La Comisión Europea, brazo ejecutivo del bloque, comunicó que la decisión se tomó tras una “evaluación exhaustiva” e instó a los colegisladores a respaldar la medida. Foto: Archivo
Guacamaya, 10 de junio de 2025. La Unión Europea incorporó este martes a Venezuela a su lista de jurisdicciones consideradas de “alto riesgo” en materia de lavado de activos y financiación al terrorismo. Con la medida, las entidades financieras europeas se verán en la necesidad de aplicar controles reforzados en aquellas transacciones vinculadas con clientes o entidades venezolanas.
Venezuela ha sido integrada a la lista junto a Mónaco, Argelia, Angola, Costa de Marfil, Kenia, Laos, Líbano, Namibia y Nepal. Por su parte, fueron excluidos del listado países cómo Panamá, Barbados, Gibraltar, Jamaica, Filipinas, Senegal, Uganda y Emiratos Árabes Unidos. Para el país sudamericano, la medida representa un desafío más en su inserción financiera internacional.
La Comisión Europea, brazo ejecutivo del bloque, ha señalado que las alteraciones del listado se han producido tras “una evaluación técnica exhaustiva, basada en criterios específicos y una metodología bien definida, incorporando la información recopilada del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI)”. En agosto del año pasado Venezuela había sido integrada a la “lista gris” de dicha organización.
La comisaria europea de Servicios Financieros, María Luís Albuquerque, señaló que la identificación de los territorios “de alto riesgo es una herramienta crucial para salvaguardar la integridad del sistema financiero de la UE”, de acuerdo a una nota difundida por la agencia AFP.
Venezuela ha asumido compromisos políticos con el GAFI para fortalecer sus mecanismos de lucha contra el lavado de activos. Sin embargo, aún enfrenta un panorama complejo debido a sanciones internacionales y deficiencias en el sistema AML/CFT (Anti-Money Laundering/Combating the Financing of Terrorism).
La inclusión del país caribeño en lista no implica sanciones directas, pero sí se hará más estricta la vigilancia de Europa sobre las operaciones financieras en el que las personas naturales y jurídicas venezolanas se vean involucradas. La situación complica la confianza de inversores y socios comerciales.
