Esta selección final, caracterizada por la pluralidad y la paridad de género con predominio femenino, busca garantizar la transparencia y la participación democrática en el sistema de justicia. | Fotografía: Página web de la Asamblea Nacional.
Guacamaya, 23 de octubre de 2026. La plenaria de la Asamblea Nacional aprobó por unanimidad la designación y juramentó a los 12 representantes de la sociedad civil que integrarán el Comité de Postulaciones Judiciales. La instancia, producto de las negociaciones entre las delegaciones del Gobierno y la Comisión Delegada de la AN, tiene la responsabilidad de conducir el proceso para la renovación del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ).
Con la juramentación efectuada por el presidente del Poder Legislativo, Jorge Rodríguez, el Comité quedó constituido formalmente con un total de 23 integrantes: los 11 diputados de la Comisión Preliminar y la docena de ciudadanos seleccionados. El grupo civil fue escogido tras la evaluación de 127 postulaciones iniciales, reducidas a 85 tras un filtro de entrevistas y revisión de méritos.
Perfiles de los 12 ciudadanos y correlación de fuerzas
El análisis de los perfiles y de los registros públicos revela una composición diversa entre los 12 representantes ciudadanos, entre los que coexisten sectores académicos, médicos, gremiales y de derechos humanos con figuras de vinculación institucional:
- Rosmely del Valle Flores Parras: Licenciada en Administración, comunicadora social y abogada. Es activista en el sector de discapacidad y neurodivergencia, vinculada al Movimiento Azul y postulada por organizaciones de mujeres de Miranda. Según registros analizados por la ONG Transparencia Venezuela, trabajó en el Ministerio de Comunas desde 2006, integró la nómina de la Asamblea Nacional entre 2023 y 2025 y formó parte del Comité de Postulaciones Electorales en 2023, configurando un perfil asociado al oficialismo.
- Clara Inés Casanova de Valecillos: Abogada especialista en ciencias penales, criminalística y derecho procesal. Es integrante del directorio de la Federación de Colegios de Abogados de Venezuela —organización que la postuló— y ha ejercido como apoderada litigante ante la Sala Constitucional del TSJ, sin militancia partidista reportada.
- María Luisa Chacón de Aldana: Médica psiquiatra, egresada de la UCV, doctora en Psicología y docente. Desde 2017 ejerce como jefa del Servicio de Psiquiatría del Hospital Vargas de Caracas y es vicepresidenta de la Fundación Venezolana para el Avance de la Psicología de la Salud (Funvepssa). Fue propuesta por la Asociación de Psiquiatría Venezolana y no registra filiación política.
- Nancy Clara Castro de Varvaro: Abogada especializada en ciencias penales, criminológicas y derecho bancario. Fue fiscal del Ministerio Público en materia disciplinaria judicial, jueza y profesora de la Universidad Católica Andrés Bello (UCAB) entre 2009 y 2023. Su postulación fue respaldada por la UCAB, sin vinculación partidista identificada.
- Mairim Girlens Ruíz Ramos: Abogada especialista en derecho laboral, procesal civil y gerencia municipal. Se postuló por iniciativa propia. Sin embargo, posee trayectoria en el Estado como jueza ejecutora de medidas en Delta Amacuro (2004), jefa de revisión en la Notaría Primera de Vargas y jueza de protección de niños y adolescentes en Caracas.
- Yrma del Valle Pazos Grau: Abogada especialista en formación docente y ciencias penales, postulada por iniciativa propia y sin registro de militancia política.
- Raquel Yadxani Sánchez Carrero: Abogada y magíster en Ciencias Jurídicas. Fue postulada por la ONG Foro Penal, organización en la que se desempeña como coordinadora en el estado Táchira, liderando la defensa de personas detenidas por motivos políticos y víctimas de represión.
- Anthony Gerard Pérez Negrón: Abogado egresado de la UCV, especialista en derecho procesal y ciencias penales, magíster en terrorismo y corrupción, y doctor en derecho procesal constitucional. Fue juez penal y profesor universitario, postulado por la agrupación Legión Ucevista. Transparencia Venezuela señala nexos con el oficialismo, destacando su ingreso en 2018 a la nómina de la Dirección Ejecutiva de la Magistratura (DEM) y su participación en eventos de instituciones estatales.
- Mauro Manuel Herrera Gutiérrez: Médico cardiólogo y hemodinamista, especialista en medicina intensiva, jefe del Servicio de Cardiología del Hospital Vargas y del Urológico San Román. Postulado por la Sociedad Médica del Urológico San Román, repite en esta responsabilidad tras integrar el comité designado en mayo de 2026 en el proceso que fue suspendido.
- Juan Domingo Alfonzo Paradisi: Abogado especialista en Derecho Administrativo, doctor en Derecho, socio director de la firma Torres, Plaz & Araujo y profesor de la UCV y UCAB. Postulado por la Asociación Venezolana de Derecho Administrativo (AVDA), sin adscripción partidista.
