Pete Hegseth en Venezuela: Washington y Caracas restablecen su cooperación militar después de 21 años

El secretario de Guerra de Estados Unidos, Pete Hegseth, saluda a la presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, en compañía del canciller venezolano, Oliver Blanco. Fotografía: transmisión de VTV.

Guacamaya,20 de noviembre de 2026. La visita sorpresa del secretario de Guerra de Estados Unidos, Pete Hegseth, a Caracas y la firma de un acuerdo para reanudar la cooperación militar entre ambos países marcan un nuevo capítulo en las relaciones bilaterales, interrumpidas desde 2005 por decisión del entonces presidente Hugo Chávez. El acercamiento se produce en medio de una transformación de la política de seguridad venezolana, que incluye operaciones conjuntas contra organizaciones criminales y grupos armados colombianos, así como una mayor coordinación con Washington. Más allá de su dimensión militar, el entendimiento refleja la convergencia de intereses alrededor de la seguridad hemisférica, los recursos energéticos, los minerales críticos y la reconfiguración del orden internacional.

La llegada de Hegseth a Venezuela, durante la noche del martes 17 de noviembre, no había sido anunciada previamente. El funcionario estadounidense aterrizó en el aeropuerto internacional de Maiquetía a bordo de una aeronave de la Fuerza Aérea estadounidense y fue recibido con honores por autoridades venezolanas. 

Posteriormente, se trasladó al Palacio de Miraflores, donde sostuvo reuniones con Delcy Rodríguez, el ministro de Defensa, Gustavo González López, y el canciller Oliver Blanco. En el encuentro también estuvo presente el empresario Alejandro Betancourt, mientras que por la delegación estadounidense participaron funcionarios del Departamento de Guerra, entre ellos el secretario adjunto y varios asesores. La visita constituye el desplazamiento de mayor nivel de un funcionario de la administración Trump a Venezuela desde la operación militar estadounidense del 3 de enero de 2026, que culminó con la captura de Nicolás Maduro.

Durante su intervención, Hegseth anunció la reanudación de la alianza militar entre ambos países después de más de dos décadas de interrupción. El secretario explicó que el objetivo del entendimiento es desarrollar mecanismos de cooperación que permitan enfrentar amenazas compartidas, particularmente organizaciones narcotraficantes, redes criminales y actores armados que operan en la región. También manifestó el interés de Washington en aprovechar la experiencia de sus Fuerzas Armadas y las capacidades del Departamento de Guerra para contribuir a la reconstrucción y modernización de la institución militar venezolana. Por su parte, Delcy Rodríguez expresó la disposición de su administración a ampliar los programas de capacitación, equipamiento y acceso a nuevas tecnologías para la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB) que históricamente en la etapa del chavismo habían dependido de proveedores chinos, rusos e iraníes.

La interrupción de esta cooperación durante el gobierno de Hugo Chávez respondió a un proceso de distanciamiento político y estratégico que se profundizó a partir de 2002 y culminó en 2005 con la ruptura de los mecanismos de colaboración militar y antidrogas entre ambos países. Las tensiones se intensificaron después del golpe de Estado de abril de 2002, las diferencias en materia de política exterior y las acusaciones de Washington sobre la orientación de la cooperación venezolana con actores considerados adversarios de sus intereses regionales.

 En agosto de 2005, Chávez anunció la suspensión de los programas de cooperación con la Administración para el Control de Drogas estadounidense (DEA), mientras que las relaciones militares bilaterales también se deterioraron progresivamente. Este distanciamiento coincidió con una reorientación de la política de defensa venezolana hacia Rusia, China e Irán, países que pasaron a ocupar un lugar central en el suministro de armamento, tecnología y asistencia técnica. Durante las dos décadas siguientes, la relación militar entre Caracas y Washington quedó prácticamente paralizada, en paralelo con el desarrollo de una política exterior venezolana que buscaba reducir la influencia estadounidense y ampliar sus alianzas extrarregionales. Por ello, el acuerdo anunciado por Pete Hegseth no representa simplemente la recuperación de mecanismos de cooperación anteriores, sino una modificación de la orientación estratégica que definió la política de defensa venezolana durante buena parte del siglo XXI.

