Francisco Rodríguez es un reconocido economista y académico venezolano. Hoy se desempeña como investigador principal en el CEPR y profesor afiliado en la Universidad de Denver. Fotografía: Arnaldo Espinoza.
Guacamaya, 18 de febrero de 2026. Francisco Rodríguez es investigador principal del Centro de Investigación Económica y Política (CEPR) y profesor afiliado de la Escuela de Estudios Internacionales Josef Korbel de la Universidad de Denver. Originario de Venezuela, es fundador de Petróleo por Venezuela, una organización sin fines de lucro dedicada a encontrar soluciones a la profunda crisis humanitaria que ha vivido el país.
Rodríguez obtuvo su doctorado en economía en la Universidad de Harvard y una licenciatura en economía en la Universidad Católica Andrés Bello en Caracas. Ha impartido docencia en instituciones como la Universidad de Maryland en College Park, el Instituto de Estudios Superiores de Administración (IESA) y la Universidad Wesleyana. En el sector público y en organismos internacionales ha ocupado cargos destacados, entre ellos jefe de la Asesoría Económica y Financiera de la Asamblea Nacional de Venezuela (2000–2004), jefe del Equipo de Investigación de la Oficina del Informe sobre el Desarrollo Humano de las Naciones Unidas (2008–2011) y economista jefe para la región andina del Bank of America (2011–2016). Además, ha sido profesor visitante en el Centro Stone de Estudios Latinoamericanos de la Universidad de Tulane, investigador visitante en el Instituto Kellogg de Estudios Internacionales de la Universidad de Notre Dame y becario en economía internacional del Council on Foreign Relations.
Rodríguez es autor de cuatro libros y más de sesenta artículos de investigación en revistas arbitradas. En la entrevista, comentamos su libro más reciente, The Collapse of Venezuela: Scorched Earth Politics and Economic Decline, 2012–2020 (2025), y su estudio con Silvio Rendón y Mark Weisbrot en The Lancet Global Health. En el último, aporta evidencia empírica sobre los efectos de las sanciones económicas internacionales en la salud pública, utilizando datos de 152 países entre 1971 y 2021 y métodos estadísticos diseñados para identificar relaciones causales.
Además de su labor académica, Francisco Rodríguez ha participado como miembro de la Iniciativa de Bolonia para el Alivio de Sanciones, un esfuerzo global que busca generar estándares y propuestas para evaluar y reformar el uso de sanciones económicas con una perspectiva humanitaria.
En esta entrevista, Francisco Rodríguez analiza la situación actual de Venezuela a la luz de los recientes cambios en la política de sanciones internacionales, de la recuperación del sector petrolero y de las perspectivas de crecimiento económico del país. También abordamos la nueva relación entre Washington y Caracas, los retos de la reconstrucción económica y política, y las posibilidades de generar un marco institucional sólido que permita atraer inversión y fortalecer la gobernanza, con la participación tanto del sector público como de la sociedad civil.
P: En su análisis, ¿qué evidencia empírica respalda la afirmación de que las sanciones sí coinciden con el deterioro del bienestar y la aceleración de la migración? El grueso de la migración venezolana ocurrió antes de las sanciones al petróleo de 2019. Algunos políticos y economistas incluso afirman que las sanciones han ayudado a la economía venezolana, al motivar cambios en políticas internas.
R: Yo creo que cuando uno evalúa el impacto que han tenido y que pueden haber tenido hoy las sanciones, tiene que hacerlo primero dentro de una visión global, entendiendo qué es lo que llevó al fenómeno migratorio, al éxodo venezolano, cuáles son los principales factores que contribuyeron, y cómo es que las sanciones juegan un rol en eso.
A mí me parece que la evidencia está bastante clara: Venezuela vive el éxodo que vive debido al grave deterioro económico que el país ha experimentado a lo largo de, aproximadamente, la última década. Venezuela, entre 2012 y 2020, experimenta el colapso económico de mayor magnitud documentado en la historia mundial en un país fuera de tiempo de guerra: una caída de 71% del ingreso per cápita. Y eso coincide en el tiempo con la salida de aproximadamente 8 millones de venezolanos.
Entonces, cuando nosotros vemos esas dos series de tiempo, está muy claro. O sea, Venezuela era un país que no tenía emigración neta; en realidad, más bien era un país que había recibido migrantes de muchísimos países, y eso hasta bien entrados los años 2010. Es aproximadamente a mediados de 2010 cuando se comienza a ver una salida creciente de personas de Venezuela, y eso coincide con el colapso de la economía.
Entonces, digamos, es muy difícil argumentar que en Venezuela la principal razón por la que la gente se estaba yendo no son justamente las condiciones económicas, porque este fenómeno ocurre en el momento en que ocurre el colapso económico. Además, nosotros tenemos evidencia no solo anecdótica, sino también de encuestas sistemáticas, donde la gente te dice: “Bueno, mira, la principal razón por la que me fui es porque en Venezuela no se podía vivir, porque los salarios se habían desplomado, porque las condiciones económicas se habían desplomado”.
Entonces, todo esto te dice, oye —y por supuesto, en ningún momento estoy diciendo que la economía es la única razón por la cual se fue todo el mundo—. Evidentemente hay un millón de decisiones, literalmente, y todas esas decisiones pueden tener razones muy individuales y personales. Pero ciertamente nosotros vemos un patrón bastante significativo, que además es un patrón que tú ves en otros países. Hay el trabajo de Georg Goodman y coautores, que justamente analiza el efecto de las sanciones sobre la migración en datos de panel de todos los países para los cuales hay estadísticas sobre este tema, donde también se halla esta misma correlación.
Y nosotros también sabemos —y ahí está todo el trabajo que yo he hecho, en el que podemos entrar— para identificar cuál ha sido la contribución de las sanciones a esa caída económica. Ese trabajo, que está resumido en mi libro El colapso de Venezuela, publicado por la Universidad de Notre Dame el año pasado, calcula que aproximadamente la mitad de la caída del PIB venezolano se debe a sanciones y otras medidas de política exterior que buscaban limitar la economía venezolana.
Entonces, los canales están muy claros. O sea, las sanciones afectan a la economía. No son la causa de todo el declive económico, pero ese declive económico es el gran impulsor de la emigración venezolana.
Ahora, tú señalas algo que muchas veces se menciona en este debate, en esta discusión: que la crisis comenzó antes de las sanciones o que la emigración comenzó a verse antes de las sanciones. Entonces, ¿cómo pueden las sanciones ser la explicación? Fíjate que allí hay un problema con esa argumentación. Primero, nadie —o por lo menos yo no— está diciendo, ni veo a nadie serio diciendo, que las sanciones son la única razón de la crisis económica y, por lo tanto, la única razón de la emigración. Nadie ha dicho eso. Eso es lo que se conoce como un argumento de hombre de paja, donde en los debates muchas veces se caracteriza implícitamente el argumento del adversario como un argumento muy distinto, que es más fácil de rebatir.
Por supuesto, si yo estuviese diciendo que las sanciones son la única causa del colapso y de la emigración, eso sería claramente rebatible. Pero es que yo nunca he hecho ese argumento, ni nadie serio lo ha hecho. Aquí el argumento es que las sanciones han contribuido a la caída del PIB venezolano en este período y que lo han hecho en una cuantía significativa.
