Con renuncias simultáneas y designaciones provisionales, el Parlamento activó el mecanismo para escoger nuevo fiscal general y defensor del Pueblo. Fotografía: Venezolana de Televisión.
Guacamaya, 25 de febrero de 2026. La Asamblea Nacional (AN), bajo mayoría calificada, designó este miércoles al abogado Larry Devoe como fiscal general encargado de la República, tras aceptar la renuncia de Tarek William Saab, quien asumirá ahora como defensor del pueblo interino luego de la renuncia de Alfredo Ruiz, también remitida al Poder Legislativo.
El presidente del Parlamento, Jorge Rodríguez, anunció en sesión ordinaria de este miércoles, las renuncias simuláneas de Saab y Ruiz, quienes estaban al frente del Ministerio Público y la Defensoría del Pueblo, respectivamente. Rodríguez presentó las cartas de ambos funcionarios y agradeció su gestión en dichas instituciones del Poder Ciudadano. “Supieron llevar las riendas de su responsabilidad”, expresó.
¿Cómo se eligen las autoridades del Poder Ciudadano?
Rodríguez indicó que es deber del Paramento contribuir con el Estado, y hacer los correctivos necesarios para suplir las vacantes. “El procedimiento tradicional es que quien ostente el cargo como vicefiscal asume de manera temporal. Resulta que no hay un vicefiscal, por lo que vamos a proceder a escoger a una encargada o encargado para ambos cargos mientras se activa el comité de postulación”, afirmó.
A partir de este hecho, Rodríguez anunció el nombramiento de un comité preliminar para designar a la nuevas autoridades del Poder Ciudadano, mientras tanto, se avanzaba a la selección de un fiscal y un defensor, en condición de encargados. Es aquí donde entró la aprobación por mayoría calificada de Devoe y Saab en las funciones provisionales de los organismos en cuestión.
Paralelamente, se designó el Comité Preliminar, que estará integrado por 13 diputados: Giuseppe Alessandrello (PSUV/ La Guaira), Rodbexa Poleo (PSUV/Falcón), Gloria Castillo (PSUV/Guayana Esequiba), Willy Medina (PSUV/Táchira), Carlos Mogollón (PSUV/Dtto. Capital), Carolina García Carreño (PSUV/Lara), José Villarroel (PSUV/Carabobo), Roy Daza (PSUV/Aragua), Pablo Pérez (UNT/Nacional), Bernabé Gutiérrez (AD/Nacional), Julio Hernández (VVC/Cojedes), Antonio Ecarrí (AL/Nacional) y Luis Augusto Romero (AD/Nacional).
Este comité deberá presentar ante la plenaria, dentro de un lapso de 30 días, o menos, los elegibles para optar alos cargos de fiscal general y de defensor del Pueblo.
¿Quién es Larry Devoe?
Larry Daniel Devoe Márquez, de 46 años, es abogado egresado de la Universidad Católica Andrés Bello (UCAB), con maestría en Derecho Constitucional, Democracia, Derechos Humanos y Estado de Derecho de la Universidad de Alcalá de Henares (España), además de contar con especializaciones en Ciencias Penales y Criminalísticas.
Su carrera se ha desarrollado en el aparato jurídico y diplomático del chavismo, donde ha combinado roles técnicos con posiciones de alto perfil político. Desde 2014, bajo la vicepresidencia de Jorge Arreaza, fue designado secretario ejecutivo del Consejo Nacional de Derechos Humanos (CNDH), cargo que ha ocupado de forma ininterrumpida hasta la fecha.
Desde esa posición, se consolidó como la cara visible del Gobierno ante organismos internacionales de DDHH. Bajo ese rol, llegó a ser sancionado por el Gobierno de Canadá en 2019, tras ser acusado de haber rechazado la entrada de investigadores de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) en Venezuela en medio de la conflictividad política del momento.
Entre otras responsabilidades, ha sido miembro de delegaciones venezolanas en foros como el Examen Periódico Universal de la ONU, así como parte de las mesas de diálogo en Barbados. Anteriormente, entre 2005-2007 trabajó en la Comisión Nacional de Telecomunicaciones (Conatel) y desde 2009 en la Defensoría del Pueblo, donde llegó a ocupar posiciones de agente alterno ante la CIDH.
En 2023, fue incorporado a juntas interventoras de la Superintendencia Nacional de Criptoactivos (Sunacrip) y la Corporación Venezolana de Guayana (CVG). En enero de 2026, ya con Delcy como presidenta encargada, Devoe fue designado integrante del Programa para la Paz y Convivencia Democrática, un mecanismo vinculado a la gestión de amnistías y liberaciones de presos políticos.
La gestión de Tarek al frente del Ministerio Público
Tarek William Saab, de 63 años, dirigió el Ministerio Público desde 2017 por casi nueve años, con una gestión que incluyó respuestas a escándalos de corrupción, arrestos de opositores y manifestantes —calificados como injustos por activistas—, así como por más de 3 millones de actuaciones procesales en los primeros cinco años al frente del órgano del Poder Ciudadano.
Se formó como abogado en la Universidad Santa María, con posgrado en Derecho Penal. Desde los años noventa se vinculó a Hugo Chávez, época en la que participó en el MBR-200 y luego en el Movimiento Quinta República (MVR). Posteriormente, sería electo diputado y miembro de la Asamblea Nacional Constituyente de 1999, donde llegó a presidir la Comisión de Derechos Humanos.
En 2004 fue electo gobernador de Anzoátegui y reelecto en 2008, lo que lo consolidó como figura clave del chavismo regional. En 2014 la Asamblea Nacional lo designó Defensor del Pueblo, en un proceso que la oposición calificó de irregular y viciado por control absoluto del oficialismo. Su gestión además fue duramente criticada por ONG y sectores opositores ante las protestas de 2014 y 2017.
El salto decisivo llegó en agosto de 2017, cuando la Asamblea Nacional Constituyente —órgano de origen cuestionado y sin reconocimiento de buena parte de la comunidad internacional— nombró a Saab como nuevo responsable al frente del Ministerio Público, tras destituir a la fiscal general Luisa Ortega Díaz, que ese año tomo distancia del gobierno de Nicolás Maduro.
Saab ha sido sancionado por Estados Unidos, la Unión Europea, Canadá, Suiza y Colombia, bajo acusaciones de socavar la democracia, encubrir violaciones de derechos humanos, y participar en la represión de la disidencia. Las sanciones lo han descrito como pieza central en un esquema de persecución judicial y como garante de impunidad para fuerzas de seguridad involucradas en abusos graves.
