El Edificio de Justicia Robert F. Kennedy en Washington DC, la sede del Departamento de Justicia de los Estados Unidos. Fotografía: Coolcaesar | Wikimedia Commons.
Guacamaya, 11 de marzo de 2026. El Departamento de Justicia de Estados Unidos envió hoy una carta oficial a la jueza magistrada Sarah Netburn, de la Corte del Distrito Sur de Nueva York, en la que reconoce formalmente a Delcy Rodríguez como “única Jefe de Estado” de Venezuela.
Este documento, surge en respuesta a una invitación del tribunal para una declaración de interés en relación el impacto de los recientes acontecimientos en Venezuela sobre los asuntos pendientes ante el Tribunal.
El texto, fechado precisamente el 11 de marzo de 2026, detalla que Estados Unidos respalda “un proceso por fases que cree las condiciones para una transición pacífica hacia un gobierno elegido democráticamente” En ese marco, Delcy emerge como la única figura legitimada “para actuar en nombre de Venezuela”
Sin embargo, el Departamento de Justicia evitó tomar partido en lo sustantivo, específicamente en lo relacionado a la oportunidad de fijar posición con respecto a litigios clave: no opina sobre quién representa “entidades estatales de Venezuela”, que en la práctica incluyen PDVSA y sus filiales como Citgo Petroleum.
Implicaciones jurídicas: activos y soberanía
Este paso tiene efectos inmediatos en los tribunales neoyorquinos, donde se ventilan casos de miles de millones en activos congelados, demandas por narcotráfico y violaciones de DDHH. Quien sea jefe de Estado es responsable de la defensa legal ante estos casos abiertos. Hasta la fecha, en Estados Unidos esta labor ha recaído ante los autodenominados “Gobierno Interino” de Juan Guaidó y su ente sucesor, la “Asamblea Nacional del 2015” o AN 2015.
El reconocimiento también afecta a quién acudiría en defensa de ciudadanos venezolanos en el exterior. Por ejemplo, en las últimas semanas Nicolás Maduro ha tenido acceso a un representante consular del Gobierno liderado por Delcy Rodríguez.
Las implicaciones de esta decisión llegarán también a la subasta de PDV Holding, la matriz de Citgo hoy en manos de la AN 2015. Acreedores de Venezuela y PDVSA, al no poder reclamar sus deudas en Caracas, han buscado en muchos casos liquidar activos del Estado, como la famosa corporación de refinación.
En tanto, la Corte del Distrito Sur de Nueva York tendrá la autoridad para validar representantes legales, sin guía ejecutiva clara, lo que puede propiciar retrasos y posibles fallos en derecho internacional. Sin embargo, se espera una resolución en los próximos días que defina el reconocimiento de representantes legales sin ambigüedades.
Más allá de las cortes, un movimiento político
Washington formaliza su apuesta por la transición, al acompañarla en lugar de liderarla, lo que busca priorizar estabilidad sobre confrontación. De esta forma, se desentiende del “Gobierno Interino” de Guaidó y su sucesor, y da la bienvenida a un pragmatismo realista.
Para el chavismo, puede representar un triunfo simbólico que fortalece a Delcy en la nueva era de Gobierno. Para la oposición, una oportunidad tras la llamada fase transicional. Es de destacar, que Estados Unidos no otorga representación legal plena, lo que implica que es un reconocimiento parcial sujeto al desarrollo de próximos hechos.
Este movimiento podría ser otro clavo en el ataúd para la AN 2015, cuya razón de ser en los últimos años se ha limitado a administrar y organizar la defensa legal de ciertos activos de la nación en el exterior, como PDV Holding y Citgo, o varias cuentas del Banco Central de Venezuela (BCV). Las últimas han servido para financiar sus propias actividades a través de préstamos millonarios, sin una ruta para su devolución.
