La Asamblea Nacional de Ecuador en el proceso de votación. Fotografía: Archivo de Prensa de la Asamblea Nacional de Ecuador.
Guacamaya, 28 de agosto de 2025. Con 86 votos a favor, la Asamblea Nacional respaldó la decisión del presidente Daniel Noboa de terminar el acuerdo binacional que facilitaba la regularización de ciudadanos venezolanos. Aunque se mantendrán derechos básicos, ya no habrá procesos especiales para migrantes.
La Asamblea Nacional de Ecuador aprobó este 27 de agosto la salida del país del Estatuto Migratorio con Venezuela, un mecanismo que desde 2019 permitía la regularización especial de miles de ciudadanos venezolanos. La resolución, que contó con 86 votos afirmativos, fue cuestionada por la bancada de la Revolución Ciudadana, que decidió abstenerse al considerar la medida contraproducente.
Desde la oposición, el exministro Ricardo Patiño criticó la decisión e instó al Ejecutivo a priorizar acuerdos que fortalezcan los vínculos entre las comunidades de ambos países. Sin embargo, la mayoría legislativa defendió la necesidad de que Ecuador asuma un “manejo soberano y sostenible” de la migración.
La decisión se produce en un contexto de relaciones diplomáticas fracturadas entre Quito y Caracas. Tras las elecciones presidenciales venezolanas de julio de 2024, el gobierno de Noboa rompió relaciones con Venezuela y solicitó a Suiza actuar como potencia protectora de sus intereses. El acuerdo fue firmado en diciembre de ese mismo año por el consejero federal suizo Ignazio Cassis y la embajadora ecuatoriana en Berna, Verónica Bustamante Ponce.
Gracias a este mandato, Suiza representa desde entonces a Ecuador en Venezuela, garantizando un canal diplomático y consular mínimo a través de sus embajadas en Caracas y Quito. Esta tradición de “buenos oficios” forma parte de la política exterior suiza, que ya ejerce siete mandatos similares en países como Irán, Rusia, Georgia, Estados Unidos, México y Canadá.
Con la terminación del Estatuto Migratorio, los ciudadanos venezolanos en Ecuador seguirán accediendo a derechos básicos, pero pierden el acceso a procesos de regularización especiales, lo que podría marcar un nuevo capítulo en la gestión migratoria del país andino.
