El Poder Legislativo apuntó a señales de apertura regulada para inversionistas nacionales y extranjeros. Fotografía: X / @Asamblea_Ven.
Guacamaya, 17 de marzo de 2026. La Asamblea Nacional (AN) aprobó este jueves 19 de marzo, por “mayoría evidente”, los primeros 12 artículos del Proyecto de Ley Orgánica de Minas, durante una segunda discusión cuya continuidad quedó diferida para una próxima sesión. Esta aprobación parcial ratifica la propiedad estatal absoluta sobre yacimientos e introduce el modelo de concesión privada en las operaciones mineras.
La sesión, convocada para las 2:00 PM., abordó dos puntos principales según el orden del día. Primero, un proyecto de acuerdo en celebración y júbilo por la histórica consagración de Venezuela como campeona del Clásico Mundial de Béisbol. El otro punto, la segunda discusión de la normativa minera se difirió durante pleno desarrollo para continuar en una próxima fecha.
Los primeros 12 artículos, aprobados en la sesión de hoy, apuntan a favorecer el desarrollo de empresas estatales, mixtas con mayoría accionaria pública, privadas autorizadas y mineros artesanales, entre otros actores amparados.
Además, se incorporan principios de sostenibilidad ambiental, un glosario técnico con términos como “minerales estratégicos” y “lotes mineros” de hasta 6.156 hectáreas, así como mecanismos de arbitraje para controversias y la creación del Banco Nacional del Dato Geocientífico-Minero.
En relación al asunto de las controversias, se dejan a discreción de las partes operativas los acuerdos para la mediación de disputas, lo que puede ser una puerta de entrada para que inversionistas extranjeros puedan optar por resoluciones a través del arbitraje internacional.
El diputado oficialista Orlando Camacho, quien preside la Comisión de Energía y Petróleo, pidió posponer la discusión al señalar que es requerido más tiempo para presentar el resto de los articulos de la propuesta de reforma a los distintos sectores de la sociedad civil. Los diputados de la Asamblea Nacional acordaron, por unanimidad, la propuesta de diferimiento.
El pulso del Ejecutivo detrás de la reforma
El pasado 9 de marzo, la AN aprobó en primera discusión el proyecto legal con mayoría calificada, presentado por el diputado Orlando Camacho (PSUV), presidente de la Comisión Permanente de Energía y Petróleo, quien destacó una estructura de 19 capítulos y 126 artículos. En aquella ocasión, se enfatizó la promoción de inversiones nacionales e internacionales mediante garantías jurídicas.
En contexto, Delcy Rodríguez, presidenta encargada, impulsó la reforma tras su reunión en Caracas con el secretario de Interior de Estados Unidos, Doug Burgum, solicitando celeridad parlamentaria para un marco legal “atractivo” que reemplace la normativa de 1999. Esta iniciativa responde a nuevas licencias estadounidenses para extracción y comercialización de oro y otros recursos mineros.
Lo que se aprobó hasta ahora sienta las bases de un modelo centralizado, con apertura al sector privado, que busca optimizar el marco normativo y operativo de la minería venezolana que ha sido objeto de debate público en los años recientes. Este no solo es un avance técnico en la regulación del sector, sino un movimiento político que revela cómo el Estado busca reorganizar el poder, la renta y la gobernanza del territorio minero en el nuevo ciclo institucional de Gobierno.
