Un grupo de senadores, encabezado por Adam Schiff, de California, y Tim Kaine, ambos del Partido Demócrata, ha impulsado la Resolución 83, que busca poner fin al uso de las Fuerzas Armadas en operaciones en el Caribe sin autorización expresa del Congreso. La iniciativa cuenta además con el respaldo del senador republicano Rand Paul. Este esfuerzo se suma a la iniciativa presentada días antes por el Caucus Progresista.Fotografía: redes sociales.
Guacamaya, 8 de octubre de 2025. La iniciativa, liderada por senadores demócratas, busca poner fin al uso de las Fuerzas Armadas sin autorización del Congreso en acciones contra embarcaciones presuntamente ligadas al narcotráfico en aguas cercanas a Venezuela.
Los senadores vuelven a poner sobre la mesa el debate sobre los límites de la acción militar presidencial. Un grupo de senadores, encabezado por Adam Schiff, Tim Kaine, Ron Wyden, Bernie Sanders, Jeff Merkley y con el apoyo del republicano Rand Paul, presentó la Resolución 83 que pretende terminar con el uso de las Fuerzas Armadas para operaciones en el Caribe sin autorización expresa del Congreso.
Según el texto, desde el 2 de septiembre de 2025 las fuerzas militares estadounidenses han ejecutado al menos cuatro ataques letales contra embarcaciones a las que se les atribuyó presunta vinculación con el narcotráfico. Estos operativos habrían dejado un saldo de 21 muertos aún no identificados. Los senadores denuncian que tales acciones se realizaron sin un aval legislativo, ni prueba suficiente de una amenaza inminente o justificación legal clara.
La resolución recalca que el Ejecutivo no puede arrogarse la facultad de ordenar ataques militares contra individuos o grupos sin que exista una declaración formal de guerra o una autorización específica para el uso de la fuerza. El documento critica además que la Casa Blanca haya elaborado listas de organizaciones consideradas objetivos militares sin criterios transparentes ni validados por el Congreso.
Los impulsores de la medida advierten que la lucha contra el narcotráfico debe centrarse en la cooperación policial internacional y no en intervenciones militares, que podrían desestabilizar aún más a la región. Alertan también sobre el riesgo de que esta estrategia escale hacia un conflicto abierto con Venezuela y agrave la crisis migratoria hacia Estados Unidos.
El senador por Arizona, Rubén Gallego, escribió en su cuenta de X que la propuesta equivale a no tener más guerras, algo que es profundamente popular.
El representante por el norte de Virginia, Don Beyer, señaló: “La “operación militar especial” de Donald Trump en Venezuela es una idea terrible. Está pasando de asesinar personas en barcos sin cargos ni debido proceso a lo que parece ser un cambio de régimen mediante la fuerza militar. Un “presidente de la paz” no inicia nuevas guerras imprudentes e innecesarias”.
El senador por California, Adam Schiff, expresó en X: “Hoy, junto a @SenTimKaine, forzaremos al Senado a votar sobre la decisión de la administración de volar barcos en el Caribe. Si un presidente puede unilateralmente poner personas o grupos en una lista y matarlos, no existe un límite significativo a su uso de la fuerza”.
Hay que recordar que el pasado 24 de septiembre, la representante Ilhan Omar (Minnesota), vicepresidenta del Caucus Progresista del Congreso (CPC), presentó una Resolución de Poderes de Guerra con el objetivo de detener las hostilidades militares no autorizadas contra Venezuela y contra organizaciones que la administración Trump ha clasificado unilateralmente como terroristas.
La medida cuenta con el respaldo de figuras clave dentro del CPC: Greg Casar (Texas), presidente del bloque; Jesús “Chuy” García (Illinois), encargado de la disciplina interna; y Jim McGovern (Massachusetts), miembro del Comité de Reglas de la Cámara de Representantes. Todos coinciden en que los recientes ataques a buques en el sur del Caribe, ejecutados sin aprobación legislativa, carecen de justificación legal.
Omar ha señalado que la escalada militar “no respondió a un acto de defensa propia ni fue autorizada por el Congreso”. A su juicio, la iniciativa busca reafirmar la separación de poderes: “Solo el Congreso tiene la facultad de declarar la guerra”, insistió.
Greg Casar advirtió que no se puede “permitir que Donald Trump arrastre a Estados Unidos a otra guerra interminable con sus acciones imprudentes”, mientras que activistas y expertos alertan sobre un riesgo mayor. Alex Main, del Centro de Investigación Económica y Política, recordó que la Casa Blanca ha intensificado operaciones con drones y acumulación de armamento en la región, contradiciendo el discurso de Trump de estar “en contra de la guerra”. A su juicio, esta estrategia forma parte de un largo intento de cambio de régimen en Venezuela, acompañado de sanciones económicas que han deteriorado la economía y exacerbado la crisis humanitaria.
Erik Sperling, director de Just Foreign Policy, subrayó que la mayoría de los estadounidenses “no quiere que sus impuestos financien guerras no autorizadas de cambio de régimen” y agradeció a los congresistas que defienden el rol constitucional del legislativo. “Las guerras deben ser debatidas y votadas en el Congreso, no decididas por un presidente rodeado de los mismos halcones que promovieron intervenciones desastrosas en el pasado”, afirmó.
Con esta resolución, el ala progresista del Congreso busca no solo detener la escalada militar en el Caribe, sino también marcar un precedente en defensa del control civil y parlamentario sobre las decisiones de guerra.
La propuesta se apoya en precedentes: en 2020, el Senado aprobó por mayoría bipartidista una resolución para limitar operaciones militares tras el asesinato del comandante iraní Qasem Soleimani, y en 2023 se votó el fin de las autorizaciones de uso de la fuerza en Irak. Ahora, la batalla legislativa se traslada al Caribe, donde el Congreso busca reafirmar su rol constitucional frente a la expansión del poder presidencial en materia de guerra.