Los antecedentes históricos 

Uno de los elementos más significativos del discurso de Hegseth fue su referencia a la Doctrina Monroe, formulada en 1823 por el presidente estadounidense James Monroe. Esta doctrina estableció la oposición de Washington a nuevas intervenciones coloniales europeas en el continente americano, aunque posteriormente fue reinterpretada como fundamento de una política de predominio estadounidense en el hemisferio. En 1904, el presidente Theodore Roosevelt amplió esta concepción mediante el denominado Corolario Roosevelt, que justificaba la intervención estadounidense en países latinoamericanos bajo argumentos de estabilidad y seguridad. La recuperación de estas referencias históricas por parte de Hegseth refleja la intención de la administración Trump de reivindicar una visión de seguridad hemisférica en la que Estados Unidos busca reforzar su influencia y limitar la presencia de potencias extrarregionales.

El secretario también recordó la cooperación entre Venezuela y Estados Unidos durante la Segunda Guerra Mundial. En aquel momento, el petróleo venezolano constituía un recurso fundamental para el abastecimiento de los países aliados, particularmente por la capacidad de producción de los yacimientos del occidente del país y su conexión con el Caribe. En febrero de 1942, submarinos alemanes atacaron embarcaciones petroleras que transportaban crudo desde el lago de Maracaibo hacia Aruba y Curazao, evidenciando la vulnerabilidad de las rutas energéticas regionales. La protección de estas instalaciones y corredores marítimos convirtió a Venezuela en un socio estratégico para Washington. Al evocar este episodio, Hegseth estableció un paralelismo entre aquella cooperación y los intereses energéticos y de seguridad que vuelven a acercar a ambos países.

Partiendo de estos antecedentes históricos, es posible comprender mejor la visión estratégica de la administración Trump sobre la relación entre energía, territorio y seguridad nacional. La referencia de Pete Hegseth a la cooperación petrolera y militar entre Venezuela y Estados Unidos durante la Segunda Guerra Mundial no constituye solamente una evocación histórica. 

También permite identificar una continuidad conceptual sobre la protección de los recursos energéticos y de las infraestructuras que los hacen aprovechables forma parte de los intereses fundamentales de seguridad de una potencia. En el escenario internacional contemporáneo, esta concepción adquiere una dimensión mucho más amplia, en la que los campos petroleros, las refinerías, los puertos, los sistemas eléctricos y los corredores logísticos pueden desempeñar funciones estratégicas comparables a las de determinadas instalaciones militares.

La idea de que los campos petroleros serán las bases militares del futuro debe entenderse como una transformación de la concepción tradicional de la seguridad. Durante buena parte del siglo XX, el poder de los Estados se medía principalmente por sus capacidades militares, el control territorial y la disponibilidad de armamento. Sin embargo, la competencia geopolítica actual incorpora otros factores como el acceso estable a la energía, el control de minerales críticos, la protección de las cadenas de suministro y la capacidad de garantizar el funcionamiento de infraestructuras esenciales. En este contexto, una instalación petrolera no representa únicamente una fuente de ingresos o producción, sino también un activo estratégico cuya interrupción puede afectar la capacidad económica, industrial y militar de un país.

Esta visión guarda relación con la evolución de la doctrina estadounidense de seguridad energética. La experiencia de las crisis petroleras de 1973 y 1979, así como las posteriores intervenciones y operaciones militares en Oriente Próximo, consolidaron en Washington la percepción de que la estabilidad de los mercados energéticos y la protección de las rutas de suministro tienen consecuencias directas sobre la seguridad nacional. 

La importancia de este planteamiento radica también en la creciente participación del sector privado en la arquitectura de seguridad estadounidense. Las empresas que controlan infraestructuras energéticas, tecnología, comunicaciones, transporte y procesamiento de minerales pueden convertirse en actores fundamentales para garantizar la resiliencia económica y militar del país. En consecuencia, la frontera entre seguridad pública, defensa nacional e intereses empresariales se vuelve cada vez más permeable. La protección de una instalación petrolera, por ejemplo, puede involucrar capacidades de vigilancia satelital, inteligencia, ciberseguridad, sistemas autónomos y cooperación entre agencias gubernamentales y operadores privados.