- Guillermo Tell Aveledo Coll: Politólogo, doctor en Ciencias Políticas y decano de la Facultad de Estudios Jurídicos y Políticos de la Universidad Metropolitana (Unimet). Postulado por iniciativa propia. Aunque no registra militancia propia, fue miembro suplente de la opositora Comisión Nacional de Primarias 2023 y es hijo de Ramón Guillermo Aveledo, exsecretario ejecutivo de la Mesa de la Unidad Democrática (MUD).
- Guillermo José Guzmán Mirabal: Historiador y abogado, doctor en Historia por la UCAB, profesor asociado de esa casa de estudios, máster por Boston University y fundador de la Red Historia Venezuela. Es postulado por iniciativa propia sin nexos partidistas.
¿Cuál es la filiación política dentro del grupo ciudadano?
Transparencia Venezuela identificó 2 ciudadanos con nexos con el oficialismo o instituciones del Estado: Rosmely Flores (exnómina de la AN y Ministerio de Comunas) y Anthony Pérez Negrón (vinculado a la Dirección Ejecutiva de la Magistratura).
En investigación independiente, otras 2 personas han ejercido cargos estatales: Nancy Castro de Várvaro (exfiscal antes y después de 1999) y Mairim Ruiz Ramos (exjueza en Delta Amacuro, Vargas y Caracas desde 2004).
Por otra parte, destacan 2 perfiles vinculados a causas opositoras, como Guillermo Tell Aveledo (decano en la Unimet y exmiembro de la Comisión Nacional de Primarias en 2023) y Raquel Sánchez (coordinadora de Foro Penal Táchira). Los 6 miembros restantes de la lista los integran juristas o médicos de trayectoria gremial, en su mayoría postulados por iniciativa propia o las organizaciones que representan.
Aunque no se puede determinar cómo se equilibra la fuerza política interna, en el mapa global de los 23 miembros del Comité, solo 11 de ellos (8 ciudadanos y 3 diputados opositores) no guardan relación anterior con el oficialismo o entes políticos del Estado.
Mientras tanto, el grupo restante lo componen 8 diputados oficialistas (integrantes de la Comisión Preliminar) y 4 ciudadanos con nexos previos en el Estado, aunque no puede aseverarse una vinculación directa con el oficialismo.
La hoja de ruta y el tiempo de espera para renovar el TSJ
Tras la juramentación, la tarea inmediata del Comité de Postulaciones Judiciales es designar su propia Junta Directiva, que se estima sea encabezada por algún miembro de la sociedad civil, y posteriormente abrir la convocatoria para cubrir las 32 magistraturas del Tribunal Supremo de Justicia, en las salas Constitucional, Penal, Civil, Político-Administrativa, Social y Electoral.
En cuanto al tiempo de espera, estimaciones del periodista especializado en materia electoral Eugenio Martínez, en su cuenta en la red social X, señalan que el proceso completo de evaluación y designación de los 32 magistrados podría demorarse entre 66 y 82 días continuos aproximadamente a partir de la juramentación del Comité de Postulaciones Judiciales.
El Consejo de Revisión de Credenciales: el contrapeso técnico
Un elemento diferenciador en este proceso es la actuación del Consejo de Revisión de Credenciales y Requisitos, una instancia concebida el pasado 25 de septiembre en la Mesa de Diálogo para actuar como un “blindaje técnico” adicional al Comité de Postulaciones Judiciales.
Este consejo está compuesto por siete juristas de reconocida trayectoria, cuatro identificados como de perfil independiente (Rogelio Pérez Perdomo, Belén Ramírez Landaeta, María Bernardoni de Govea y Bernardo Pulido Márquez) y tres con antecedentes en la gestión judicial o administrativa durante el oficialismo (Silio Sánchez Zerpa, Deyanira Nieves Bastidas y Federico Fuenmayor Gallo).
Su cometido exclusivo es diseñar un baremo público de evaluación y trabajar en paralelo con el Comité de Postulaciones para certificar que los candidatos cumplan con las exigencias de idoneidad, solvencia moral y mérito académico que demanda la Constitución.
Para elevar la exigencia, la ONG Acceso a la Justicia propuso un baremo público de 100 puntos, cuya propuesta establece hasta 24 puntos por trayectoria ético-profesional y 76 puntos por reconocida competencia, además de requisitos mínimos de nacionalidad única y cero militancia que generan descalificación automática en caso de incumplimiento. Asimismo, está contemplado un castigo de -20 pts por sanciones disciplinarias o señalamientos en informes de DD. HH.
La mirada ciudadana estará fija en cada fase del proceso. La legitimidad de las futuras autoridades judiciales dependerá de la rigurosidad y transparencia con que el Comité de Postulaciones Judiciales y el Consejo de Revisión apliquen estos filtros de idoneidad técnica sobre los sesgos políticos.
