Entrada del “Centro de Confinamiento del Terrorismo” (CECOT) en El Salvador. Fotografía: La Prensa Gráfica Noticias de El Salvador.
Guacamaya, 11 de junio de 2025. Un grupo de familiares y allegados de venezolanos detenidos en el Centro de Confinamiento del Terrorismo (CECOT) en El Salvador arribó esta semana al país centroamericano para exigir pruebas de vida y conocer el estado de salud de sus seres queridos. Los privados de libertad forman parte de los más de 200 venezolanos que fueron deportados desde Estados Unidos y acusados de integrar la megabanda criminal “Tren de Aragua”.
La delegación de familiares,provenientes principalmente del estado Táchira, llegaron a El Salvador, tras recaudar fondos por su propia cuenta, y con el respaldo de abogados y defensores de derechos humanos. La comitiva está integrada, entre otros, por Lisbeth Sanguino, tía de Widmer Sanguino, quién llegó a EE UU como refugiado; y Reina Cárdenas, amiga de Andry Hernández, un solicitante de asilo.
Aunque inicialmente se habló de un total de 252 deportados recluidos en el CECOT, luego se precisó en un listado que son 238 venezolanos los que permanecen detenidos en la prisión de máxima seguridad. El grupo de familiares arribó a El Salvador con un documento legal en representación de seis familias, aunque aseguraron presentarse en nombre de la totalidad de los internos venezolanos.
Walter Márquez, exdiputado venezolano y presidente de la Fundación El Amparo Internacional, se presentó en nombre de la delegación ante la Dirección General de Centros Penales, en San Salvador, para entregar una carta. En la correspondencia, el grupo solicitó comprobar que sus familiares están con vida, verificar su estado de salud, entender su situación jurídica y exigir su libertad inmediata.
“Queremos exigir al presidente Bukele el derecho a la visita. Oficialmente no se sabe si están ahí o no porque el gobierno ha declarado esa información secreta (…) Hemos pedido ayuda a la Cruz Roja Internacional para que nos ayude a verificar el estado de salud de ellos”, señaló Márquez al diario español El País en una llamada telefónica.
El arribo del grupo de familiares venezolanos también contó con la visita a la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos (PDDH) y, además, planean solicitar la intervención de la Nunciatura Apostólica para que el Papa medie en el caso. Los 238 venezolanos que siguen recluidos en la megacárcel salvadoreña han sido acusados en su totalidad de integrar el “Tren de Aragua”.
La situación jurídica de los migrantes venezolanos deportados ha sido incierta, ya que no se les han formulado cargos ni presentado evidencias concretas que los involucre con actividades criminales. De hecho, de acuerdo a la organización no gubernamental salvadoreña Cristosal, solo el 13 % de los venezolanos detenidos en el CECOT cuenta con antecedentes penales.
La deportación masiva de venezolanos al CECOT forma parte de un acuerdo entre los gobiernos de Estados Unidos y El Salvador, por el cual la administración de Donald Trump paga seis millones de dólares para mantener a los migrantes recluidos. Al respecto, la Oficina de Derechos Humanos de la ONU ha expresado la profunda preocupación por la opacidad del caso y la ausencia de representación legal de los afectados.
(Con información de El País y AFP)
