Migrantes venezolanos son obligados a posar frente a las cámaras después de ser encarcelados en El Salvador. Foto: Prensa presidencial de El Salvador.
Guacamaya, 8 de abril de 2025. Una carta firmada por 23 representantes del Congreso de los Estados Unidos cuestionó la legalidad del envío de migrantes por parte del Departamento de Estado a El Salvador, y si existe un acuerdo para pagar al presidente Nayib Bukele.
La carta, dirigida al Secretario de Estado Marco Rubio, expresa preocupación por la deportación de migrantes, en su mayoría venezolanos, a El Salvador, donde están siendo encarcelados en el llamado “Centro de Confinamiento por Terrorismo” (CECOT).
Los miembros del Congreso argumentan que “estas transferencias no solo violan los principios fundamentales del derecho internacional, sino que también violan las leyes de EE. UU. y el compromiso de nuestra nación con los derechos humanos”.
Diversas organizaciones han reportado torturas y otros abusos a los derechos humanos en el CECOT. Entre ellas se encuentran Amnistía Internacional y Human Rights Watch. En relación con la transferencia de migrantes venezolanos a El Salvador específicamente, las ONG y los periodistas han informado sobre un total desprecio por el debido proceso por parte de las autoridades estadounidenses, así como torturas y malos tratos por parte de funcionarios salvadoreños.
La carta pregunta primero al Secretario Rubio si EE. UU. ha proporcionado “algún tipo de compensación monetaria al gobierno de Nayib Bukele a cambio del encarcelamiento de individuos transferidos desde los Estados Unidos al CECOT en El Salvador”.
El grupo de representantes también pregunta cuáles serían las autoridades estadounidenses responsables de esta transferencia, si existe alguna base legal para ella, y cuánto está costando a los contribuyentes.
Según el Ministro de Relaciones Exteriores de El Salvador, los ciudadanos venezolanos están siendo detenidos en el CECOT “a la espera de la decisión de Estados Unidos sobre su disposición a largo plazo.” Al respecto, la carta también pregunta si Washington D.C. todavía “mantiene autoridad sobre la custodia de cualquier individuo detenido en el CECOT a expensas de los contribuyentes estadounidenses.”
