Migrantes venezolanos aterrizan en el areopuerto internacional de Maiquetía tras ser deportados de los Estados Unidos este febrero. Fotografía: Ministerio del Poder Popular para Relaciones Interiores, Justicia y Paz.
Guacamaya, 12 de marzo de 2025. El Departamento de Estado estadounidense reiteró este miércoles que todos los países, “incluyendo Venezuela”, están obligados a aceptar el retorno de sus ciudadanos en situación migratoria irregular en Estados Unidos. La declaración surge tras las críticas del presidente Nicolás Maduro, quien acusó a la administración Trump de sabotear los canales de diálogo bilateral al revocar la licencia de explotación petrolera a Chevron.
Maduro afirmó el sábado que la medida contra la petrolera estadounidense, anunciada el 20 de enero cuando Trump asumió su segundo mandato, interrumpió planes de repatriación de migrantes venezolanos desde EEUU. “Emitieron este tremendo ruido sin explicación. Teníamos vuelos programados para traer a nuestros hermanos”*, declaró el mandatario, sin ofrecer detalles específicos.
La Casa Blanca justificó la decisión alegando incumplimiento de Caracas en dos frentes: recibir deportados “al ritmo acordado” y garantizar condiciones electorales transparentes para los comicios de 2024, cuestionados por la oposición venezolana. Trump ha promovido una agenda migratoria restrictiva, argumentando que busca *”proteger la seguridad nacional”*.
Operativo Grenell: deportaciones y liberaciones
Previo a la escalada, el enviado especial para Venezuela y Corea del Norte, Richard Grenell, sostuvo en enero una reunión con Mad autoridades venezolanas en Caracas, logrando la liberación de seis estadounidenses detenidos en el país. Este acercamiento facilitó la deportación de 609 venezolanos en tres grupos durante febrero, según fuentes oficiales.
Mientras la ONU estima en 7,7 millones el número de venezolanos que han emigrado desde 2015, el gobierno de Maduro rechaza estas estadísticas, tildándolas de “exageradas con fines políticos”.
Analistas sugieren que la reactivación de deportaciones masivas podría usarse como herramienta de presión geopolítica, mientras ambos gobiernos mantienen relaciones rotas desde 2019, cuando EEUU desconoció a Maduro como presidente legítimo.
