Imagen de la votación en el Senado de Estados Unidos el 8 de enero de 2025, sobre la Resolución de Poderes de Guerra en relación con Venezuela. Fotografía: U.S. Senate.
Guacamaya, 8 de enero de 2026. Una ajustada votación bipartidista en la Cámara Alta reabre el debate sobre quién decide la guerra en Estados Unidos, luego de la sorpresiva operación militar en Venezuela y en medio de crecientes temores sobre las ambiciones exteriores del presidente.
Washington volvió a convertirse en escenario de una pugna constitucional de alto voltaje. El Senado de Estados Unidos aprobó este jueves, por 52 votos a favor y 47 en contra, avanzar una resolución que limitaría la capacidad del presidente Donald Trump para ordenar nuevas acciones militares contra Venezuela sin autorización expresa del Congreso. Aunque la iniciativa tiene escasas probabilidades de convertirse en ley, el gesto político marca un punto de inflexión tras la captura del presidente venezolano Nicolás Maduro por fuerzas estadounidenses.
La resolución, basada en la Ley de Poderes de Guerra, contó con el respaldo de todos los demócratas y de cinco senadores republicanos: Rand Paul, Lisa Murkowski, Josh Hawley, Susan Collins y Todd Young. El resultado garantiza una votación final en el Senado, aun cuando la Casa Blanca ya ha dejado claro que Trump no firmaría una medida que limite su margen de acción.
Más allá de su viabilidad legislativa, la votación expuso el malestar de un sector del Partido Republicano ante una operación militar de gran envergadura ejecutada sin notificación previa al Capitolio. La incursión nocturna que culminó con la detención de Maduro y de su esposa, Cilia Flores, fue conocida por muchos legisladores solo después de que el propio presidente la hiciera pública.
La Casa Blanca ha defendido la operación como una acción necesaria dentro de un marco legal flexible, que ha ido mutando desde la lucha contra el narcotráfico y el terrorismo hasta una supuesta operación de carácter judicial para llevar a Maduro ante tribunales estadounidenses. Sin embargo, los críticos advierten que el siguiente paso del Ejecutivo —el control directo de los recursos petroleros venezolanos— podría abrir la puerta a una escalada militar sin controles claros.
“El punto no es si Maduro es un autócrata”, sostuvo el senador Rand Paul, uno de los republicanos que apoyó la resolución. “La cuestión central es quién tiene la autoridad para llevar a este país a la guerra”.
El senador demócrata Tim Kaine, impulsor de la iniciativa, afirmó que el Congreso no puede seguir actuando a oscuras frente a decisiones militares de esta magnitud. “Es hora de sacar estas acciones de la clandestinidad y someterlas al escrutinio público”, dijo durante el debate en el pleno.
Desde el liderazgo republicano, el tono fue muy distinto. El jefe de la mayoría en el Senado, John Thune, defendió la estrategia presidencial bajo el lema de “paz a través de la fuerza” y aseguró que la operación en Venezuela envió un mensaje inequívoco al hemisferio occidental. Otros senadores, como Thom Tillis, expresaron respaldo condicionado: apoyo a la intervención inicial, pero reticencias claras a un despliegue prolongado sin aval legislativo.
El trasfondo del debate va más allá de Venezuela. Las declaraciones recientes de Trump y de altos funcionarios sobre la posibilidad de usar la fuerza para tomar el control de Groenlandia han encendido alarmas incluso dentro del Partido Republicano. Aunque la mayoría rechaza una acción militar contra un territorio perteneciente a Dinamarca, aliado de la OTAN, la sola mención del escenario ha reforzado los temores sobre un uso expansivo del poder presidencial.
Para los demócratas, el caso venezolano es un ejemplo extremo de un patrón que se ha profundizado en el segundo mandato de Trump: operaciones militares decididas desde la Casa Blanca, con consultas mínimas o inexistentes al Congreso. “El presidente habló con ejecutivos petroleros, pero no con los líderes electos”, denunció el líder de la minoría, Chuck Schumer.
La Constitución otorga al Congreso la facultad de declarar la guerra, pero esa prerrogativa no se ejerce formalmente desde la Segunda Guerra Mundial. La Ley de Poderes de Guerra, aprobada tras Vietnam, intentó imponer límites temporales al uso de la fuerza sin autorización legislativa, aunque presidentes de ambos partidos han estirado esas fronteras durante décadas.
La votación de este jueves no cambia de inmediato la política exterior estadounidense, pero sí deja una señal política clara: incluso en un Congreso controlado por los republicanos, el consenso automático en torno al poder militar del presidente empieza a resquebrajarse. Y Venezuela se ha convertido, una vez más, en el epicentro de ese debate.
La respuesta del presidente Donald Trump fue tajante: acusó al Senado de usurpar sus facultades como comandante en jefe y defendió que la Ley de Poderes de Guerra viola la Constitución, en medio de un debate encendido sobre el alcance de la intervención estadounidense en Venezuela.
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, calificó este viernes de “inconstitucional” la resolución del Senado que busca limitar su capacidad para ordenar nuevas acciones militares contra Venezuela sin la aprobación del Congreso, desatando un choque abierto entre el Ejecutivo y una parte del Legislativo.
En una serie de publicaciones en su red social Truth Social, Trump sostuvo que la resolución “obstaculiza enormemente” la capacidad de Estados Unidos para defenderse y proteger su seguridad nacional. “Los republicanos deberían avergonzarse de los senadores que acaban de votar junto a los demócratas para intentar quitarnos nuestros poderes para luchar y defender EEUU”, escribió el mandatario, acusando a los congresistas de debilitar el rol del presidente como comandante en jefe de las Fuerzas Armadas
Trump llegó incluso más lejos al cuestionar la legalidad de la propia Ley de Poderes de Guerra de 1973 —una legislación diseñada precisamente para limitar el uso de fuerza militar sin el respaldo legislativo— y aseguró que es “inconstitucional” porque, a su juicio, invade las facultades que la Constitución reserva al Ejecutivo bajo el artículo II. “Todos los presidentes y sus Departamentos de Justicia antes que yo han determinado lo mismo”, afirmó el presidente.
Aunque la resolución del Senado avanza hacia una votación final y simboliza una creciente preocupación bipartidista sobre el alcance del poder presidencial, expertos legales y legisladores anticipan que, de llegar a la Cámara de Representantes, la medida tendría pocas posibilidades de convertirse en ley —especialmente ante un posible veto presidencial— dado el control republicano de esa cámara y la firme oposición de la Casa Blanca.
