Reacciones en Venezuela y desde la comunidad venezolana en EE.UU. reflejan un rechazo profundo a la cancelación del TPS, al exigir protección y justicia para la comunidad migrante afectada. Fotografía: Oficina de Washington para Asuntos Latinoamericanos (WOLA).
Guacamaya, 6 de octubre de 2025. La suspensión del Estatus de Protección Temporal (TPS) para venezolanos, ordenada el pasado viernes 3 de octubre, ha originado un conjunto de reacciones desde diversos sectores políticos y sociales. Los distintos actores que se han manifestado muestran preocupación por la incertidumbre y el temor que ha despertado la medida en cientos de miles de migrantes que contaban con la protección.
La Corte Suprema, con mayoría conservadora, reafirmó una decisión similar de mayo 2025 que permite al Departamento de Seguridad Nacional (DHS) deponer el TPS para venezolanos. La decisión, que anula un fallo del juez Edward M. Chen, del Tribunal de Distrito de California, deja a 350.000 venezolanos en riesgo inmediato de detención y deportación, y a otros 250.000 en riesgo a partir del 7 de noviembre.
Reacciones desde la oposición venezolana
El exgobernador y diputado electo al próximo periodo de la Asamblea Nacional, Henrique Capriles Radonski, lamentó la decisión de la Corte Suprema de Estados Unidos y aseguró que el fallo no reconoce la crisis política, social y económica causante de la migración. «¡Los migrantes venezolanos merecen apoyo, no más obstáculos ni incertidumbre!», sentenció a través de su cuenta en X.
A su vez, la Plataforma Unitaria Democrática (PUD), la mayor coalición opositora, se manifestó en términos similares al solicitar a los Estados Unidos una revisión urgente de sus políticas migratorias en favor de los venezolanos. En su cuenta en X, la PUD expresó la necesidad de que se garanticen «alternativas que permitan la permanencia legal» de la «inmensa mayoría» de los connacionales.
Asimismo, Antonio Ecarri, presidente de Alianza del Lápiz y diputado electo, también se pronunció ante la suspensión del TPS para los venezolanos. El dirigente calificó la medida como una muestra de criminalización por parte de Estados Unidos hacia la comunidad venezolana, y señaló que la medida no concuerda con el reciente despliegue de buques militares cerca de Venezuela. «Esta incoherencia no solo es política: es moral. No se puede predicar el amor al prójimo con un sello de deportación en la mano», señaló a través de X.
Otros actores sociales y políticos en EE. UU.
José Palma, coordinador de la Alianza Nacional TPS y principal demandante de cientos de miles de beneficiarios, cuestionó las motivaciones del fallo y lo interpretó como una muestra de injusticia. «La decisión de hoy de la Corte Suprema genera dudas sobre si la corte más alta del país decide en base a la ley o simplemente respalda las acciones del presidente Trump», expresó.
Por su parte, Adelys Ferro, directora ejecutiva del Venezuelan American Caucus, calificó la medida como «política, injusta y durísima», aunque afirmó que la lucha por mantener su protección continúa. «Yo les pido que, si no han hablado con abogados de inmigración para tratar de buscar otro beneficio migratorio, es el momento de hacerlo, ya», advirtió.
En el pasado, organizaciones como la Oficina en Washington para Asuntos Latinoamericanos (WOLA), habían advertido que la revocación del TPS tendría consecuencias devastadoras. La medida de la Corte Suprema, impuesta por primera vez en mayo de este año y ratificada este viernes, afectaría a miles de familias, y pondría en riesgo a personas que no pueden regresar a Venezuela.
La decisión, promovida en enero por el Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés), también había generado respuestas de congresistas demócratas, como Darren Soto, quien tildó la medida de «indignante». «(Los venezolanos están ayudando a nuestra economía y a parte de nuestra comunidad. Esto será una sentencia de muerte para muchos», escribió Soto en redes sociales.
Gobierno venezolano y silencio de otras figuras
En contraste con las voces opositoras, miembros del gobierno venezolano no se han pronunciado oficialmente sobre esta decisión de la Corte Suprema estadounidense. Sin embargo, en mayo, cuando la máxima instancia judicial dictó por primera vez la sentencia, el presidente Nicolás Maduro había rechazado el «intento criminal» de quitarle el TPS a los migrantes.
En paralelo, figuras importantes de la oposición venezolana como María Corina Machado y Edmundo González se han mantenido en silencio al respecto, sin emitir declaraciones públicas en torno a la suspensión del TPS confirmada este viernes. Más allá del mensaje de algunos actores, no ha habido mayores intervenciones de la representación política venezolana.
La falta de pronunciamientos del gobierno y algunos líderes opositores han generado un vacío en el debate y en la representación pública. Además, las alternativas legales para los afectados son insuficientes para cubrir la magnitud del problema, razón que provoca que la demanda por soluciones humanitarias y políticas persista con alarma para más de 300.000 venezolanos.
