El cese del beneficio representa un cambio radical en la política migratoria estadounidense hacia una comunidad numerosa y en situación delicada. Fotografía: Venezuelan American Caucus
Guacamaya, 8 de noviembre de 2025. La comunidad venezolana en Estados Unidos atraviesa un antes y un después luego de este 7 de noviembre, día en el que se oficializó el fin del amparo migratorio bajo el Estatus de Protección Temporal (TPS, por sus siglas en inglés). Ahora, unos 600.000 connacionales pierden sus permisos de trabajo, además de estar oficialmente desprotegidos contra la deportación.
La medida que desde hace años les ha permitido a venezolanos residir y trabajar legalmente en suelo norteamericano llegó a su fin este viernes. Con ello, un grupo de 250.000 migrantes, que recibió la designación de la protección en 2021, se unió a otro de 350.000, beneficiarios desde 2023, que vio cancelada su protección un mes antes tras un fallo de la Corte Suprema estadounidense.
La única excepción contempla a una minoría de beneficiarios bajo designación de 2023, que presentaron solicitud de renovación antes del 5 de febrero de 2025 y quienes mantendrán su permiso de trabajo hasta octubre de 2026. El resto perdió el estatus a partir del fallo de octubre y con la imposibilidad de extender la designación de los beneficiados en 2021.
A partir de este momento, los perjudicados por la reorientación de la política migratoria estadounidense deben buscar otra vía legal para no ser sujetos a procedimientos migratorios o enfrentar la deportación. Mientras, esto ocurre en un contexto donde la situación política y social en Venezuela, compleja y contradictoria, continúa empujando a sus ciudadanos a buscar refugio.
Reapariciones de vocerías políticas y un contexto tenso
Con el vencimiento del TPS, destacaron algunas posturas públicas en la política venezolana, en especial tras el silencio aguardado de algunos de ellos, durante meses de decisiones, apelaciones y fallos que han terminado por concluir con el cese de la protección.
Por un lado, María Corina Machado y Edmundo González se pronunciaron al solicitar a Estados Unidos reconsiderar la eliminación del beneficio, aunque sus llamados vienen justo el día que culminó la vigencia. Ello sugiere una falta de seguimiento y acciones concretas tras el anuncio inicial en febrero, cuando María Corina señaló su intención de impulsar opciones para proteger a los migrantes.
«Nuestro corazón está con cada uno de ellos en esta situación crítica. Trabajamos día y noche para alcanzar de las autoridades estadounidenses una revisión del caso y lograr la emisión de un estatus que los proteja. Lo hemos solicitado a la administración y al Congreso estadounidense a través de distintas gestiones permanentes», expresaron los dirigentes de forma conjunta a través de X.
En abril, el presidente Nicolás Maduro culpó directamente a María Corina por la suspensión del beneficio, tras acusarla de influir negativamente en la decisión estadounidense. «Fue una manipulación que creó María Corina Machado, Leopoldo López y Juan Guaidó para justificar sanciones y agresiones el pueblo, así lo hemos denunciado y nuestro pueblo va a seguir derrotando esa manipulación con la verdad», expresó en aquella oportunidad.
Mientras tanto, otras figuras opositoras como Henrique Capriles y Antonio Ecarri han mantenido una postura sostenida y reiterativa en rechazo a la cancelación de la protección y con la exigencia al gobierno de Estados Unidos de reconsiderar la medida.
Mientras tanto, diversas organizaciones civiles alertan que la medida podría aumentar el riesgo de explotación laboral, deportaciones en gran escala y rupturas familiares.
Todo esto se enmarca en un contexto de tensiones políticas por el reciente despliegue militar estadounidense en el Caribe, hecho que María Corina ha avalado públicamente. La situación, reflejo de la polarización política, añade más complejidad al escenario que rodea esta decisión migratoria.
Nuevas opciones de los venezolanos para evitar la deportación
Frente a la decisión, los venezolanos afectados tienen varias alternativas, aunque ninguna con la garantía ni simplicidad con la que contaba el TPS. Expertos como el abogado Jesús Reyes, en declaraciones a la prensa, insiste en que «no hay vía colectiva, pero sí opciones legales por caso». No obstante, la falta de un camino claro y rápido genera preocupación porque la mayoría quedó en un limbo legal.
Una de las medidas más accesibles para los venezolanos es el asilo pero la Administración de Donald Trump ha endurecido criterios para su solicitud, tras instruir a jueces, desde abril de 2025, a desestimar casos considerados «deficientes». Este proceso puede ser largo, incierto y, ante dicho contexto, presentar bajos índices de aceptación.
Otra alternativa es optar por visas humanitarias o de inmigrante al ajustar ciertas condiciones específicas. Una de ellas es la Visa U, relacionada a víctimas de delitos graves que cooperan con autoridades; otra es la Visa U, destinada a víctimas de tráfico humano o explotación laboral; o la VAWA, que contempla a víctimas de violencia doméstica.
A su vez, es posible explorar mecanismos de regularización mediante patrocinio familiar o laboral si aplican. Si el migrante tiene una oferta laboral calificada puede optar a una visa de trabajo. También existe la posibilidad de solicitar la residencia permanente mediante un familiar inmediato, como un cónyuge o un hijo ciudadano mayor de 21 años.
Por su parte, el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) está promoviendo a los inmigrantes sin estatus legal su salida voluntaria mediante la aplicación CBP Home, con incentivos como pasajes gratuitos, condonación de multas por presencia ilegal y un apoyo económico de $1.000. Con ello, buscan facilitar su viaje de regreso al país de origen o un tercer territorio en el que tengan estatus legal.
El abogado José Guerrero, experto en leyes de inmigración, a través de Telemundo Digital, sugirió que los ciudadanos afectados «consulten con un abogado experto en leyes migratorias para ver las opciones de su caso» y así evitar ser víctimas de fraude. A su vez, Jessika Domínguez, abogada de inmigración, instó a los venezolanos afectados «a revisar su situación migratoria lo antes posible».
