La CIJ emite una histórica opinión consultiva. Foto de la Galeria de medios de la CIJ.
Guacamaya, 23 de julio de 2025. El tribunal de la ONU establece que los países tienen responsabilidades legales para proteger el clima y garantizar un medioambiente sano, vinculando el cambio climático con derechos humanos fundamentales.
En una histórica opinión consultiva, la Corte Internacional de Justicia (CIJ) declaró este miércoles que el incumplimiento de las obligaciones climáticas constituye un “acto internacionalmente ilícito” que genera responsabilidad legal y puede acarrear reparaciones al Estado perjudicado. Según la CIJ, los tratados sobre cambio climático crean obligaciones vinculantes para prevenir daños significativos al sistema climático y protegerlo en beneficio de las generaciones presentes y futuras.
El juez presidente, Iwasawa Yuji, subrayó que los países firmantes de acuerdos como la Convención Marco sobre Cambio Climático y el Acuerdo de París deben “adoptar todas las medidas a su alcance” para reducir las emisiones de gases de efecto invernadero y promover la adaptación al cambio climático. “El incumplimiento de estas obligaciones implica responsabilidad internacional y exige el cese de la conducta ilícita, garantías de no repetición y, cuando corresponda, reparaciones que pueden incluir restitución, compensación o satisfacción”, afirmó.
Además, la Corte vinculó directamente el derecho a un medioambiente limpio, saludable y sostenible con derechos humanos fundamentales, como la vida, la salud, la alimentación, el agua y la vivienda, destacando que proteger el clima es condición previa para su pleno disfrute.
La resolución, solicitada por la Asamblea General de la ONU en marzo de 2023, pedía a la CIJ que aclarara las obligaciones estatales en materia climática a la luz del derecho internacional y los derechos humanos, así como la responsabilidad histórica de los grandes emisores de gases contaminantes. Más de cien países y organizaciones internacionales participaron en las audiencias para argumentar sobre la interdependencia entre el cambio climático y los derechos humanos.
En este contexto, estudios recientes alertan sobre el alto nivel de vulnerabilidad de Venezuela al cambio climático, con impactos ya visibles en su agricultura y seguridad alimentaria. Según datos de la CAF (2014), el país enfrenta una gran diversidad de amenazas climáticas debido a la heterogeneidad de sus ecosistemas, mientras que investigaciones como las de Sisol et al. advierten sobre la pérdida de competitividad agrícola, conflictos por recursos y aumento de zonas semiáridas. Por ejemplo, proyecciones indican que para 2060 el clima súper-húmedo de la cuenca del río Caroní podría degradarse a húmedo, y los climas secos podrían extenderse hasta cubrir casi la mitad del territorio.
Un informe de la Fundación Friedrich Ebert resalta la vulnerabilidad del país frente al cambio climático y llama a superar el modelo petrolero para garantizar agua, alimentación, salud y energía a la población.
La crisis climática ya golpea con fuerza los derechos humanos fundamentales en Venezuela y el Estado debe colocar el tema en el centro de sus políticas públicas si quiere garantizar agua, alimentos, salud, hábitat y energía a su población. Así lo concluye el estudio Crisis climática y derechos humanos en Venezuela: una aproximación al debate entre justicia climática y seguridad, elaborado por el investigador Omar Vázquez Heredia para la Fundación Friedrich Ebert y publicado en enero de 2024.
El documento advierte que la degradación ecológica, los fenómenos extremos y la falta de políticas integrales sitúan al país como “vulnerable en todos los índices” frente a los impactos climáticos. “En Venezuela, la exposición y vulnerabilidad son altas por su geografía diversa, la dependencia del petróleo y la falta de políticas integrales”, señala el informe.
Entre los principales riesgos identificados, el autor destaca que en 2022 el 90,2% de la población tenía un acceso deficiente al agua potable, mientras que la agricultura, de la que depende buena parte de la seguridad alimentaria, está extremadamente expuesta porque el 94,3% de la producción se desarrolla en condiciones de secano, cada vez menos sostenibles ante las sequías y el aumento de las temperaturas.
El estudio también subraya que la salud y el hábitat se ven comprometidos por epidemias, olas de calor, inundaciones y desplazamientos forzados, y que el sistema energético —altamente dependiente de la hidroelectricidad— está amenazado por la reducción de los caudales y las fallas estructurales.
Además de describir las amenazas, el informe cuestiona el enfoque militarizado que algunas instituciones internacionales imprimen a la crisis climática al considerarla un asunto de seguridad. Citando a Buxton, sostiene que “darle a la crisis climática el marco de un problema de seguridad resulta profundamente problemático” y propone en su lugar un enfoque basado en la justicia climática y la seguridad humana, que priorice derechos y equidad.
El diagnóstico es claro: las políticas actuales son insuficientes y se requiere una transformación de fondo. Entre las recomendaciones se encuentra garantizar acceso al agua mediante preservación y gestión integrada; promover la agroecología y sistemas alimentarios resilientes; fortalecer la gestión de riesgos, salud pública y hábitat seguro; y diversificar la matriz energética.
“Es imprescindible que la crisis climática ingrese en la agenda, planificación y diseño de políticas públicas, para alcanzar las transformaciones económicas, sociales y políticas estatales que garanticen la mitigación y adaptación”, concluye el documento.
La CIJ recordó que cualquier exigencia de reparación depende de demostrar una relación clara entre el daño ambiental y la acción ilícita de un Estado. Sin embargo, dejó claro que los compromisos climáticos no son opcionales: su cumplimiento es un deber jurídico internacional con consecuencias para quienes lo ignoren.
