Entre el colapso eléctrico y el deseo de cambio: El diagnóstico de Venezuela en octubre según AtlasIntel

Con el uso de la metodología de reclutamiento digital, el informe evalúa de forma representativa la opinión pública en Venezuela sobre diversos temas de relevancia nacional. Fotografía: EFE.

El más reciente informe correspondiente a octubre de 2026 del estudio Latam Pulse, desarrollado por AtlasIntel y Bloomberg, ofrece una fotografía amplia del momento crítico que atraviesa Venezuela. La investigación expone el desgaste acelerado de la gestión gubernamental, el peso del colapso de los servicios públicos, la dividida opinión sobre la dolarización y la desconfianza sobre el nuevo pacto petrolero.

Los datos recolectados entre el 5 y el 9 de noviembre sobre una muestra representativa de 2.492 adultos a nivel nacional dibujan un país marcado por la severa presión sobre el clima social, económico y político de Venezuela. Frente a la realidad expuesta, el estudio también plantea una dinámica electoral donde la oposición consolida un liderazgo claro mientras emergen figuras no tradicionales.

Cae la aprobación gubernamental y se profundiza el rechazo

La aprobación de la presidenta Delcy Rodríguez retrocedió al 18,5 % en octubre, tras perder cerca de un punto respecto al 19,4 % registrado en septiembre. Al mismo tiempo, la desatención a las demandas sociales ha impulsado la desaprobación de su gestión al 68,2 %, al registrar un incremento sustancial frente al 64,8 % del mes anterior.

Al evaluar cualitativamente el desempeño del Gobierno, un abrumador 58,3 % de los encuestados califica la gestión como “mala o muy mala”, mientras que un 30,6 % la considera “regular” y apenas un 11,2 % la valora como “excelente o buena”.

El desglose sectorial del desempeño público revela que el suministro de energía eléctrica se consolida como la dimensión más castigada por la opinión pública, con  un 74 % de los ciudadanos que la califica de “pésima” y un 9 % de “mala”. A esta crisis le siguen otras áreas críticas como el fortalecimiento de la democracia (66% pésimo), la economía (55 % pésimo, 21 % malo) y la lucha contra la corrupción (64% pésimo).

El retorno de MCM y la apuesta por Lorenzo Mendoza

De cara a una eventual elección presidencial, la encuesta de octubre confirma la hegemonía de la oposición mayoritaria y registra algunas variaciones respecto a la medición de septiembre. María Corina Machado consolidó su liderazgo mayoritario al alcanzar el 55,8 % de la intención de voto en octubre, registrando una recuperación de 3,5 puntos porcentuales frente al 52,3 % obtenido el mes pasado.

Este repunte de María Corina Machado coincide con su reaparición pública en el territorio nacional e intensificación de mensajes el mes anterior tras periodos de exilio y clandestinidad, un factor político que pareció revitalizar la adhesión de los electores opositores. Machado conserva su ventaja más amplia en los sectores de educación superior (75.5%) y en regiones del occidente y oriente del país.

La candidatura oficialista representada por Delcy Rodríguez cayó al 17.2% en octubre, al perder 2.0 puntos respecto al 19.2% alcanzado en septiembre. Como fue adelantado anteriormente, la candidatura del Gobierno sufre el impacto directo del colapso en la prestación de servicios básicos y el deterioro del poder adquisitivo.

Pero lo más interesante es que, desde el informe de septiembre de 2026, AtlasIntel decidió incluir en sus simulaciones electorales al empresario Lorenzo Mendoza, presidente de Empresas Polar. Esto se produce a pesar de que Mendoza no ha manifestado ninguna intención de participar en la contienda política, pese a que su figura sí atrae principalmente a votantes desencantados de sectores independientes.

La crisis eléctrica y su vínculo con el riesgo político

El análisis detallado sobre el suministro eléctrico evidencia una cotidiana emergencia nacional. Un 57,5 % de la población adulta reporta sufrir interrupciones no programadas del servicio eléctrico en su hogar “todos o casi todos los días”, mientras que un 19,7 % las padece “varias veces por semana”. Apenas un 7.4% afirma no haber experimentado cortes en el último mes.

En cuanto a la duración de los apagones, entre quienes sufren fallas, el 38,4 % indica que los cortes se prolongan por “más de 6 horas” y un 30,1 % señala que duran “entre 3 y 6 horas”.

Al indagar sobre las causas estructurales de este colapso, la ciudadanía rechaza mayoritariamente las narrativas oficiales de sabotaje. La opinión pública atribuye la crisis eléctrica principalmente a la falta de inversión y mantenimiento (66,4 %), la corrupción (29,6 %) y la mala administración (27,8 %), y dejando la hipótesis del sabotaje relegada a tan solo un 5,8 % y el impacto de las sanciones internacionales en un 5,9 %.

La desesperación generada por la falta de luz se ha traducido en movilización de calle. El 25,4 % de los encuestados afirma haber participado durante este año en protestas motivadas por las fallas eléctricas en su región. Adicionalmente, el pesimismo sobre una solución es tajante, pues el 54,3 % manifiesta poca o ninguna confianza en que el servicio eléctrico mejore significativamente en los próximos dos años.