Lo que yo explico en varios artículos que he publicado, y que está resumido en mi libro, es que en realidad el colapso económico venezolano es una mezcla de dos crisis; es como una crisis después de la otra. La primera crisis ocurre entre 2012 y 2016, y esa es la típica crisis de un país sobredimensionado, con políticas populistas, políticas de gasto y endeudamiento insostenible, ancladas en altos precios del petróleo. Cuando esos precios caen, el país no estaba preparado y, por lo tanto, tienes toda una serie de ajustes que la economía tiene que hacer precisamente para acoplarse al hecho de que no podía seguir viviendo bajo las condiciones de un barril a 100 dólares, a las que se acostumbró. Cuando los precios del petróleo bajan a 30 dólares, esta es la crisis económica.
O sea, entre 2012 y 2016 nosotros tenemos una crisis económica fuerte, que es como la crisis que tuvo Venezuela durante los años 80, como las crisis que han tenido muchísimos países latinoamericanos, documentadas por Rudiger Dornbusch y Sebastián Edwards en su libro sobre la macroeconomía del populismo en América Latina.
Pero después de 2017 —que es cuando vienen las primeras sanciones financieras—, gran parte de mi investigación ha estado enfocada justamente en mostrar que esas sanciones de 2017 también tuvieron un efecto muy significativo, al impedir en particular el financiamiento de las empresas mixtas que producían petróleo a través del Orinoco. A partir de ese momento, tienes otro fenómeno: lo que antes ocurría con la economía venezolana —que comenzaban a recuperarse los precios del petróleo y la economía se recuperaba o, al menos, se estabilizaba— no ocurrió.
¿Y por qué no ocurrió? Porque comenzó a caer la producción. Y cuando comienzas a estudiar en detalle la caída de la producción, te das cuenta de que hay varios puntos de inflexión en esa caída que están claramente asociados con sanciones. Aquí es donde podemos discutir también todas las otras investigaciones que se han hecho al respecto. Pero la razón por la que la economía venezolana no se estabiliza después de 2017 es que se estaba desplomando la producción. Y ahí sí las sanciones tuvieron un efecto muy significativo. Otra vez, no son el único factor, pero sí son un factor que ha contribuido significativamente al declive económico y, por lo tanto, a la emigración.
“Es muy problemático y lamentable el uso de estudios con errores para justificar narrativas políticas, porque el rol que debemos cumplir los científicos sociales es informar el debate público con investigación que sea replicable, verificable y sujeta al debate.”
P: Usted se ha visto involucrado en un debate académico contra los economistas Ricardo Haussman y Dany Bahar. Argumentan que las sanciones no solo no han provocado una mayor migración, sino que incluso la habrían reducido. Usted argumentó que su conclusión se basa en un fallo metodológico. ¿Podría explicarnos por qué la conclusión de Haussman y Bahar sería errónea?
R: Lo primero es que a mí, cuando salió publicado el estudio de ellos, me llamó mucho la atención. Me sorprendió porque era un estudio con resultados contraintuitivos. Efectivamente, lo que ese estudio estaba diciendo es que las sanciones reducían la migración. O sea, básicamente lo que decía era que, a medida que aumentaban los ingresos petroleros —ellos no utilizan directamente un indicador de sanciones; en realidad utilizan indicadores de ingresos petroleros—, pero partiendo del supuesto de que las sanciones afectan los ingresos petroleros, lo que sostenían es que cuando había más ingresos petroleros emigraba más gente.
A mí me pareció muy raro. Entonces uno hace lo que corresponde: comenzar a ver los datos, revisar las bases y los resultados de ellos. En ese momento, conjuntamente con mis coautores, Giancarlo Bravo y David Rosnick, identificamos un error metodológico muy significativo. Habían utilizado un operador de diferencia errado. Usaron un operador muy complejo —la duodécima diferencia— para tratar de calcular las variaciones interanuales. Esencialmente, era un error de codificación. Es un error que ellos reconocieron y corrigieron en su paper.
Sin embargo, dijeron que sus resultados no cambiaban, y eso no es cierto. Por supuesto, uno puede interpretar los resultados como quiera, pero no es cierto en un sentido muy concreto. Su paper inicial tenía coeficientes estadísticamente significativos. Y en general, en las ciencias sociales y cuantitativas, ese es el estándar: si tú tienes una especificación y hallas un coeficiente significativo, dices que encontraste un efecto. Si no hallas un coeficiente significativo, usualmente dices que los datos no te permiten identificar ningún efecto.
El coeficiente significativo original indicaba que más ingresos petroleros llevaban a más migración. Al corregir el error que nosotros identificamos, la significancia estadística desaparece. Entonces, lo normal en ciencias sociales es decir: “Mira, esta hipótesis no la puedo confirmar; tengo un coeficiente insignificante, por lo tanto, no puedo identificar un efecto”.
Sin embargo, ellos movieron el contexto de interpretación y dijeron que en realidad lo que estaban tratando de refutar era la hipótesis de que las sanciones causaban más migración, y que el hecho de no conseguir un coeficiente significativo —y que además todavía tuviera signo positivo, no negativo como se esperaría bajo esa hipótesis— constituía evidencia en contra de la idea de que las sanciones causan más migración.
Frente a eso, mi respuesta es que hay dos problemas. Uno tiene que ver con los datos que utilizan. Ellos emplean una serie de tiempo de ingresos petroleros venezolanos y la cruzan con flujos migratorios de venezolanos hacia Estados Unidos, medidos por la captura de venezolanos que cruzan irregularmente la frontera.
Es decir, la variable que utilizan son venezolanos cruzando la frontera entre México y Estados Unidos. Pero nosotros sabemos que la gran mayoría de los venezolanos ya se habían ido de Venezuela antes del surgimiento masivo de esos cruces hacia Estados Unidos. Muchos de los que cruzan esa frontera no están en Venezuela, sino en Colombia, Perú o México. Entonces, ¿por qué los ingresos petroleros de Venezuela o el dinero que Maduro tenga para reprimir te harían decidir irte de Colombia a Estados Unidos? No es sorprendente que no encuentres coeficientes estadísticamente significativos, porque lo que tienes es ruido estadístico.
“Ni el trabajo de [Omar Zambrano] ni el de Bahar y Hausmann fueron sometidos a un arbitraje riguroso. Eso significa que no han pasado por un control de pares.”
Más recientemente, Giancarlo Bravo y yo revisamos otro aspecto metodológico y encontramos un error aún más significativo, que esencialmente invalida todo su esquema de estimación. Es un error en la aplicación de la metodología de cointegración. Curiosamente, ese mismo error aparece también en un paper previo publicado por Bahar en el Journal of Policy Analysis and Management. Ese paper ya fue corregido una vez por otro error.
Lo que hicieron fue algo bastante irregular. En series de tiempo, cuando tú tienes dos variables como migración e ingresos petroleros, no puedes simplemente correlacionarlas y afirmar que hay un efecto causal. No solo porque la correlación no implica causalidad, sino porque existe el fenómeno de las relaciones espurias: series con tendencias estocásticas pueden estar correlacionadas sin que exista ningún vínculo causal.
Por ejemplo, podrías encontrar que la migración venezolana a Estados Unidos está correlacionada con el número de descargas de Spotify de Bad Bunny. Eso no implica causalidad; simplemente refleja tendencias en el tiempo.
