Según la ONG Foro Penal, hasta 426 liberaciones de presos políticos se han registrado desde el 8 de enero de 2026, aunque con medidas cautelares restrictivas que amenazan la libertad de los beneficiarios. Fotografía: Captura Redes Sociales.
Guacamaya, 10 de febrero de 2026. Desde tempranas horas de este domingo las autoridades venezolanas iniciaron una nueva fase de excarcelaciones de presos políticos. Este proceso se distinguió de otros similares por la liberación de dirigentes opositores clave, aunque también por el caso singular de Juan Pablo Guanipa, liberado y nuevamente encarcelado poco después, un hecho que ensombrece el alcance real de estos indultos.
La liberación y posterior detención de Juan Pablo Guanipa encendió las alarmas en familiares y organizaciones defensoras de derechos humanos. Casi 12 horas después de que fuera excarcelado, la tarde de este domingo, su hijo Ramón denunció, pasada la medianoche del lunes, que Guanipa había sido “secuestrado” por “un grupo de personas armadas”.
Finalmente, y tras al menos 24 horas sin que se conociera su paradero, este martes 10 de febrero Juan Pablo Guanipa fue trasladado a su residencia en Maracaibo, Zulia, donde cumplirá detención domiciliaria. El dirigente llegó a su casa con un grillete electrónico y con más restricciones, como la prohibición de declarar a los medios de comunicación, tras una presunta violación de otras medidas cautelares.
Su hijo Ramón Guanipa confirmó en X: “Confirmo que mi papá, Juan Pablo Guanipa, está en mi casa en Maracaibo. Estamos aliviados de saber que mi familia estará junta pronto”. Agradeció a su vez al gobierno de EE.UU., incluidos el presidente Donald Trump, el secretario Marco Rubio y el senador Rick Scott. La familia insiste en que “casa por cárcel sigue siendo prisión” y exige libertad plena para todos los presos políticos.
Un caso que denota contradicciones
Al salir de prisión y antes de ser detenido nuevamente, Guanipa había declarado a agencias internacionales que Venezuela “debe ir hacia un proceso electoral”. Asimismo, acompañó a otros dirigentes políticos, sociales y estudiantiles en un recorrido por distintos centros de detención para acompañar a los familiares de otros detenidos que aún aguardan por la liberación de sus seres queridos.
La boleta de excarcelación de Guanipa, emitida el 7 de febrero, solo imponía presentación cada 30 días y prohibición de salida del país, sin restricciones a declaraciones públicas o redes sociales. Sin embargo, tras darse a conocer su posterior detención, el Ministerio Público solicitó la revocación de dicha boleta, la misma madrugada del 9 de febrero, al alegar incumplimiento, además de pedir detención domiciliaria.
El abogado defensor Joel García aseguró, en un hilo de X, que no había base legal para la revocación de las medidas cautelares impuestas al dirigente opositor Juan Pablo Guanipa. “Declarar ante medios o acompañar a familiares no violaba ninguna medida cautelar, porque el tribunal no impuso restricciones de expresión, reunión o participación pública”, dijo en su publicación.
El hermano de Juan Pablo, Tomás Guanipa, actual diputado de la Asamblea Nacional, calificó la nueva detención como un “tsunami”, para la familia. “Lo que ocurrió ayer (el mismo lunes), si queremos verlo en perspectiva hacia el futuro, sirve para entender los riesgos que estamos viviendo en estos momentos. La difícil situación que estamos atravesando”, señaló en el marco de una discusión de consulta pública sobre la Ley de Amnistía.
Juan Pablo Guanipa había sido detenido anteriormente el pasado 23 de mayo de 2025 tras permanecer varias semanas en la clandestinidad, en una etapa en la que autoridades venezolanas incrementaron el hostigamiento político contra opositores previo a las elecciones legislativas y regionales a disputarse días después. Tras más de un año y medio logró reencontrarse, aunque en una breve libertad, con su familia.
El partido Vente Venezuela aseguró que el dirigente opositor Juan Pablo Guanipa, actualmente permanece en la sede de la Policía Nacional Bolivariana en Maripérez, recinto penitenciario donde estaba detenido anteriormente. Según Orlando Moreno, coordinador nacional de la organización, la detención contradice la versión del fiscal general Tarek William Saab, que ordena detención domiciliaria.
Desde luego, el caso Guanipa ilustra, como mínimo, contradicciones persistentes entre autoridades judiciales y el Ministerio Público. Este tramo de excarcelaciones, aunque contrasta con etapas previas por su foco en nombres de alto perfil opositor, sigue evidenciando que los beneficiarios no gozan de una libertad plena. El panorama sigue en tensión y persiste la incertidumbre por conocer su verdadero alcance.
Excarcelaciones masivas: 426 presos políticos liberados desde enero
Según la ONG Foro Penal, para las 7 de la noche de este 8 de febrero, habían sido liberadas al menos 35 personas identificadas como presos políticos, entre quienes destacan excarcelaciones notables. Además de Guanipa, quien es dirigente de Primero Justicia, otras liberaciones prominentes incluyeron a Jesús Armas, del mismo partido; Luis Somaza, de Voluntad Popular, y Perkins Rocha de Vente Venezuela.
Otros nombres que también figuran en la lista son las dirigentes Catalina Ramos (hispano-venezolana), Dignora Hernández, Albany Colmenares y Nikoll Arteaga, así cómo Henry Alviarez y Enrique Ferreira, todos vinculados a Vente Venezuela (tolda liderada por María Corina Machado). La madrugada del lunes 9 de febrero se sumó el exdiputado y exgobernado electo, Freddy Superlano, de Voluntad Popular.
Se desconoce una actualización posterior a la lista de excarcelados compartida por Foro Penal, pese a anunciarse nuevas liberaciones tras la publicación de la noche de este domingo. Sin embargo, para la mañana de este lunes se ha confirmado un total de 426 excarcelaciones de presos políticos desde el 8 de enero de 2026, día que se realizó el anuncio oficial sobre excarcelaciones masivas.
Las cifras de Foro Penal contrastan con las del ministro de Interior y Justicia, Diosdado Cabello, quien afirmó que desde diciembre el Gobierno ha liberado a 897 personas, aunque hasta ahora no se ha difundido un listado oficial. Estas medidas se producen en paralelo al proceso de consulta pública del proyecto de Ley de Amnistía, promovido por el Ejecutivo interino y ya aprobado en primera discusión por la Asamblea Nacional.