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La dimensión geopolítica también se relaciona con la competencia frente a China y otras potencias extrarregionales. La influencia de estos actores en sectores como energía, minería, telecomunicaciones e infraestructura ha convertido a América Latina en un espacio relevante de competencia estratégica. Por ello, el interés estadounidense en Venezuela no se limita a recuperar relaciones comerciales o garantizar el suministro de petróleo, sino que puede formar parte de una estrategia más amplia para reordenar las relaciones económicas y de seguridad del hemisferio. El acceso a recursos naturales, la protección de infraestructuras críticas y la reducción de dependencias tecnológicas se convierten así en objetivos interconectados.

En definitiva, la nueva cooperación militar entre Washington y Caracas puede interpretarse dentro de una concepción de seguridad en la que los recursos energéticos y minerales constituyen elementos fundamentales del poder nacional. La infraestructura petrolera del futuro no tendrá necesariamente que funcionar como una base militar convencional para adquirir relevancia defensiva, ya que bastará con que su producción, protección y disponibilidad sean consideradas indispensables para la estabilidad económica, industrial y estratégica de un Estado. Bajo esta lógica, Venezuela no representa solamente una oportunidad de recuperación petrolera, sino también un territorio de importancia para la configuración de una nueva arquitectura de seguridad hemisférica.

Venezuela: de amenaza a nuevo socio tras el fin de la guerra 

Desde la Embajada estadounidense en Caracas, Hegseth profundizó en el significado político del entendimiento y en la transformación de la relación bilateral. Afirmó que Venezuela había pasado de ser considerada por Washington como “la amenaza regional más agresiva” a convertirse en un “socio de seguridad colaborador”. También calificó los acontecimientos del 3 de enero como un día de liberación para Venezuela y aseguró que el país estaría en mejores condiciones en el futuro gracias a la cooperación entre ambos gobiernos. En un mensaje dirigido a las organizaciones criminales, advirtió que Estados Unidos continuaría persiguiendo y desmantelando sus estructuras, mientras que al pueblo venezolano le transmitió que la confrontación bilateral había terminado y que comenzaba una etapa de construcción conjunta de la paz.

La dimensión operativa de este acercamiento ya había comenzado a manifestarse antes de la visita. Uno de los antecedentes más relevantes fue la operación conjunta contra Héctor Rusthenford Guerrero Flores, conocido como Niño Guerrero, señalado como máximo dirigente del Tren de Aragua. En junio de 2026, fuerzas estadounidenses y venezolanas participaron en una operación en el estado Bolívar que, según las declaraciones de Donald Trump y Pete Hegseth, culminó con la eliminación del dirigente criminal. Investigaciones de The Washington Post señalaron la participación del Comando Conjunto de Operaciones Especiales de Estados Unidos (JSOC) y de la CIA, que habría proporcionado información de inteligencia y apoyo operativo a las autoridades venezolanas. El reconocimiento público de Hegseth sobre la cooperación entre ambos países constituye una evidencia de que los mecanismos de coordinación militar y de inteligencia antecedían al acuerdo anunciado en Miraflores.

El ELN en la mira 

Otro episodio que evidencia esta transformación es la operación contra estructuras del Ejército de Liberación Nacional (ELN) en el estado Apure, en la frontera entre Venezuela y Colombia. El 30 de octubre se produjo un ataque contra un campamento de esta organización en la zona de Buena Vista del Meta. De acuerdo con informaciones publicadas por The New York Times y EL PAÍS, funcionarios estadounidenses reconocieron que Washington proporcionó inteligencia y apoyo mediante drones para facilitar la operación. Las autoridades venezolanas desplegaron capacidades militares en una región donde durante años se ha documentado la presencia de estructuras del ELN vinculadas al control territorial, la extorsión y las economías ilícitas. El episodio representa un cambio en la disposición de Caracas a coordinar acciones contra organizaciones armadas colombianas que mantienen presencia en su territorio y evidencia la creciente participación estadounidense en las dinámicas de seguridad fronteriza.