Por eso, cuando se trabaja con series de tiempo, es necesario hacer una prueba de cointegración para determinar si existe una relación de largo plazo. Esa prueba se aplica a los niveles de las variables. Ellos la aplicaron a las primeras diferencias. ¿Por qué? No lo sé. Me imagino que fue una confusión, porque hay casos en los que sí se deben diferenciar las series, pero las pruebas de cointegración no se aplican así.
Al hacerlo de esa manera, encontraron cointegración —es decir, una relación de largo plazo— cuando no la hay. Nosotros demostramos que, si aplicas la prueba correctamente, esa relación desaparece. Eso invalida todas las estimaciones posteriores, porque carecen de base metodológica si no se ha demostrado primero la cointegración.
Además, mostramos que la modificación que hicieron sesga sistemáticamente los resultados a favor de encontrar una relación de largo plazo. Lo demostramos teóricamente y mediante simulaciones de Monte Carlo. La prueba, tal como la aplicaron, tiene una tasa de falsos positivos del 100 %. Es decir, va a identificar una relación de largo plazo incluso cuando no existe el 100 % de las veces. Es una prueba completamente inválida.
Eso quiere decir que este trabajo no tiene base argumental sólida, porque parte de una metodología mal aplicada. Cuando corriges el error, la prueba simplemente indica que no puedes aplicar esas metodologías porque no tienen contenido informativo.
Es muy problemático y lamentable el uso de estudios con errores para justificar narrativas políticas, porque el rol que debemos cumplir los científicos sociales es informar el debate público con investigación que sea replicable, verificable y sujeta al debate. Aquí no estamos hablando de diferencias de interpretación; estamos hablando de errores claros.
El debate sobre las sanciones es altamente politizado. Algunos sectores abogan claramente por el uso de este instrumento y citan selectivamente investigaciones favorables a su posición. Es un patrón problemático.
Por ejemplo, hubo otro trabajo del economista Omar Zambrano, del Grupo Nova, que afirmaba que las sanciones habían llevado a una mejora en las importaciones de alimentos y medicinas. Yo publiqué un trabajo mostrando que había un error de codificación que llevaba a omitir el 80 % de las importaciones de alimentos. La variable que utilizaban cubría solo el 20 %. Cuando se corrige ese error, los resultados desaparecen.
Sin embargo, esos estudios siguen citándose. En el caso de Bahar y Hausmann, corrigieron el primer error, pero no han corregido el segundo. Puede que estén en conversaciones con la revista; no me consta. Pero el uso de estos trabajos en el debate sobre políticas públicas resulta muy problemático.
Aquí hay un rol importante del proceso arbitral. Hay que tener mucha cautela al utilizar trabajos no arbitrados. Ni el trabajo de Ecoanalítica ni el de Bahar y Hausmann fueron sometidos a un arbitraje riguroso. Incluso el de Bahar se publicó en una sección no arbitrada del Journal of Policy Insights. Eso significa que no han pasado por control de pares.
En la práctica académica, hasta que un trabajo no esté publicado en una revista arbitrada, no se considera parte de la literatura. Pero los actores políticos sí los tratan como si lo fueran.
Por ejemplo, Americas Quarterly publicó un artículo basado en el estudio de Bahar y Hausmann. Pero esa publicación, en los últimos años, no ha publicado ningún artículo crítico de las sanciones. Hay publicaciones con un claro sesgo político.
Americas Quarterly depende del Council of the Americas, que ha tenido una agenda política muy definida. El principal mecanismo a través del cual ese estudio se transmitió al mundo de las políticas fue esa publicación. Que, aun después de una corrección admitida por los propios autores, no haya hecho una rectificación es muy problemático.
Estamos ante problemas serios de ética profesional y académica que deben debatirse y analizarse institucionalmente. Una cosa es tener diferencias en el debate académico; otra muy distinta es seguir utilizando investigaciones cuando ya se han identificado errores metodológicos claros. En ese punto, no deberían seguir empleándose en el debate ni en la discusión académica.
Existe un acuerdo firmado entre el gobierno de Estados Unidos y Venezuela sobre la venta de todo el petróleo venezolano. Pero ¿dónde está ese acuerdo? El artículo 150 de la Constitución establece que los contratos de interés público nacional deben ser aprobados por la Asamblea Nacional. ¿Cómo puede haberse suscrito un contrato de esta magnitud sin aprobación parlamentaria ni debate público?”
P: Ahora que Estados Unidos pretende ejercer el control sobre las ganancias del petróleo venezolano, resulta pertinente recordar el antecedente del programa “Petróleo por Alimentos” de la ONU para mitigar los efectos humanitarios de las sanciones impuestas a Irak en los 90. ¿Qué lecciones considera fundamentales para el caso venezolano actual? ¿Cree que la comunidad internacional —más allá de Estados Unidos— debería intentar reconstruir espacios multilaterales de decisión, incluso en un Consejo de Seguridad debilitado, para evitar que la gestión de la crisis venezolana derive en un modelo unilateral con costos políticos y humanitarios de largo plazo?
R: A pesar de —y admitiendo y reconociendo— todas las formas problemáticas en las que se ha dado este cambio que está ocurriendo en Venezuela, yo creo que todos podemos estar de acuerdo en que no está bien que las diferencias entre países se diriman a través de ataques militares, y mucho menos que tomen la forma de que un país adquiera tutela sobre otro.
Incluso quienes están de acuerdo o celebran lo que está ocurriendo pueden reconocer que esto no es lo ideal. Todos hubiésemos querido que el problema de Venezuela se resolviera mediante una transición ordenada y elecciones libres, y que el país pudiera exportar su petróleo sin necesidad de estar bajo supervisión externa.
Sin embargo, desde 2019, he venido planteando la idea de que, en vez de imponer sanciones como las que se aplicaron a Venezuela —que generaron daños económicos muy fuertes al país—, si lo que se buscaba era controlar el mal uso de los recursos por parte del gobierno de Nicolás Maduro, entonces debía crearse algo en el espíritu del programa “Petróleo por Alimentos”.
La idea es muy simple: si el problema es que Maduro era corrupto y utilizaba esos recursos para reprimir, la solución no es quitarle al país sus exportaciones petroleras y su capacidad de importar los bienes que necesita para que la economía funcione. La solución sería establecer algún tipo de supervisión internacional —o incluso interna, con participación de distintas fuerzas políticas— para asegurar que esos recursos se utilicen únicamente para atender las necesidades básicas de los venezolanos.
Eso fue lo que se hizo con el programa “Petróleo por Alimentos”, y a través de la Fundación Petróleo por Venezuela presentamos una serie de alternativas inspiradas en esa idea.
Mucha gente recuerda ese programa como algo negativo, y lo recuerda así porque hubo errores y un escándalo de corrupción muy fuerte que llegó hasta las más altas esferas de las Naciones Unidas. Hubo investigaciones —dos comisiones, de hecho— que trataron de identificar lo ocurrido y cuantificar las pérdidas.
Ahora bien, que el programa haya estado asociado con corrupción en su primera implementación no significa que la idea deba desecharse por completo. Lo que significa es que hay que identificar cuáles fueron los problemas de diseño que lo hicieron vulnerable.
