Guacamaya, 1 de octubre de 2025. El Consejo de Seguridad aprobó el despliegue de hasta 5.500 efectivos en Haití para combatir a las bandas armadas, en medio de críticas por la falta de financiamiento y dudas sobre la estrategia.
Haití recibirá una nueva misión internacional de seguridad. El Consejo de Seguridad de la ONU aprobó la creación de la Fuerza de Eliminación de Pandillas (GSF, por sus siglas en inglés), que sustituirá a la debilitada Misión Multinacional de Apoyo a la Seguridad (MSS). Esta última, encabezada por Kenia, nunca logró consolidarse y apenas desplegó 970 efectivos de los 2.500 previstos.
La resolución, presentada por Estados Unidos y Panamá, fue adoptada con 12 votos a favor y 3 abstenciones —China, Rusia y Pakistán—. El mandato inicial será de 12 meses e incluirá hasta 5.500 policías y militares, además de 50 civiles. Su tarea principal: respaldar a la Policía Nacional Haitiana en el combate a las bandas criminales, que ya controlan el 90 % de Puerto Príncipe y mantienen en vilo al país con asesinatos, secuestros y violencia sexual.
El primer ministro Ariel Henry había pedido con urgencia esta intervención durante la Asamblea General de la ONU, asegurando que la violencia de las pandillas representa una amenaza no solo para Haití, sino para toda la región. “En nombre de las mujeres y niñas violadas cada día, de las familias desplazadas y de los niños sin educación, insto a la comunidad internacional a actuar”, declaró.
Más allá de la violencia, la crisis haitiana se agravó en los últimos años y un factor clave fue la suspensión del programa Petrocaribe, que durante más de una década proporcionó a Haití petróleo subsidiado de Venezuela y que tras el recrudecimiento de la crisis venezolana, las malas politicas en PDVSA, el esquema de opacidad en el manejo de fondos en el gobierno haitiano y la sanciones estadounidenses se redujeron los recursos para financiar proyectos sociales y de infraestructura. La cancelación del esquema en 2019 dejó al Estado sin una de sus principales fuentes de ingresos, profundizó la dependencia de la ayuda internacional y desató un ciclo de inestabilidad política y económica que abrió más espacio a las pandillas.
La nueva operación enfrenta, sin embargo, un obstáculo central: la financiación no está asegurada. Como en el caso de la MSS, dependerá de contribuciones voluntarias de los Estados miembros. El fracaso anterior es un mal augurio: de los 600 millones de dólares presupuestados para la MSS en su primer año, apenas se recaudaron 115 millones.
El Consejo también autorizó la incorporación de contingentes militares, lo que genera preocupación entre organizaciones humanitarias, que advierten que no están preparados para enfrentar dinámicas comunitarias y delictivas tan enraizadas.
Las abstenciones en la votación reflejaron esas dudas. China criticó la ausencia de estudios previos y la falta de inclusión en el diseño de la misión, mientras que Rusia calificó la decisión como “una aventura peligrosa y mal planificada”.
Con más de 3.000 homicidios y 1.500 secuestros registrados solo este año, además de 200.000 personas desplazadas —la mitad, niños—, la ONU confía en que la nueva fuerza logre revertir la espiral de violencia y abra el camino hacia elecciones democráticas en Haití.
