Foto desde el aire del Centro de Confinamiento del Terrorismo (CECOT). Se trata de una megaestructura carcelaria donde fueron enviados más de 200 venezolanos. Fotografía: Prensa del Ministerio de Seguridad Pública y Justicia de El Salvador
Guacamaya, 12 de noviembre de 2025. Un informe conjunto de Human Rights Watch (HRW) y la organización salvadoreña Cristosal denuncia que 252 migrantes venezolanos deportados por Estados Unidos entre marzo y abril de 2025 fueron recluidos en condiciones inhumanas en el Centro de Confinamiento del Terrorismo (CECOT), la megacárcel construida por el gobierno de Nayib Bukele.
Los investigadores documentaron golpizas, torturas, violencia sexual y desapariciones forzadas, y sostienen que tanto Estados Unidos como El Salvador violaron el derecho internacional de los derechos humanos.
“Nos dijeron que habíamos llegado al infierno”
Gonzalo, uno de los venezolanos deportados, contó que cuando el avión aterrizó en El Salvador, los agentes obligaron a los migrantes a arrodillarse con la cabeza gacha. Al explicar que tenía un problema en la columna y no podía mantener esa posición, un agente le golpeó la nuca con un bastón.
“Cuando llegamos al CECOT, nos hicieron arrodillar para afeitarnos la cabeza”, relató. “Uno de los oficiales me golpeó en las piernas y caí al suelo de rodillas. El director nos dijo: ‘Llegaron al infierno’”.
Según el informe, los venezolanos permanecieron incomunicados durante casi cuatro meses, hasta el 18 de julio, cuando fueron enviados a Venezuela como parte de un intercambio de prisioneros entre ambos gobiernos. Durante su estancia, sufrieron malos tratos sistemáticos, incluyendo golpizas diarias, privación de alimentos, falta de acceso a medicinas, higiene y agua potable, así como castigos en celdas de aislamiento conocidas como “la Isla”.
Investigaciones y hallazgos
Human Rights Watch y Cristosal entrevistaron a 40 exdetenidos del CECOT y a 150 personas adicionales con conocimiento de sus casos, incluidos familiares, abogados y expertos forenses. Revisaron fotografías de lesiones, documentos judiciales y registros penitenciarios tanto en Estados Unidos como en El Salvador.
El estudio revela que las autoridades salvadoreñas acusaron sin pruebas a la mayoría de los deportados de pertenecer al Tren de Aragua, una organización delictiva venezolana designada por Washington como grupo terrorista extranjero. Sin embargo, la revisión de antecedentes realizada por ambas organizaciones demostró que muchos no tenían condenas ni cargos pendientes en ningún país.
Cabe recordar que la designación de este grupo como terrorista se gestó en parte gracias a un importante lobby del equipo de María Corina Machado, líder de un sector de la oposición venezolana que posicionó y suministro información presuntamente falsa según ha revelado un reportaje publicado por la agencia Reuters al que los involucrados se han negado a responder hasta la fecha.
El informe concluye que los 252 venezolanos fueron víctimas de detención arbitraria y desaparición forzada, prácticas prohibidas por el derecho internacional. Además, los abusos sufridos en el CECOT constituyen actos de tortura, según los estándares de la Convención contra la Tortura de la ONU.
Golpizas, aislamiento y violencia sexual
Los testimonios recogidos por HRW y Cristosal describen violaciones sistemáticas de derechos humanos. Los detenidos afirmaron que eran golpeados casi todos los días por custodios y fuerzas antimotines, a menudo por razones absurdas: hablar en voz alta, pedir atención médica o ducharse fuera del horario establecido.
Uno de los sobrevivientes contó que tras la visita del Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR) en mayo, fue llevado a una celda de castigo:
“Me pegaron con un bastón hasta que me empezó a sangrar la nariz. Cuando traté de respirar, me ahogué con mi propia sangre. Mis compañeros gritaban que nos estaban matando, y los guardias respondían que solo querían hacernos sufrir”.
Tres de los entrevistados denunciaron haber sido víctimas de violencia sexual. Uno relató que cuatro guardias lo agredieron y lo obligaron a practicar sexo oral. “Jugaron con sus bastones en mi cuerpo”, dijo. Según el informe, más víctimas podrían haber sufrido abusos similares, pero el estigma y el miedo impiden denunciarlo.
Violaciones al derecho internacional
HRW y Cristosal sostienen que tanto El Salvador como Estados Unidos violaron varias normas internacionales de derechos humanos, incluyendo las prohibiciones de tortura, desaparición forzada y detención arbitraria.
El informe también acusa a Washington de incumplir el principio de no devolución (non-refoulement), que prohíbe trasladar personas a países donde puedan sufrir tortura o persecución.
Las familias en Estados Unidos denunciaron además la falta total de información. “Mi hijo me llamó desde un centro de detención migratoria para decirme que pronto estaría en Venezuela. Pero nunca llegó”, relató la madre de Gonzalo. “Pasaron los días y no supe más nada. Solo supe que estaba en una lista de deportados enviada al CECOT. Desde ese momento todo se volvió oscuro”.
HRW acusa a las autoridades estadounidenses de ocultar deliberadamente el paradero de los deportados, lo que podría convertir al gobierno en cómplice de desapariciones forzadas.
Repatriados
En julio, los venezolanos fueron enviados finalmente a su país, en el contexto de un acuerdo entre Caracas y San Salvador. HRW advierte que esta medida agravó su vulnerabilidad, ya que muchos aseguraban haber huido del gobierno de Nicolás Maduro.
Algunos exdetenidos informaron que agentes de inteligencia venezolanos los visitaron tras su regreso, obligándolos a grabar videos sobre su trato en Estados Unidos.
El gobierno venezolano ha negado en varias ocasiones que estás acciones hayan ocurrido y ha negado a través de distintos voceros la existencia de algún tipo de persecución.
“Nosotros no somos terroristas, somos migrantes”, declaró uno de los deportados. “Fuimos a Estados Unidos buscando refugio y terminamos en una cárcel de un país que no conocíamos, tratados peor que animales” relata una victima
Llamado a la rendición de cuentas
HRW y Cristosal exigieron al gobierno de Estados Unidos que ponga fin a todos los traslados de migrantes a El Salvador y que rinda cuentas por su participación en estas violaciones.
Asimismo, instaron al Consejo de Derechos Humanos de la ONU, a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y a otros organismos internacionales a investigar y sancionar los abusos cometidos por ambos gobiernos.
“Este caso muestra el costo humano de las políticas migratorias que priorizan la expulsión por encima de la protección”, advirtió Human Rights Watch. “En lugar de ofrecer refugio, se entregó a personas vulnerables al sufrimiento y la tortura”.