En el caso de Irak, por ejemplo, uno de los problemas era que el gobierno de Hussein mantenía el control sobre a quién vender el petróleo. Allí fue donde se generó la corrupción: en la asignación de contratos a distintas empresas de trading, a cambio de comisiones. Los reportes de Paul Volcker y otros investigadores cuantificaron esas pérdidas. Fueron montos significativos, pero relativamente menores en comparación con la magnitud total del programa y, sobre todo, mucho menores que las estimaciones de corrupción en Venezuela.
Además, lo que sí se determinó es que en Irak las condiciones de vida mejoraron: la economía se recuperó, el consumo calórico aumentó, la desnutrición disminuyó. Es decir, se logró revertir en gran medida la crisis humanitaria causada por las sanciones.
Entonces, si hubo errores de diseño, se aprende de ellos. No se trata de “botar al bebé con el agua sucia”. Se trata de preguntarse cómo rediseñar el programa.
Ahora bien, yendo a tu pregunta sobre Estados Unidos, mi preocupación es que se está creando un sistema similar, en el sentido de permitir la exportación de petróleo bajo supervisión, pero con varios problemas.
Primero, no está claro cómo se está llevando a cabo esa supervisión. Según el secretario Rubio, habrá un proceso de auditoría, pero este aún no se ha creado. Tampoco está clara la autoridad legal bajo la cual Estados Unidos ejerce ese control. En una reciente comparecencia ante el Congreso hubo un intercambio revelador al respecto, donde no pudo explicarse con claridad la base legal de estas acciones.
Cuando no hay una base legal clara, hay amplio espacio para la discrecionalidad. Por ejemplo, se otorgaron contratos a dos empresas —Vitol y Trafigura—, pero ¿cuál fue el criterio para seleccionarlas? ¿Por qué esas y no otras?
Podríamos estar ante una situación similar a la de Irak, donde la corrupción se daba justamente en la asignación de contratos de trading.
Por eso creo que es necesario que tanto Estados Unidos como Venezuela se planteen la creación de instancias formales de supervisión, rendición de cuentas y contraloría sobre el uso de estos recursos, para garantizar transparencia.
El secretario [Chris Wright] también dijo que existe un acuerdo firmado entre el gobierno de Estados Unidos y Venezuela. Pero ¿dónde está ese acuerdo? Estamos hablando de un contrato sobre la venta de todo el petróleo venezolano. El artículo 150 de la Constitución establece que los contratos de interés público nacional deben ser aprobados por la Asamblea Nacional.
Si algo es de interés público, es la venta del petróleo venezolano. ¿Cómo puede haberse suscrito un contrato de esta magnitud sin aprobación parlamentaria ni debate público?
Todos sabemos las circunstancias sobrevenidas en las que ocurrió esto. Pero precisamente en entornos como este es donde existen altísimos riesgos de corrupción y mal manejo de los recursos.
“Venezuela experimentó una contracción económica cercana al 71 %, uno de los colapsos más severos registrados fuera de un contexto de guerra, y eso no produjo la salida del gobierno. Esa experiencia muestra que la hipótesis de “más crisis = más cambio político” no se confirmó en el caso venezolano.“
P: En distintos procesos de transición, como en España, Polonia o Sudáfrica, la clase media desempeñó un papel determinante. También se ha comentado su rol en Irán, con el surgimiento del Movimiento Verde en 2009 y más recientemente el movimiento “Mujer, Vida, Libertad”. Sin embargo, un estudio realizado por los académicos iraníes Mohammad Reza Farzanegan y Nader Habibi, demostró que las sanciones internacionales impuestas a Irán desde 2012 no debilitaron al régimen, sino que devastaron a su clase media. Venezuela, como Irán, es un país dependiente del petróleo. ¿Cree que las sanciones han tenido un efecto similar sobre la clase media venezolana y, en consecuencia, sobre la política del país?
R: Sí, fíjate, la tesis de la clase media es una tesis interesante y que valdría la pena estudiar con mayor profundidad en Venezuela. Durante el período de las sanciones, de acuerdo con los datos de la encuesta ENCOVI, ciertamente se registró un aumento importante de la desigualdad. Es interesante que en los últimos años esa tendencia comienza a revertirse un poco y el coeficiente de Gini, según ENCOVI, empieza a bajar.
Ahora bien, aquí hay que hacer una salvedad importante: ojalá tuviésemos estadísticas oficiales de distribución del ingreso publicadas por el Instituto Nacional de Estadística. ENCOVI es un esfuerzo extraordinario, pero es una encuesta de menor tamaño y alcance que la que podría realizar el INE con recursos públicos. Lamentablemente, el gobierno no publica esas cifras, por lo que no contamos con estadísticas más sólidas.
Más allá del tema estrictamente de clase media, yo creo que el fenómeno relevante es el de la sociedad civil, que atraviesa distintas clases sociales. No es solo un fenómeno de clase media, y me parece un error interpretarlo exclusivamente en esos términos.
Donde sí hay evidencia muy fuerte es que el empobrecimiento y el deterioro de las condiciones económicas tienden a debilitar a la sociedad civil en relación con el Estado. Es decir, el Estado se vuelve relativamente más poderoso cuando la población enfrenta mayores necesidades económicas, porque disminuye su capacidad de resistencia.
Por ejemplo, los programas de bonos asociados al carnet de la patria o las bolsas CLAP. En medio de una crisis económica tan profunda como la que vivió Venezuela, la mayoría de las personas no tiene la capacidad de rechazar un subsidio condicionado políticamente. Si el gobierno te ofrece un bono a cambio de apoyo político, participación en manifestaciones o activismo, muchas personas, por necesidad, no pueden decir que no.
Tanto los individuos como la sociedad civil organizada tienen mayor capacidad de resistencia cuando existe una economía privada más sólida, donde las personas pueden generar ingresos sin depender del Estado. Cuando alguien puede decir: “Yo tengo mi trabajo, me gano la vida por mi cuenta y no dependo del gobierno”, entonces su margen de autonomía es mayor.
Es muy revelador que en Venezuela el período de mayor caída económica —entre 2012 y 2020, especialmente entre 2016 y 2020— haya coincidido con un fortalecimiento político del gobierno. A pesar del reconocimiento internacional de Juan Guaidó por 57 países, de las sanciones y de un entorno regional mucho más hostil —con gobiernos como los de Duque en Colombia y Bolsonaro en Brasil—, el gobierno no cayó. De hecho, se consolidó.
La presión económica no produjo la salida del gobierno. Lo que finalmente lo desplazó fue una acción militar de Estados Unidos, no el colapso económico. Esto desmonta la tesis —que sostenían muchos sectores, incluso dentro de la oposición— de que generar una crisis económica llevaría automáticamente a un cambio político.
Venezuela experimentó una contracción económica cercana al 71 %, uno de los colapsos más severos registrados fuera de un contexto de guerra, y eso no produjo la salida del gobierno. Esa experiencia muestra que la hipótesis de “más crisis = más cambio político” no se confirmó en el caso venezolano.
Por eso creo que la estrategia actual del gobierno de Trump y del secretario de Estado tiene bastante lógica. La idea ahora parece ser: primero estabilizar la economía, restablecer vínculos con la economía mundial y permitir la recuperación de la capacidad exportadora; a partir de allí, generar crecimiento.
