El presidente de la Asamblea Nacional de Venezuela, Jorge Rodríguez, también es el principal negociador de Caracas con el gobierno de los Estados Unidos. Fotografía: Asamblea Nacional.
Guacamaya, 17 de marzo de 2025. Jorge Rodríguez, el delegado gobierno venezolano para el diálogo con los Estados Unidos, denunció este lunes la deportación de 238 venezolanos a una megacárcel en El Salvador, así como la aplicación de la “Ley de Enemigos Extranjeros” de 1798.
Rodríguez calificó el hecho como un “crimen de lesa humanidad” y prometió agotar todas las vías legales, diplomáticas y políticas para repatriar a los afectados a Venezuela, mientras instó a sus compatriotas a evitar viajar a los EEUU.
El también presidente de la Asamblea Nacional es el principal negociador oficialista con Washington. No escatimó en críticas durante una conferencia de prensa en Caracas: “En Estados Unidos no hay Estado de Derecho para nuestros migrantes. ¡Usaremos todos los mecanismos, hasta hablar con el diablo, para traerlos de vuelta!”, aseguró. Además, propuso que el gobierno venezolano emita una alerta formal para disuadir viajes al país norteamericano, al que acusó de “criminalizar la migración”.
La chispa del conflicto fue la deportación masiva de venezolanos vinculados por Washington. La Casa Blanca alegó que los afectados son miembros del Tren de Aragua, aunque sin presentar pruebas. Se les ha expulsado y enviado a un tercer país mediante una ley de guerra de 1798, reactivada por la administración de Donald Trump. Según Rodríguez, esta acción “viola el derecho internacional” y será denunciada ante cortes globales por parte de Venezuela.
Rodríguez indicó que Venezuela pondrá a disposición “todos los aviones disponibles para buscar a los venezolanos que quieran regresar al país”.
Posición de Estados Unidos
La Casa Blanca defendió las deportaciones, alegando que los trasladados son “extranjeros terroristas” y que la orden judicial que bloqueaba la medida emitida el sábado por el juez James Boasberg carece de validez. Karoline Leavitt, portavoz presidencial, insistió en X: “El Tribunal Supremo respalda las facultades del presidente en seguridad nacional”.
Sin embargo, la aplicación de la “Ley de Enemigos Extranjeros” diseñada para tiempos de guerra declarada—genera escepticismo. Expertos legales subrayan que los EEUU no está en conflicto bélico con Venezuela, lo que cuestiona la base jurídica de la medida.
El Departamento de Estado de los EEUU, al ser preguntados sobre las deportaciones, se refirieron a un comunicado del Secretario Marco Rubio, en el que tachan al Tren de Aragua como una “organización extranjera terrorista”. También agradece al presidente salvadoreño Nayib Bukele por ofrecerse a apresar “estos criminales violentos”, refiriéndose a los venezolanos deportados.
El departamento se negó a responder más preguntas, entre ellas si se puede confirmar que los deportados son miembros del Tren de Aragua, si se están deportando venezolanos a más países, o cuánto se está pagando al gobierno de El Salvador por recibir y encarcelar migrantes. Según AP, la administración Trump pagará 6 millones de dólares.
Reacciones a lo interno de Venezuela
Provea, organización de derechos humanos, denunció que los deportados enfrentan un “limbo legal” en El Salvador, sin acceso a abogados o familiares.
Por otro lado, dirigentes opositores como Ramón Guillermo Aveledo y Andrés Caleca condenaron las deportaciones y el trato “cruel” contra los venezolanos.
En un comunicado, el Ministerio de Relaciones Exteriores equiparó las deportaciones con “campos de concentración nazis” y responsabilizó a las sanciones económicas de EEUU y la Unión Europea por la crisis migratoria. Además, apuntó contra figuras opositoras como Leopoldo López, Carlos Paparoni y María Corina Machado, a quienes vinculó con redes de tráfico humano y “medidas que estigmatizan al pueblo”.
La situación ocurre pocos días después de que los EEUU decidiera revocar la Licencia a la compañía petrolera Chevron, indicando que tenía que cesar sus operaciones en Venezuela.
Antecedente Histórico: Una Ley en el Ojo del Huracán
La “Ley de Enemigos Extranjeros”, creada en 1798 durante tensiones con Francia, en una situación que fue conocida como la “Guerra no Declarada”, permitiendo al presidente estadounidense expulsar a ciudadanos de países “enemigos” en contextos bélicos. Su uso en 2025 marca la primera aplicación en 80 años, reviviendo debates sobre racismo y seguridad nacional en la política migratoria de EE.UU.
Esta ley, a diferencia de otras de las cuatro que ya han expirado o fueron derogadas, sigue vigente hoy en día, aunque solo se ha activado en conflictos puntuales.
La ley autoriza al presidente de los EEUU a detener, deportar o restringir las actividades de ciudadanos varones mayores de 14 años de un país considerado “enemigo” durante una “guerra declarada” o una “invasión armada”.
Durante la Segunda Guerra Mundial se utilizó para justificar la detención de más de 10.000 ciudadanos japoneses, alemanes e italianos. El internamiento masivo de japoneses-estadounidenses se basó en otra normativa conocida como “Orden Ejecutiva 9066”.
En el periodo conocido como el “Segundo Temor Rojo” en plena Guerra Fría, auspiciado por el “Macartismo”, la Ley se utilizó para apoyar medidas contra extranjeros acusados de ser simpatizantes del comunismo o de espiar para los países del Pacto de Varsovia.
¿Qué sigue?
Venezuela ha dicho que presentará el caso ante la Corte Penal Internacional y la ONU, además de otros organismos. El gobierno venezolano también ha lanzado una plataforma digital para que los familiares de los migrantes venezolanos puedan denunciar si se encuentran en esa situación.
El vicepresidente del Partido Socialista Unido de Venezuela y Ministro del Interior, Diosdado Cabello ha reiterado la convocatoria a una marcha en “solidaridad con los migrantes” y ha dicho que los “gobiernos satélites de los EEUU en la región podrían tomar acciones similares contra los migrantes venezolanos”. Además cuestionó el silencio de organismos internacionales como Naciones Unidas ante la situación.
Un dato no menor es que en sus declaraciones y críticas a los EEUU, Jorge Rodríguez no mencionó ni culpó directamente a Trump y tampoco a su enviado especial para Venezuela y Corea del Norte, Richard Grenell. Este último ha sido el principal enlace entre Caracas y Washington desde que visitó Venezuela el 31 de enero. Las declaraciones del gobierno venezolano enfilan sus críticas y señalamientos al secretario de Estado, Marco Rubio y a figuras opositoras.
Mientras tanto, la administración Trump podría enfrentar presiones legales si se demuestra que eludió la orden judicial del sábado. Los 238 deportados permanecen en la megacárcel de El Salvador, un experimento penitenciario del presidente Nayib Bukele, que ha tenido varios cuestionamientos internacionales y por parte de organizaciones de derechos humanos.
