos humanos desde 2014.
