La nueva Licencia General 49 llega un día después de la visita del secretario estadounidense de Energía, Chris Wright (izquierda), a Venezuela. En la imagen, aparece junto a la presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez (centro-izquierda), la encargada de negocios de EE. UU. en el país, Laura Dogu (centro-derecha), y el presidente de PDVSA, Héctor Obregón (derecha), durante una visita a la empresa mixta Petroindependencia. Fotografía: PDVSA.
Guacamaya, 13 de febrero de 2026. El Gobierno de Estados Unidos, a través de la Oficina de Control para Activos Extranjeros (OFAC), publicó el viernes una nueva excepción a sus sanciones contra el petróleo y gas venezolanos, permitiendo así nuevas inversiones.
La administración Trump ya había emitido varias licencias generales para permitir actividades de exploración, producción, comercialización y transporte de hidrocarburos venezolanos. En cada una de estas medidas, también se introdujeron controles estrictos para las transacciones con el Estado de Venezuela y PDVSA.
La Licencia General 49, autoriza nuevas inversiones en el sector de petróleo y gas de la nación suramericana, aunque añade “siempre que la ejecución de dicho contrato esté expresamente condicionada a una autorización separada de la Oficina de Control de Activos Extranjeros”.
La Licencia General 50, publicada simultáneamente, ya autoriza las operaciones de las siguientes empresas: Chevron, Eni, Repsol, BP y Shell. Las tres primeras ya tienen una presencia firme en Venezuela, mientras que las dos últimas tienen interés en comenzar a producir gas libre en campos costa afuera alrededor de Trinidad y Tobago. De hecho, las cinco corporaciones tienen concesiones gasíferas en el país.
La decisión de la OFAC llega un día después de la visita histórica del secretario de Energía de EE. UU., Chris Wright a Venezuela. Durante su viaje, se reunió con la presidenta encargada, Delcy Rodríguez, y varios altos cargos de su administración y la estatal PDVSA. También visitó instalaciones de empresas mixtas operadas por Chevron en el oriente del país, donde anunció que la corporación hará nuevas inversiones en la extracción y en los mejoradores de crudo.
Hay otro evento clave: el 29 de enero, antes de la primera licencia, la Asamblea Nacional aprobó por unanimidad una reforma a la Ley de Hidrocarburos, que ofrece mayor control operativo y gerencial a la inversión privada, mientras que reduce drásticamente la carga fiscal sobre la industria, generando una liberalización con pocos precedentes.
Esta medida ya era esperada desde hace más de un mes, ya que el presidente Donald Trump manifestó su intención de que las empresas energéticas, principalmente de EE. UU., inviertan en la producción de petróleo en Venezuela, tras la operación militar del 3 de enero.
En las últimas semanas, el Gobierno de EE. UU. también ha emitido las licencias generales 46, 46A, 47, 30B y 48. Estas principalmente permitían a empresas ya presentes, como la misma Chevron y la española Repsol, que pudieran mantener sus operaciones en el país e incluso aumentar su producción: se autorizaban transacciones relacionadas con la exportación, el transporte, la procura de bienes y servicios y la importación de diluyentes, entre otras.
Sin duda, se denota un favoritismo hacia las energéticas que ya operan en Venezuela, las cuales tendrán una doble ventaja ante la apertura petrolera más importante desde la primera oleada de nacionalizaciones en la década de los 70.
Las licencias también establecen prohibiciones explícitas de transacciones con entidades regidas por las leyes de Rusia, Irán, Cuba, Corea del Norte y China. El objetivo es claro: impulsar la industria de los hidrocarburos venezolanos, pero excluir a los rivales de EE. UU. del juego.
