Banderas de Estados Unidos y Venezuela. Fotografía: Prensa Presidencial
Guacamaya, 7 de enero de 2026. Las declaraciones del secretario de Estado, Marco Rubio, junto a recientes movimientos militares, financieros y regulatorios, delinean una estrategia gradual de Washington sobre Venezuela que combina control del petróleo, manejo del conflicto y una transición política aún llena de interrogantes.
Estados Unidos comenzó a revelar con mayor claridad su estrategia hacia Venezuela tras las declaraciones del secretario de Estado, Marco Rubio, quien afirmó que “la única forma en que Venezuela transporte petróleo es que coopere con nosotros”. El pronunciamiento se produjo luego de la intercepción de dos buques cisterna —Bella I y Sophia— vinculados a la llamada “flota fantasma”, uno localizado en el Atlántico Norte y otro en aguas internacionales cercanas al Caribe.
Rubio fue enfático al señalar que Petróleos de Venezuela (Pdvsa) “no puede mover su petróleo sin nuestra autorización”, y aseguró que Washington dispone ahora de “más influencia para controlar todo eso”. Según el jefe de la diplomacia estadounidense, las acciones recientes no son improvisadas, sino parte de una palanca de presión destinada a incidir directamente en el manejo de la industria petrolera venezolana.
Primera fase: el petróleo como instrumento de control
De acuerdo con Rubio, el primer escenario planteado por Estados Unidos para la llamada “reconstrucción” de Venezuela consiste en la extracción y control de entre 30 y 50 millones de barriles de petróleo, cifra que fue anunciada públicamente por el presidente Donald Trump la noche anterior. La operación, según han indicado funcionarios estadounidenses, permitiría financiar los pasos iniciales de la estrategia y marcar el tono de la relación futura con Caracas.
Trump ha señalado que la eventual recuperación del país se financiaría con los ingresos de la actividad petrolera, mientras otros miembros de su administración han subrayado que una prioridad inmediata sería la rehabilitación del sistema eléctrico, considerado clave para reactivar la economía y, en particular, la propia industria petrolera.
Segunda fase: economía, empresas y presos políticos
La segunda etapa, según Rubio, estaría centrada en la recuperación económica de Venezuela bajo nuevos términos. En ese marco, Estados Unidos buscaría garantizar que “las empresas estadounidenses tengan acceso a ese petróleo”, al tiempo que se avance en la liberación de todos los presos políticos.
Este enfoque económico-financiero coincide con señales provenientes de los mercados. Bloomberg informó que la firma Teucrium presentó ante la Comisión de Bolsa y Valores de Estados Unidos (SEC) una solicitud para lanzar el ETF Teucrium Venezuela Exposure, un fondo cotizado que buscaría replicar un índice compuesto por empresas con sede en Venezuela o con una exposición significativa al país.
De aprobarse, sería el primer ETF diseñado específicamente para ofrecer exposición accionaria vinculada a Venezuela, en un contexto marcado por la volatilidad política y la baja liquidez del mercado local. La sola expectativa de un cambio político provocó un fuerte repunte en la Bolsa de Valores de Caracas, que subió más de 16% en una sola jornada, y alimentó el rally de los bonos venezolanos en default.
Tercera fase: la transición política
La última fase descrita por Rubio apunta directamente a la transición del poder en Venezuela. “Hay que trabajar en eso y lo vamos a seguir haciendo”, afirmó, sin ofrecer mayores detalles sobre los mecanismos, los actores involucrados o los plazos previstos.
En paralelo, analistas de mercado y gestores de fondos especializados en deuda emergente anticipan que un eventual cambio político podría abrir la puerta a una reestructuración de la deuda venezolana, en default desde hace casi ocho años. Algunos estiman que ese proceso podría concretarse en un horizonte de 18 a 24 meses, lo que ha impulsado el valor de los títulos venezolanos en los mercados secundarios.
De la confrontación a la gestión del conflicto
Desde la perspectiva de la resolución de conflictos, el momento actual sugiere una transición hacia una fase de conflict management. Este enfoque busca evitar una escalada mayor y estabilizar la situación mediante mecanismos de control y presión, sin abordar de manera inmediata las causas estructurales del conflicto venezolano.
Si bien la hoja de ruta anunciada por Estados Unidos perfila con mayor nitidez sus objetivos —control energético, reordenamiento económico y transición política—, persisten numerosas interrogantes sobre la sostenibilidad del esquema, el impacto sobre la soberanía venezolana y las consecuencias sociales y políticas de una estrategia que prioriza la gestión del conflicto por encima de su resolución de fondo.
En términos de resolución de conflictos, lo que Estados Unidos parece proponer para Venezuela se acerca más a un modelo de administración del conflicto que a una solución estructural. La historia muestra que estos esquemas pueden funcionar en el corto plazo, pero tienden a generar tensiones acumuladas si no incorporan acuerdos inclusivos, legitimidad social y control soberano efectivo.