Si se produce crecimiento y fortalecimiento del sector privado, eso puede traducirse en un fortalecimiento de la sociedad civil. Y una sociedad civil más fuerte tiene mayor capacidad de resistir el control estatal y, eventualmente, de impulsar procesos de democratización más orgánicos y sostenibles.
En ese sentido, lo que estamos viendo es una corrección del enfoque anterior del Gobierno de Estados Unidos. Está diciendo: sí, vamos a generar una transición, pero primero vamos a estabilizar la economía y recuperarla. Es totalmente lo contrario de lo que estaban pensando en 2019.
P: El gobierno de Venezuela pidió en 2020 que la Corte Penal Internacional investigue las sanciones de Estados Unidos contra el país como “crímenes de lesa humanidad”. Este es hoy el caso conocido como Venezuela II, que sigue en fase de examen preliminar. ¿Cómo evalúas esta acción y si consideras factible que la CPI avance en una investigación sobre este caso?
R: Mira, yo no soy experto jurídico, y aquí hay temas de justicia internacional que son bastante complejos. Entiendo el argumento de quienes sostienen que las sanciones unilaterales pueden violar el derecho internacional. Sin embargo, Estados Unidos también tiene un contraargumento: sostiene que es libre de comerciar con quien quiera comerciar. Es decir, tiene una política comercial soberana, como cualquier otro país, y si decide no mantener cierto tipo de intercambio comercial con Venezuela, no estaría obligado a hacerlo. Ningún país puede ser forzado a comerciar con otro.
Desde el punto de vista jurídico, creo que el tema no está cien por ciento claro. Hay quienes argumentan que, según la Carta de las Naciones Unidas, las sanciones solo pueden aplicarse bajo resoluciones del Consejo de Seguridad, y que por lo tanto las llamadas “medidas coercitivas unilaterales” serían ilegales bajo el derecho internacional. Pero el derecho internacional es un ámbito complejo: no existe una Corte Suprema internacional que fije una interpretación definitiva. Lo que existen son distintas lecturas y posiciones.
Además, está el tema de la Corte Penal Internacional. Hemos visto tensiones recientes —por ejemplo, en el caso relacionado con Israel— e incluso sanciones contra la Fiscalía de la CPI. En la coyuntura política estadounidense actual, esa institución no parece tener mucho respaldo. Y no se trata solo del Partido Republicano; tampoco el Partido Demócrata ha mostrado especial simpatía hacia la Corte. Es, en buena medida, una política de Estado.
Entonces, incluso si la Corte Penal Internacional decidiera pronunciarse y sostener que las sanciones constituyen un crimen de lesa humanidad, es poco probable que eso tuviera efectos prácticos significativos sobre la política estadounidense. Podría incluso generar una reacción contraria.
Ahora bien, más allá del debate jurídico —que no es mi especialidad—, hay un debate que sí considero fundamental: el de los daños económicos y humanos que generan estas medidas. Las sanciones causan daños reales. En un trabajo que publicamos recientemente en The Lancet Global Health, identificamos efectos causales de las sanciones sobre la mortalidad. Es decir, las sanciones no solo afectan a los líderes o a las élites gobernantes; también están asociadas con aumentos en la mortalidad de la población civil.
Eso plantea un problema ético y político muy serio. ¿Cómo trata el derecho internacional este tipo de efectos? Pero más allá de lo jurídico, ¿cómo debería tratarlos la ética de la política internacional?
Lamentablemente, lo que hemos visto en muchos casos es una tendencia a negar o eludir estos efectos. Cuando funcionarios estadounidenses son confrontados con la evidencia del impacto de las sanciones, suelen responder que la responsabilidad es exclusivamente del gobierno del país sancionado: que la culpa es de Maduro, de Saddam Hussein, del régimen iraní, de Gadafi o de Assad.
Ese argumento es débil. Es posible que esos gobiernos hayan cometido graves abusos, pero eso no elimina el hecho de que las sanciones puedan tener efectos causales adicionales sobre el deterioro de las condiciones de vida. Ambas cosas pueden ser ciertas al mismo tiempo.
Por eso creo que necesitamos una discusión más honesta y basada en evidencia sobre el uso de las sanciones. Las decisiones de política exterior deberían tomarse considerando rigurosamente los datos disponibles. Si las sanciones están causando daños severos a poblaciones civiles, ese costo debe formar parte central de la evaluación.
Quizás la conclusión sea que no deben utilizarse sanciones económicas generales contra países, sino únicamente sanciones dirigidas contra funcionarios específicos. O quizás la respuesta sea rediseñarlas para minimizar su impacto sobre la población.
Ahí reaparece la idea de mecanismos como programas tipo “petróleo por alimentos” o esquemas de monitoreo internacional de los ingresos por exportaciones, diseñados para asegurar que esos recursos no se utilicen contra la población, pero al mismo tiempo evitar un colapso económico generalizado.
En cualquier caso, necesitamos una discusión internacional más seria sobre este instrumento de política exterior. Porque lo que está claro es que se trata de una herramienta que puede generar daños muy significativos a las poblaciones de los países afectados, y eso no puede seguir ignorándose.
“Cuando se incluye a PDVSA en la lista de la OFAC, y considerando que PDVSA tiene el monopolio de las exportaciones petroleras de Venezuela, en la práctica eso equivale a un embargo petrolero. Sus efectos son macroeconómicos y generalizados.”
P: Usted es uno de los coautores de un estudio sobre el efecto de las sanciones sobre la mortalidad, publicado en la revista médica británica The Lancet. ¿Qué conclusiones sacaron y cómo deberían influir en el discurso internacional sobre el uso de sanciones como herramienta de política exterior? ¿Se podrían diseñar exenciones humanitarias a las sanciones para minimizar impactos negativos en los grupos más vulnerables?
R: Sí, justamente nuestro planteamiento es que debe haber una discusión seria al respecto. Ya existen algunas iniciativas interesantes. Por ejemplo, un grupo de investigadores dirigidos por el profesor George López, de la Universidad de Notre Dame, ha trabajado en lo que llaman un “checklist humanitario de sanciones”. La idea es contar con un sistema estandarizado de evaluación previa para cada decisión de sanción, que permita identificar posibles efectos humanitarios adversos y establecer medidas correctivas.
Es decir, la respuesta no necesariamente es eliminar por completo el uso de las sanciones. Algunas sanciones probablemente siempre existirán, y hay casos en los que resultan justificables —por ejemplo, sanciones contra organizaciones terroristas como Al Qaeda o contra individuos responsables de crímenes graves—. La pregunta clave es: ¿cómo se diseñan para minimizar el daño a las poblaciones civiles?
Después del desastre humanitario en Irak en los años noventa, surgió una amplia literatura sobre las llamadas “sanciones inteligentes” (smart sanctions). La intención era pasar de embargos generales —como los aplicados a Irak, Sudáfrica o Cuba, que restringían el comercio de manera amplia— a sanciones focalizadas, dirigidas a personas o instituciones específicas.
De hecho, buena parte de la arquitectura actual de sanciones en Estados Unidos, basada en las designaciones de la OFAC (Oficina de Control de Activos Extranjeros), proviene de ese debate. En teoría, estas sanciones están diseñadas para apuntar a individuos o entidades concretas, no a economías enteras.
