Organizaciones civiles exigen mayor transparencia en relación a las liberaciones así como la extensión de la medida para todos los detenidos por razones políticas. Fotografía: Provea.
Guacamaya, 26 de diciembre de 2025. La noche de este jueves 25 de diciembre el gobierno venezolano oficializó la excarcelación de 99 personas detenidas tras el desarrollo de protestas postelectorales de 2024. No obstante, organizaciones no gubernamentales han registrado cifras inferiores de estas liberaciones que, además de contemplar en su mayoría medidas cautelares, no incluyen figuras politicas de primera línea y consideran insuficientes.
A través de un comunicado difundido en redes sociales, el Ministerio de Servicio Penitenciario aseveró que los liberados estaban involucrados en hechos de «violencia e incitación al odio». Esto en relación a las manifestaciones contra el resultado electoral anunciado por el Consejo Nacional Electoral (CNE) que dio como vencedor a Nicolás Maduro frente a Edmundo González Urrutia.
Antes de este anuncio, organizaciones civiles como Foro Penal y Justicia, Encuentro y Perdón, han situado entre 902 y 1.085, respectivamente, la cifra de personas detenidas por motivos políticos en Venezuela. Mientras tanto, el gobierno de Nicolás Maduro niega la tesis de que en el país existan presos políticos y, en su lugar, califica los casos como «personas detenidas por hechos punibles».
El Ejecutivo señaló que estas excarcelaciones son una expresión de «compromiso con la paz, el diálogo y la justicia». En el comunicado, se sostiene que el Estado garantiza un «trato basado en la legalidad y la atención integral» a los privados de libertad. En perspectiva, esta acción puede verse como un gesto para descomprimir la presión en su contra en medio de la tensión politica y militar con Estados Unidos.
Las dudas en relación a las cifras
Tras el anuncio de las excarcelaciones por parte del Ministerio de Servicio Penitenciario, distintas organizaciones gubernamentales que abordan la materia subrayan importantes discrepancias en cifras y cierta opacidad, además de calificar la medida como insuficiente. De acuerdo al propio comunicado, los beneficiados recibirán medidas sustitutivas de libertad tras la evaluación individual de su caso.
Foro Penal hasta el momento ha podido verificar y enlistar 45 de las 99 excarcelaciones anunciadas e instó al gobierno a publicar un listado oficial para confirmar los casos. Esta versión coincide con la de Justicia, Encuentro y Perdon, que afirma haber confirmado la mitad de las excarcelaciones, aunque en reportes previos estimaban entre 63 y 75 los beneficiarios de la medida.
Previo al anuncio oficial, el Comité de Madres en Defensa de la Verdad fue uno de los primeros organismos en brindar un reporte al informar la cifra de 71 excarcelaciones. Este número fue dado a conocer también por el Comité por la Libertad de los Presos Políticos (Clippve), aunque hasta el momento ha logrado enlistar 63 de esos 71, de acuerdo a un comunicado en redes sociales.
Perfiles de las personas excarceladas
Dentro de los liberados figuran la docente Carmen Salazar, oriunda de Yaracuy; la médica internista Marggie Orozco, del estado Táchira; así como tres jóvenes —Luisneidel Zúñiga, Ángel González y Abraham Rivero— que permanecían recluidos en el retén de La Guaira. Los liberados continúan enfrentando procesos judiciales y tendrán que acudir de forma regular a los tribunales correspondientes.
La lista verificada por ONGs incluye otros nombres como el de la docente María Elena Becerra Chacón, y el joven Andrew Jhosep Morales Ynojosa y, al menos otros 42, procedentes de prisiones como Tocorón, La Crisálida y centros en Táchira. Ningún político o activista prominente figura entre los beneficiados, y muchos permanecen con restricciones como prohibición de declaraciones públicas.
El total de detenidos por motivos políticos sigue elevado, si se tienen en cuenta los registros previos de Foro Penal (902 encarcelados) de Justicia, Encuentro y Perdón (1.085 prisioneros), lo que hace de estas excarcelaciones un porcentaje mínimo en comparación. De este modo estas organizaciones, no solo han exigido mayor transparencia sino la extensión de la medida para todos los perjudicados.
Reacciones políticas y de activismo
El diputado electo, Henrique Capriles, calificó la medida como «una clara expresión de voluntad para generar un clima de paz interna», una acción que subrayó como necesaria. Sin embargo, subrayó que «aún quedan tras las rejas cientos de presos políticos que deben ser liberados», situación por la que afirma seguirá alzando la voz «hasta que todos estén de vuelta con sus familias».
Por su parte, Edmundo González Urrutia, quien es reclamado por la oposición mayoritaria como el presidente electo en la contienda de 2024, señaló que «quienes hoy recuperan la calle siguen privados de libertad plena». En relación a la cifra de excarcelados, señaló que «no se trata de números ni de balances políticos» sino de personas que «nunca debieron estar privadas de libertad».
Amnistía Internacional, en su lugar, no hizo mención a los liberados, pero sí exigió la libertad incondicional de activistas de la sociedad civil como Javier Tarazona, Rocío San Miguel, Carlos Julio Rojas, Eduardo Torres y Kennedy Tejera. A su vez, pidió la libertad de Nicmer Evans, José Patines, Gabriel Rodriguez (menor), Enrique Márquez, Freddy Superlano, Rory Branker y otros detenidos «arbitrariamente».