Esta conflictividad se enmarca en un cuadro general donde la corrupción se erige como el principal problema del país para el 57,1% de la población, seguido del debilitamiento de la democracia y la falta de transparencia (37,3%), el desempleo (28,7%) y la pobreza y desigualdad (19,6 %).

El mapa de la confianza económica

El análisis del Índice de Confianza del Consumidor (Atlas-CCI) en el informe de octubre expone con crudeza la brecha entre la dura realidad cotidiana del venezolano y sus proyecciones a futuro. La imagen del presente refleja un país severamente golpeado en su dinámica económica, laboral y familiar.

Al evaluar la situación económica actual de Venezuela, un abrumador 77% de los encuestados la califica como “mala”, mientras que apenas un 12% la considera “buena” y un 10% manifiesta no saber. Este pesimismo se extiende de forma casi idéntica al mercado de trabajo, donde un 75% de los ciudadanos evalúa el panorama laboral como “malo”, frente a solo un 14% que lo percibe “bueno”.

En el ámbito de la situación económica familiar, aunque el impacto amortigua levemente el margen, más de la mitad del país (57%) afirma que la economía del hogar se encuentra en una situación “mala”, en comparación con un 30% que la califica de “buena”. En su conjunto, el Índice de Situación Actual (ISA) se ubicó en -51.2 puntos.

Sin embargo, al proyectar la mirada hacia los próximos seis meses, el estudio registra un contraste notable en las expectativas económicas. A pesar de la recesión del presente, un 41% de los venezolanos prevé que la economía general del país “va a mejorar”, un 35% cree que “permanecerá igual” y un 24% anticipa que “va a empeorar”.

El optimismo resulta aún más pronunciado en el ámbito personal: un 47% confía en que la situación de su familia mejorará en el próximo semestre. En lo relativo al mercado de trabajo, un 41% proyecta una evolución positiva a seis meses. En este indicador, el Índice de Expectativas (IE) se situó en +16.6 puntos.

Esta dualidad entre un presente recesivo y una expectativa contenida repercute directamente en las decisiones de consumo de bienes de mayor valor. En cuanto a la intención de compra de bienes duraderos, un 33,4% de los encuestados planea realizar “menos compras” en los próximos seis meses, mientras que un 39,7% mantendrá sus niveles de consumo (“ni más, ni menos”) y un 26,9% proyecta realizar “más compras”.

Un debate dividido sobre la dolarización oficial

Ante la pregunta sobre dolarizar la economía, la opinión pública se muestra dividida, pero inclinada a favor: un 43,2 % está de acuerdo (24,4 % de acuerdo y 18,8 % totalmente de acuerdo), mientras un 18 % se declara indeterminado o indiferente. Pese al apoyo plural a la medida impulsada por dirigentes políticos como Antonio Ecarri (Lápiz), existe una resistencia del 38.9% en contra, encabezada por un 28.4% totalmente en desacuerdo. 

Frente a la hipótesis de una dolarización oficial, el 43.5% de los ciudadanos identifica como principal beneficio la consecución de una “mayor estabilidad económica”, secundado por un 42.8% que señala el “control de la inflación”. 

Sin embargo, el informe también capta importantes reservas en la población respecto a los riesgos de formalizar el uso de la divisa estadounidense, como un 41,3 % que teme una mayor “dependencia económica de Estados Unidos” y un 33,9 % que lamenta la “pérdida de la moneda nacional”, mientras que un 19,9 % advierte sobre el menor control del Estado sobre la política monetaria.

Este hallazgo cobra particular relevancia al contextualizarlo con debates políticos recientes, como la propuesta planteada por Antonio Ecarri (LÁPIZ) en favor de una dolarización formal y medidas de estabilización monetaria. En los cruces demográficos por preferencia política previa, los electores alineados con la propuesta de Ecarri destacan en un 60.3% el control de la inflación como la mayor ventaja de la medida.

La desconfianza en el acuerdo petrolero EE. UU.-Venezuela

Un módulo clave incorporado en la medición de octubre aborda la percepción pública sobre el reciente acuerdo petrolero firmado entre Estados Unidos y Venezuela, el cual otorga un rol protagónico a la empresa vinculada al empresario Alejandro Betancourt en la explotación de campos crudos nacionales.

Los resultados revelan una marcada desconfianza y un importante grado de desconocimiento. En relación con la imagen pública de Alejandro Betancourt: Un 41,5 % afirma no conocerlo, un 36,7 % sostiene una imagen negativa, un 16,4 % manifiesta no saber y apenas un 5,4 % proyecta una imagen positiva.

Ante la pregunta específica sobre cuánta confianza inspira Betancourt para manejar este convenio estratégico de producción petrolera, un 38.5% responde “ninguna confianza” y un 19.2% “poca confianza” (sumando un abrumador 57.7% de desconfianza). Un 34.7% prefirió no opinar o no saber, mientras que solo un 7.6% sumó evaluaciones de bastante o mucha confianza.

Estos números reflejan el escepticismo de la sociedad civil venezolana frente a los pactos energéticos que involucran a figuras empresariales polémicas, relacionando estos esquemas con los persistentes temores a la opacidad y la corrupción en el sector hidrocarburos.

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