El problema es que, con el tiempo, ese enfoque se ha desvirtuado. Gobiernos recientes —incluyendo los dos mandatos de Donald Trump y también la administración Biden, que en gran medida continuó esa política— comenzaron a utilizar las llamadas sanciones inteligentes de manera que replican los efectos de sanciones generales.
Por ejemplo, cuando se incluye a PDVSA en la lista de la OFAC, y considerando que PDVSA tiene el monopolio de las exportaciones petroleras de Venezuela, en la práctica eso equivale a un embargo petrolero. Aunque formalmente sea una sanción dirigida a una entidad específica, sus efectos son macroeconómicos y generalizados.
Las sanciones inteligentes fueron diseñadas precisamente para evitar ese tipo de impacto amplio. Tiene sentido sancionar a individuos —por ejemplo, congelar las cuentas personales de un funcionario—. Pero otra cosa muy distinta es impedir que una institución funcione en su carácter oficial porque su presidente está sancionado.
Aquí hay una confusión —o quizá una ambigüedad intencional— en la aplicación de las sanciones. Se presentan como personales, pero, al mismo tiempo, se prohíben las transacciones con los sancionados, incluso cuando actúan en su rol institucional. Si el presidente de PDVSA está sancionado y eso impide que PDVSA firme contratos, en la práctica se está sancionando a la institución, no solo al individuo.
Ha habido casos en los que se sancionó a funcionarios por decisiones tomadas antes de que ocuparan su cargo. Entonces, ¿a quién se está castigando realmente? ¿Al individuo o a la institución? La idea original de las sanciones inteligentes era evitar castigos colectivos, pero en la práctica ese principio se ha erosionado.
Por eso creo que parte del debate debe centrarse en cómo revertir esta distorsión. ¿Se puede hacer esto a nivel internacional? Es difícil. El Consejo de Seguridad tiene vetos y países que aplican sanciones —como Estados Unidos— difícilmente aceptarían límites impuestos desde allí. Tampoco parece probable que instituciones como la Corte Penal Internacional puedan ejercer ese rol en la coyuntura actual.
Sin embargo, en sociedades democráticas abiertas como Estados Unidos, sí creo en la fuerza del debate público. Los cambios no son inmediatos, pero en el mediano y largo plazo, el debate académico, la discusión en los círculos de política pública y la formación de la opinión pública pueden influir en la conducta del gobierno.
La historia muestra que cambios importantes en políticas estadounidenses —por ejemplo, en materia de derechos civiles— surgieron de transformaciones en la opinión pública impulsadas por el debate y la evidencia.
Por eso, es fundamental que esta discusión se dé en espacios donde académicos, responsables de políticas públicas y la opinión pública puedan interactuar. A medida que cambian las actitudes y aumenta la conciencia sobre los efectos humanitarios de las sanciones, crece también la presión para que los responsables políticos reconsideren y rediseñen estas herramientas.
“Hay un problema de sobrecumplimiento. Entre el año 2010 y 2021 hubo una caída del 99% en las transacciones hechas a través de bancos corresponsales extranjeros. Los bancos corresponsales extranjeros dijeron: nosotros no queremos tener nada que ver con Venezuela.”
P: En “Over-Complying with U.S. Sanctions Hurts Peace Efforts”, Delaney Simon, analista sénior del International Crisis Group, expone la necesidad de crear exenciones ampliadas para la construcción de paz dentro de los regímenes de sanciones. ¿Qué lecciones podrían extraerse para el caso venezolano en esta nueva etapa política tras el 3 de enero, especialmente en lo que respecta al diseño de exenciones que no obstaculicen los esfuerzos de diálogo, estabilización y construcción de paz incluso si las sanciones se levantan?
R: A mí me parece que estamos yendo hacia una flexibilización bastante significativa de las sanciones. Sin embargo, sí hay un problema muy fuerte. Si tú permites, por ejemplo, que Venezuela venda petróleo, tú todavía tienes una serie de complicaciones, y esas complicaciones las estamos viendo en la práctica.
Por ejemplo, tú todavía no tienes el reconocimiento del gobierno. Sin el reconocimiento del gobierno, esa fue la razón que le dieron los secretarios Rubio y Yellen al Congreso por la cual estos fondos se están manteniendo en Qatar: que si estos fondos entran en el sistema financiero estadounidense, ni el Banco Central de Venezuela, ni el gobierno de Venezuela, ni PDVSA pueden manejar fondos de sus instituciones a través de ese sistema, porque los que están autorizados para manejarlos son los representantes nombrados por el gobierno interino, por la oposición, la Asamblea Nacional de 2015.
Entonces tú tienes sanciones petroleras, tienes problemas de reconocimiento, tienes sanciones financieras también. Pero además, Venezuela está en default de su deuda, de aproximadamente 150 mil millones de dólares. No hay posibilidades de refinanciar esa deuda, de reestructurar esa deuda, si tú no levantas las sanciones financieras o por lo menos emites una licencia muy amplia para permitir una reestructuración de deuda. Y después entramos en otro problema, el llamado problema de sobrecumplimiento.
Entre el año 2010 y 2021 hubo una caída del 99% en las transacciones hechas a través de bancos corresponsales extranjeros. O sea, básicamente los bancos corresponsales extranjeros dijeron: nosotros no queremos tener nada que ver con Venezuela.
Y el problema es que estos bancos lo que dicen es: oye, ¿cómo yo me aseguro de que cuando yo estoy procesando una transacción de Venezuela no estoy procesando una transacción de una persona sancionada? Obviamente yo chequeo que la persona que está mandando a hacer la transacción no esté en la lista de la OFAC, pero ¿cómo yo sé? Entonces los bancos tienen que poder argumentar que ellos hicieron un due diligence muy cuidadoso para tratar de identificar eso, donde básicamente tienen que investigar cuál es la fuente de cada transacción.
Eso, primero, es costoso para los bancos. Entonces hay bancos que simplemente dicen: no vale la pena yo hacerlo. Pero además no solo es costoso, es riesgoso, porque siempre puede venir el regulador estadounidense y decirle: no, mira, no me gusta tu sistema de due diligence, no era lo suficientemente robusto. O sea, no hay patrones claros. Esta es una incertidumbre que existe en la legislación estadounidense, donde efectivamente los bancos no saben si están violando la ley cuando no saben si están haciendo lo suficiente como para que un regulador después no les diga: no, a mí me parece que lo tuyo no era lo suficientemente sólido.
Entonces eso lleva a que simplemente digan: bueno, no hacemos nada en los entornos en los cuales hay muchas personas sancionadas. Y eso lleva a cosas como las que nosotros hemos visto de que le cierran las cuentas a un montón de venezolanos que no tienen nada que ver con el gobierno, incluso algunos de ellos claramente ligados con la oposición.
Yo recuerdo que cuando yo trabajaba con Bank of America, muchas veces me llegaban diputados de la oposición —obviamente no voy a mencionar nombres—, pero de alguna de la gente más radical que tú te puedes imaginar, diciendo: me cerraron la cuenta, porque el banco dice “ah, venezolano, diputado, no”. O sea, el banco no quiere hacerse más preguntas, no quiere ponerse a averiguar de qué partido es, cuál es la posición política de ese partido, y que venga un regulador después a decirle que no lo hizo bien.
