El presidente de Globovisión y Seguros La Vitalicia fue acusado de blanquear capitales a raíz de un informe de la policía española en 2019, pero la jueza determinó que no existían pruebas suficientes en su contra. En la imagen, la sede de la Audiencia Nacional en Madrid, España. Fotografía: FDV.
Guacamaya, 16 de septiembre de 2025. Jueces de la Audiencia Nacional española ratificaron el 15 de septiembre el sobreseimiento provisional de las actuaciones contra el empresario venezolano Raúl Gorrín.
La resolución de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional, Sección 4a, desestimó el recurso interpuesto por la acusación popular ejercida por Access Info Europe, que solicitaba continuar la investigación por presuntos delitos de blanqueo de capitales y organización criminal.
El tribunal ratificó los argumentos de la jueza María Tardón, que en junio de 2025 concluyó que la instrucción estaba agotada y que no existen indicios suficientes que justifiquen la continuación del procedimiento, tras 5 años de investigación.
En su auto, la Audiencia Nacional explicó que las diligencias pendientes no afectan al investigado y que prolongar la investigación sin nuevos elementos iría contra el derecho a la presunción de inocencia, y que se trataría de “una suerte de inquisición general incompatible con los principios de intervención mínima y de seguridad jurídica que inspiran el proceso penal en un Estado de Derecho como el que consagra la Constitución Española”.
Con esta resolución, se alzan todas las medidas cautelares adoptadas contra Gorrín y se declara de oficio las costas procesales. No habrá posibilidad para apelar contra esta decisión con un recurso ordinario, aunque se deja abierta la posibilidad de reabrir la causa en caso de que surjan nuevos datos o indicios incriminatorios en el futuro.
Gorrín fue inicialmente imputado en 2019, cuando la Policía Nacional española lo relacionó con la operación de una línea de crédito concedida por una empresa venezolana, Rantor Capital, a la estatal PDVSA.
