El Parlamento centró en la agenda pilares de la reestructuración económica impulsados por la presidenta encargada Delcy Rodríguez. / Fotografía: @Asamblea_Ven.
Guacamaya, 26 de marzo de 2026. La Asamblea Nacional aprobó este jueves por unanimidad la Ley Orgánica de Celeridad y Optimización de Trámites Administrativos, mientras que siguió desarrollando la segunda discusión del Proyecto de Ley Orgánica de Minas, cuya continuidad quedó diferida por segunda ocasión.
El Parlamento centró el debate en estas dos iniciativas, luego de que un acuerdo “en repudio a las pretensiones de privatización de la industria petrolera venezolana” fuera excluido de la agenda final.
Una hoja de ruta para modernizar la gestión pública
La sanción definitiva de la Ley Orgánica de Celeridad y Optimización de Trámites Administrativos llega tras un recorrido que incluyó la aprobación, el pasado 5 de marzo, de sus primeros seis artículos en segunda discusión y por unanimidad. En aquella oportunidad, la Asamblea Nacional validó un marco normativo que habilita a la Administración Pública para reducir tiempos de respuesta, simplificar gestiones y eliminar cargas burocráticas.
El instrumento legal ahora aprobado en su totalidad con 12 artículos, fija como objeto “ejecutar ágil y eficazmente los mecanismos necesarios que permitan una mayor celeridad y la optimización de las gestiones y trámites administrativos”. De esta manera se plantea que los procedimientos sean claros, sencillos, ágiles, racionales y de fácil entendimiento para las personas.
Un eje central del texto legal es la modernización tecnológica, pues la Administración Pública deberá digitalizar procedimientos, eliminar duplicidades y avanzar hacia la interoperabilidad de sistemas. Esto se impulsa en función de que cualquier persona pueda gestionar trámites, con especial énfasis en la reducción del uso de papel y la creación de ventanillas únicas digitales.
El texto también prevé la creación de una Comisión Nacional para la Celeridad y Optimización de Trámites y Procedimientos Administrativos, instancia de alto nivel que deberá abrir mecanismos de consulta y participación ciudadana. Asimismo, incorpora salvaguardas frente a la brecha digital, al exigir a los organismos públicos mantener atención presencial, sistemas preferentes y esquemas de asistencia directa.
Cabe destacar que este ordenamiento jurídico forma parte del paquete de reformas económicas y administrativas que la presidenta encargada de la República, Delcy Rodríguez, presentó ante el Parlamento en su Mensaje a la Nación del 15 de enero. En esa oportunidad, la alta funcionaria impulsó la aceleración de esta ley junto con la reforma de la Ley Orgánica de Hidrocarburos —ya sancionada— y el Proyecto de Ley Orgánica para la Protección de los Derechos Socioeconómicos.
La Ley de Minas supera la mitad del camino legislativo
La segunda discusión del Proyecto de Ley Orgánica de Minas avanzó hasta la aprobación del artículo 55, lo que consolidó más de un tercio del texto legal y deja para después de Semana Santa el debate de los capítulos más sensibles del régimen minero. La sesión estuvo dirigida por el primer vicepresidente Pedro Infante, luego de que Jorge Rodríguez delegara la conducción para atender una reunión con el embajador de España.
En esta jornada, la única modificación respecto al proyecto original fue una nueva redacción de forma del artículo 48, por lo que el resto del articulado se aprobó sin cambios. Los primeros doce artículos establecen el marco general, incorporan un glosario técnico, habilitar mecanismos de arbitraje para controversias y crear el Banco Nacional del Dato Geocientífico‑Minero.
A partir del artículo 13, se crea la Superintendencia Nacional de la Actividad Minera (SUNAMIN), encargada de supervisión, control, fiscalización y recaudación; se formaliza el Resguardo Nacional Minero como órgano auxiliar; y se define la naturaleza y funciones del Instituto Nacional de Geología y Minería (INGEOMIN), responsable de la investigación científica, la certificación de reservas y la gestión de datos geológicos.
Entre los artículos 23 y 55 se estructura el Fondo Nacional Minero, su objeto, fuentes de ingreso y mecanismos de administración, junto con las primeras normas sobre autorizaciones, obligaciones de los operadores y procedimientos administrativos. Con 55 artículos aprobados y 71 aún pendientes, la Asamblea Nacional deberá retomar la discusión de los capítulos que regulan concesiones, licencias, obligaciones ambientales, régimen tributario y sanciones.