Entonces, ¿cómo tú limpias toda esa toxicidad que han generado las sanciones? Donde tú ves casos como el de Sudán, por ejemplo, donde incluso después de que se levantan muchas sanciones, ese efecto de toxicidad sigue ahí.
Ahí la propuesta de Delaney es una propuesta que va en línea, por ejemplo, con lo que se hizo en el momento del terremoto sirio, que fue que Estados Unidos dio una exención muy amplia. Esa exención de hecho estuvo causada por el hecho de que se dio un escándalo, porque cuando se comenzó a recolectar dinero para ayuda a través de plataformas como GoFundMe para asistencia y rescate de víctimas en Siria, GoFundMe las trancó porque pensaban que estaban en violación de sanciones.
Eso llevó a que la administración Biden emitiese una licencia bien amplia, donde esencialmente estaban invirtiendo la carga de la prueba. Estaban diciendo: no, mira, transacciones de este tipo nosotros no las vamos a cuestionar, punto. Y pueden estar seguros de que no las vamos a cuestionar. Entonces ese tipo de exenciones sí yo creo que pueden jugar un rol importante, en particular si Estados Unidos decide que una parte del régimen de sanciones todavía se tiene que mantener en su lugar.
Con respecto a la Iniciativa de Bolonia para el Alivio de Sanciones, es algo que ha estado naciendo. De hecho, la primera reunión fue en diciembre en Bolonia, con el apoyo de Johns Hopkins, que tiene un campus en Bolonia de estudios internacionales.
Fue una reunión donde estábamos un buen número —creo que éramos como 40 o 50 expertos en sanciones de distintos ámbitos y distintos campos— y tuvimos una discusión en esa conferencia inaugural sobre algunos de los temas más básicos del debate sobre el diseño de sanciones, sobre el estudio de sus impactos.
Ahora la discusión que se está teniendo, dado que existe una infraestructura para mantener esta iniciativa a lo largo del tiempo, es cómo enlazamos con distintos debates a nivel nacional e internacional para facilitar tanto la comunicación, la investigación, la diseminación de conocimientos y el apoyo a iniciativas específicas y particulares de reforma de las sanciones.
Es algo que está en trabajo, está en creación, y creo que dentro de unas semanas vamos a tener una hoja de ruta más clara, más pública. Pero definitivamente, en el caso venezolano, como tú mencionas, parte de la idea es justamente tener conexión con instituciones locales para poder avanzar más en el estudio de las sanciones.
Fíjate que Venezuela ahora se va a convertir también en un caso muy interesante del levantamiento de sanciones, o de lo que se llama sanctions termination, es decir, cómo es que tú desmontas los sistemas de sanciones y cuál es la forma más efectiva de hacerlo para que ayuden —en el caso venezolano— a recuperar la economía, pero también para que ayuden en términos de facilitar o impulsar una transición política.
Una parte de lo que algunos hemos planteado es que cuando tú estás en un régimen de sanciones, el equilibrio en el que Estados Unidos había caído con Venezuela —que era el equilibrio punitivo, el equilibrio de decir “si haces esto, yo te castigo, y si haces esto, yo te castigo más”— ese equilibrio no estaba funcionando. Ese tiende a ser un equilibrio muy problemático.
Pero en ciertas condiciones tú puedes voltear eso y convertirlo en un incentivo. Y el incentivo no solo, en mi opinión, tiene que ser el levantamiento de sanciones, que es el levantamiento de una medida punitiva, sino el apoyo económico a la reconstrucción.
Aquí es donde yo creo que tendría muchísimo sentido —y hay algunos académicos que hablan de la responsabilidad de reconstruir— que la comunidad internacional dijese: nosotros vamos a apoyar un proceso de transición democrática negociada en Venezuela; que sea un proceso de negociaciones inclusivas, donde existan garantías para todas las partes; donde se cree un sistema político donde efectivamente los perdedores no se van a ver amenazados con persecución política o judicial en el caso de que pierdan las elecciones, que es algo que tú necesitas para crear incentivos para que los perdedores acepten los resultados de las elecciones.
La reconstrucción de ese sistema tendría, yo creo, un aval y un apoyo muy significativo si la comunidad internacional dijese: miren, aquí los organismos multilaterales —Fondo Monetario, Banco Mundial— estamos dispuestos a apoyar este proceso de transición política y económica a través de un programa de asistencia económica que ayude a reconstruir esta economía.
Entonces tú creas una dinámica a favor de la reinstitucionalización, a favor de la democratización y a favor de la resolución pacífica de conflictos, donde se puede crear un proyecto de unidad nacional en torno a esa idea y a ese plan. Y yo creo que ese es el tipo de cosas que nosotros queremos estudiar en el caso venezolano.
“Tienes las bases para que la economía venezolana se expanda en alrededor de un 60% […] en un horizonte de dos o tres años.”
P: Hay otra pregunta que necesito hacerte, ya más ligada al tema de actualidad, que tiene que ver con qué expectativas tienes sobre el crecimiento de la economía venezolana bajo el nuevo esquema de licencias y el control de Estados Unidos sobre el petróleo venezolano. ¿Qué expectativas de inversión tienes respecto al país?
R: La economía venezolana debería crecer bajo este nuevo esquema, debería crecer a una tasa bastante alta a lo largo de los próximos dos, tres años.
Yo creo que ciertamente estaríamos hablando de crecimiento de dos dígitos, crecimiento por encima del 10%. Incluso puede ser bastante más alto. La economía venezolana, precisamente porque experimentó una contracción tan grande, una contracción derivada del desplome de sus ingresos petroleros, si esos ingresos petroleros comienzan a recuperarse, tú vas a tener una expansión muy significativa de los ingresos.
Entonces, fíjate. Por un lado tenemos el efecto del descuento. El petróleo venezolano se estaba vendiendo principalmente a China a un descuento de 15 dólares. Ahora la información que tenemos es que ese descuento —que en buena medida era resultado de las sanciones— ya se ha reducido incluso en las ventas a China en aproximadamente 10 dólares.
Entonces estamos hablando de un incremento de alrededor del 20% en los ingresos petroleros venezolanos solo por la reducción del descuento. Eso, ahí, estamos hablando de aproximadamente 4.000 millones de dólares.
Ahora también tenemos otro efecto que tiene que ver con la recuperación de la producción. Se han permitido las importaciones de diluyentes. Esos diluyentes se pueden mezclar con petróleo. Ese era uno de los grandes problemas que Venezuela tenía: las dificultades con el acceso a diluyentes para poder mezclarlo, para poder procesar su petróleo pesado y convertirlo en un petróleo exportable.
Eso hace rentable la producción de ciertos barriles que no se podían exportar antes. Y eso también lleva a un crecimiento en la producción. Ese crecimiento de la producción se estima que, a lo largo de los próximos dos años, incluso en las estimaciones más conservadoras, puede estar por el orden del 40%.
Entonces, si nosotros combinamos ese 20% con ese 40%, estamos hablando de un efecto mayor al 60%.
Entonces déjame retomar de donde estaba. Si nosotros combinamos ese 20% con ese 40%, estamos hablando de un incremento mayor al 60%.
