Por el Grupo Parlamentario Libertad de la Asamblea Nacional de Venezuela participaron los diputados Antonio Ecarri, Tomás Guanipa, Henrique Capriles Radonski, Pablo Pérez, Amelia Belisario y Luis Florido, además de expertos y representantes de organizaciones de la sociedad civil. Fotografia de Grupo Parlamentario Libertad
Guacamaya, 10 de febrero de 2026. Durante una consulta pública del Grupo Parlamentario Libertad en el Centro de Estudios Políticos y de Gobierno, diputados, expertos y organizaciones civiles debatieron ajustes al proyecto de ley de amnistía, con énfasis en la liberación de presos políticos, la necesidad de garantías judiciales y la protección de los adolescentes.
La diputada por el estado Zulia, Nora Bracho, abrió la jornada recordando la profundidad de la crisis política y social que atraviesa el país. “Hemos vivido momentos sumamente duros y difíciles en nuestro país. Han sido 27 años complejos, marcados por fuertes tensiones y castigos, que incluso han dificultado que podamos comunicarnos entre nosotros, con personas con las que hemos tenido grandes diferencias”, expresó.
Bracho reconoció que esas diferencias persisten. “Seguramente seguirán existiendo, porque tenemos perspectivas distintas de país y visiones diferentes sobre lo político, lo económico y lo social. Sin embargo, creo que en este momento es fundamental que, con gran valentía, hagamos esfuerzos importantes por quienes hoy, todavía, en este instante, se encuentran en prisión”, afirmó.
La parlamentaria insistió en que la discusión debe centrarse en las víctimas de la persecución. “Debemos hacerlo por los presos políticos, por sus familiares, por quienes no pueden darse ese abrazo de familia; y por todos los que están fuera del país y desean retornar, pero tienen sobre sí una espada de Damocles de persecución o de alguna denuncia”, añadió.
El evento fue organizado por el Grupo Parlamentario Libertad de la Asamblea Nacional de Venezuela y se realizó en la sede del Centro de Estudios Políticos y de Gobierno, con la participación de los diputados Antonio Ecarri, Tomás Guanipa, Henrique Capriles Radonski, Pablo Pérez, Amelia Belisario y Luis Florido, además de expertos y representantes de organizaciones de la sociedad civil.
Durante la consulta, el diputado Tomás Guanipa señaló que el país atraviesa un momento decisivo. “Debemos comprender las heridas de los otros, aun cuando su verdad no nos parezca una verdad. Si nos quedamos en los señalamientos, difícilmente encontraremos el camino para que Venezuela recupere la libertad y la democracia”, indicó. Guanipa advirtió sobre el riesgo de perder una nueva oportunidad política: “No volvamos a perder esta oportunidad por querer buscar el todo y terminar quedándonos con la nada”.
Guanipa subrayó que la libertad debe ser el punto de partida. “Quiero para mi país libertad, y que esa libertad nos traiga el progreso y la institucionalidad que merecemos, para luego conseguir la justicia que repare el daño que nos han hecho”, dijo, al tiempo que exigió garantías reales para los liberados. “Que nunca más existan esas puertas aleatorias en las que una persona sale libre y al poco tiempo vuelve a ser encarcelada por falta de garantías”, agregó.
Por su parte, César Ramírez, de la organización Centrados, celebró la iniciativa legislativa y la calificó como una oportunidad para la democratización. “Esta ley abre el camino para que salgan de la cárcel todos los presos que están injustamente privados de libertad. Es la verdadera ley de esperanza para los luchadores sociales”, afirmó. Sin embargo, cuestionó algunos artículos del proyecto. “El artículo primero habla de una amnistía general y plena, pero el artículo sexto introduce diferencias que pueden afectar su alcance”, advirtió.
Ramírez también alertó sobre el rol del sistema judicial. “No se pueden construir límites interpretativos dentro de una amnistía general, porque hay personas detenidas por delitos inventados. El artículo 9 deja en manos de los jueces la libertad de los detenidos, y muchos de esos jueces fueron quienes violaron el debido proceso”, señaló.
Desde el ámbito jurídico, el doctor Arteaga Sánchez afirmó que la viabilidad del proyecto depende de cambios institucionales. “No se puede hablar de amnistía sin hacer referencia a los jueces”, sostuvo, y propuso la designación de jueces especiales. “Es necesario nombrar jueces ad hoc para administrar esta amnistía. El proyecto puede ser viable si esos jueces inspiran absoluta confianza en la sociedad, aun cuando no sean los más versados en derecho”, indicó.
Representantes de CECODAP enfatizaron que la dignidad humana debe ser el eje central de la ley. “El derecho de la persona es, en esencia, la protección integral de la dignidad humana. El respeto a ese derecho debe guiar toda acción del Estado”, señalaron. La organización alertó sobre casos de adolescentes afectados por vulneraciones de derechos, lo que evidencia la brecha entre la norma y la realidad.
CECODAP destacó que, aunque el proyecto reconoce la condición especial de desarrollo de los adolescentes, existen riesgos si se les excluye del análisis. “Extinguir procesos sin acompañamiento psicosocial y educativo genera fracturas y traumas que afectan su futuro”, advirtieron.
También propusieron prohibir expresamente la criminalización de adolescentes en contextos de protesta.
Los participantes coincidieron en que el proyecto de ley presenta avances importantes, pero requiere ajustes para asegurar su legitimidad, eficacia y alcance social. La consulta forma parte de una serie de encuentros impulsados por el Grupo Parlamentario Libertad para recoger aportes técnicos, jurídicos y sociales antes de la discusión definitiva del instrumento legal.