Este proceso coincide con una mayor coordinación entre Caracas y Bogotá frente a las amenazas que afectan a la frontera común. Los dos países han mantenido contactos para desarrollar mecanismos de cooperación contra organizaciones armadas y redes criminales, en un contexto marcado por secuestros, desplazamientos y disputas territoriales. La presencia del ELN en departamentos colombianos fronterizos y estados venezolanos como Apure, Táchira y Zulia constituye un desafío compartido para ambas administraciones. La posibilidad de incorporar capacidades estadounidenses de inteligencia, vigilancia aérea y tecnología de drones añade una dimensión regional a esta nueva arquitectura de seguridad, en la que la cooperación entre los tres países podría adquirir mayor relevancia.

La visita de Hegseth también debe contextualizarse dentro de los intereses económicos y energéticos que están redefiniendo la relación entre Washington y Caracas. La presencia del empresario Alejandro Betancourt en el encuentro de Miraflores resulta significativa en este sentido. Precisamente durante esta semana, la empresa NABEP, vinculada al empresario, anunció que asumiría el control de Petrocedeño, incrementando su participación en el sector petrolero venezolano. Este movimiento se suma a otros acuerdos empresariales y operativos que buscan recuperar la producción de hidrocarburos y facilitar la entrada de capital privado. La coincidencia entre la agenda militar y la participación de actores empresariales refleja cómo la protección de infraestructuras estratégicas, la recuperación de activos energéticos y la seguridad de las inversiones comienzan a formar parte de una misma conversación bilateral.

La dimensión energética adquiere especial importancia en un momento en que las principales potencias están reorganizando sus prioridades alrededor de la seguridad de los suministros y el acceso a recursos estratégicos. Venezuela dispone de importantes reservas de hidrocarburos y de recursos minerales como oro, hierro y bauxita, además de una posición geográfica privilegiada en el Caribe. Estos elementos adquieren relevancia dentro de la competencia internacional por los minerales críticos necesarios para la fabricación de baterías, semiconductores, sistemas de defensa y tecnologías vinculadas a la transición energética. La recuperación de las capacidades productivas venezolanas y la incorporación de capital extranjero se relacionan, por tanto, con intereses que trascienden el mercado petrolero tradicional.

El nuevo entendimiento también se inscribe en una transformación más amplia del orden internacional. La competencia entre potencias ya no se limita al equilibrio militar convencional, sino que incorpora dimensiones como la guerra híbrida, la inteligencia artificial, la ciberseguridad, el control de infraestructuras digitales y la dependencia tecnológica. La capacidad de proteger redes eléctricas, instalaciones petroleras, sistemas de telecomunicaciones y corredores logísticos se ha convertido en una prioridad para los Estados. En este escenario, la cooperación militar entre Washington y Caracas puede adquirir un alcance que supere el combate al narcotráfico y las organizaciones armadas, incorporando progresivamente áreas de seguridad tecnológica, protección de infraestructuras críticas y vigilancia territorial.

La escala en Caracas forma parte de una gira regional de Hegseth que contempla visitas a Colombia y Ecuador, además de una posible parada en Honduras. En Colombia, el funcionario estadounidense tiene previsto participar en actividades vinculadas a la cooperación militar y la entrega de aeronaves de transporte C-130 Hércules. Su desplazamiento por Sudamérica ocurre, además, en un momento de controversia política en Washington por la guerra en Irán y las operaciones estadounidenses contra embarcaciones señaladas de transportar drogas en el Caribe y el Pacífico, que han provocado más de 200 muertes, según los balances difundidos sobre esas operaciones.

La reanudación de la cooperación militar entre Venezuela y Estados Unidos representa, en definitiva, una modificación sustancial de los parámetros que definieron la relación bilateral durante los últimos veinte años. Para Washington, supone incorporar a Venezuela a una estructura regional de seguridad que busca enfrentar organizaciones criminales, reforzar el control territorial y proteger intereses estratégicos. Para Caracas, abre la posibilidad de recuperar capacidades militares, acceder a nuevas tecnologías y reconstruir mecanismos de interlocución con Estados Unidos. La evolución de este entendimiento dependerá de su implementación y de la capacidad de ambas administraciones para compatibilizar sus intereses. Sin embargo, el mensaje político de la visita es inequívoco y es que la relación entre ambos países está entrando en una etapa en la que seguridad, energía, inversión y competencia geopolítica vuelven a estar profundamente conectadas.

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