Eso quiere decir que tú tienes las bases para que la economía venezolana se expanda en alrededor de un 60%, porque hay algo muy interesante, que es que la economía venezolana, su tamaño en dólares, tiene una relación básicamente lineal, proporcional, con los ingresos por exportación petrolera.
Eso yo lo he estudiado y tenemos análisis de eso en los que tú puedes demostrar que, utilizando datos de los últimos 100, 105 años —o sea, desde 1920—, tú efectivamente tienes una relación de largo plazo, una relación de cointegración, entre los ingresos petroleros y el tamaño de la economía.
Eso lo que quiere decir es que si los ingresos petroleros se expanden en un 60%, 70%, el tamaño de la economía se te puede expandir también en un 60%, 70%. Y estamos hablando de un horizonte de dos, tres años.
Eso quiere decir que tú vas a tener crecimientos anuales muy altos en ese escenario, que es un escenario conservador. No estamos hablando de que la producción petrolera te llegue a 1,4 millones, no que te llegue a 3 millones. Es decir, si te llega a 3 millones, estamos hablando incluso de una expansión muchísimo mayor.
Definitivamente las condiciones están dadas para que la economía viva un proceso expansivo, un proceso de recuperación en los próximos años.
Ahora, ¿cómo puede ese proceso de recuperación ser más sólido, más sostenido, ir más allá de ese rebote de corto plazo?
Yo creo que para eso vamos a tener que tener la construcción de un marco institucional más sólido que permita que los inversionistas, efectivamente tanto del sector petrolero como del sector no petrolero, estén dispuestos a hacer las inversiones de largo plazo para llevar a la economía más allá de ese incremento de 400.000 barriles.
Y para eso creo que necesitamos un marco de estabilidad jurídica. Pero yo diría —y no quisiera caer aquí en el reduccionismo en el cual han caído algunos sectores de decir: “bueno, esa es la razón por la que tenemos que tener elecciones para que haya un gobierno democrático y el gobierno democrático haga estas reformas”—, porque la realidad es que yo quiero que eso pase, yo creo que eso sería muy bueno para Venezuela.
Pero no hay que engañarse sobre lo que son las implicaciones económicas de eso. Tú puedes tener un país democrático en el cual exista una política muy polarizante, como lo hay, por ejemplo, en Estados Unidos ahora, y en la cual los inversionistas estén diciendo: “no, este país tiene mucha inestabilidad política, porque hoy en día está en el poder un grupo y mañana puede estar en el poder otro grupo que tenga una idea totalmente distinta”.
Por ejemplo, Ecuador es un país democrático, ha sido un país democrático. Pero cuando Rafael Correa llegó al gobierno, efectivamente hizo una renegociación de la deuda declarando la deuda externa inválida e inconstitucional, que efectivamente le metió mucho miedo a los inversionistas.
Entonces, la inestabilidad de los derechos de propiedad también existe en democracia. No tenemos que caernos en la ilusión de que es una ecuación simple: tenemos democracia, tenemos derechos de propiedad.
Yo creo que la ecuación es distinta. Es: tenemos acuerdo político y tenemos derechos de propiedad más estables. Porque si las fuerzas políticas del país se ponen de acuerdo en respaldar un conjunto de reformas y convertimos esas reformas en producto de un consenso nacional, de un proyecto, de un programa de unidad nacional, entonces eso quiere decir que el apoyo a las reformas va más allá de las diferencias políticas.
Ese es el entorno en que los inversionistas dirían: “sí, si yo veo que estas reformas están siendo impulsadas por el chavismo, pero también tienen el respaldo de la oposición, o están siendo impulsadas por un gobierno de María Corina Machado, un gobierno de Enrique Capriles, un gobierno de Edmundo González, de quien sea que le corresponda, pero también tienen el apoyo del chavismo desde la oposición que está de acuerdo con esta reforma”.
Si podemos lograr ese tipo de acuerdos políticos —que por supuesto requerirían muchas negociaciones—, entonces sí podemos ofrecerle un entorno más sólido a los inversionistas, que es el que pueda atraer esas inversiones de largo plazo que sí nos podrían permitir sostener el crecimiento más allá del rebote inicial.
“Si el uso de los ingresos petroleros se decide mediante un presupuesto secreto elaborado solo por el Gobierno, sin aprobación de la Asamblea ni participación de la sociedad civil, entonces el proceso de reconstrucción corre el riesgo de seguir un patrón que otros países con experiencias similares han vivido, donde ninguno de esos casos ha resultado positivo.“
P: ¿Qué impresiones tienes sobre las declaraciones de Scott best en el Senado que que ahora que dice que habrán autores externos sobre el uso de los ingresos petroleros, que a su vez estarán en cuentas de Qatar.
R: Sí, fíjate. Bueno, en parte lo discutimos antes cuando hablábamos del programa de petróleo por alimentos. Ciertamente, es mejor que haya auditoría externa que no la haya. Sin embargo, a mí me preocupa la forma unilateral en la que esto está ocurriendo, la poca transparencia.
Hay un contrato —según el secretario Best— que fue firmado entre el Gobierno de Venezuela y el Gobierno de Estados Unidos. Pero, ¿dónde está ese contrato? Porque no ha sido aprobado por la Asamblea Nacional y, por tanto, no es un contrato de interés público nacional. Nosotros no sabemos lo suficiente. Incluso el secretario Best fue interpelado por un legislador sobre las bases jurídicas de la potestad que el Gobierno de Estados Unidos tiene para llevar adelante estas ventas, y no tenía una respuesta clara.
Yo creo que en la discusión con Estados Unidos debería haber un planteamiento que no provenga solo del Gobierno de turno, sino que sea un planteamiento nacional. Por ejemplo, se podría crear una junta de supervisión del uso de esos recursos donde estén representados gobierno, oposición y sociedad civil.
Uno de los problemas que me preocupa mucho de lo que está pasando es que estos esquemas de “tutela” o protectorados tienen antecedentes muy negativos. Estados Unidos los ha adoptado en Cuba, República Dominicana, Haití, Filipinas, hace aproximadamente un siglo, y más recientemente en Irak. Estos esquemas suelen generar políticas distorsionantes y problemas de corrupción, pero también crean incentivos políticos perversos: los políticos locales se especializan en hacer lobby en Washington en lugar de resolver los problemas de sus propios ciudadanos.
Si revisamos la historia de Cuba en la primera mitad del siglo XX, por ejemplo, la relación de dependencia era tan fuerte que se creó una clase política desvinculada de los problemas de los cubanos. Las decisiones importantes no se tomaban en Cuba, sino en Washington, Miami o en la casa del embajador estadounidense.
Investigadores como Darrow y James Robinson han apuntado a este problema: tratar de imponer instituciones sólidas externamente falla si no hay participación local. Para que se construyan instituciones efectivas en Venezuela, debe haber gobernanza local y nacional.
Si el uso de los ingresos petroleros se decide mediante un presupuesto secreto elaborado solo por el Gobierno, sin aprobación de la Asamblea ni participación de la sociedad civil, entonces el proceso de reconstrucción corre el riesgo de seguir un patrón que otros países con experiencias similares han vivido, donde ninguno de esos casos ha resultado positivo.
En resumen, la auditoría externa es mejor que no tenerla, pero la forma en que se está implementando plantea riesgos históricos y políticos que deben atenderse con participación nacional y control local.
