De izquierda a derecha: los representantes de la cámara baja Mario Díaz Balart, María Elvira Salazar y Carlos Giménez. Los tres republicanos, de origen cubano, representan distritos en el sur de la Florida.
Tres congresistas habrían impuesto al presidente norteamericano Donald Trump acabar la “Licencia Chevron”, según una exclusiva de Axios.
Serían representantes en la Cámara Baja del Congreso de los Estados Unidos, los tres republicanos y de distritos en la punta Sur de la Florida. También comparten sus raíces cubanas: Mario Díaz-Balart, María Elvira Salazar y Carlos Giménez.
Los representantes, explica Axios, se amenazaron a Trump para que revocase la Licencia General 41, que permite a Chevron producir y exportar petróleo en Venezuela a pesar de las sanciones. El partido republicano tiene una mayoría estrecha en la Cámara Baja, por lo que tan solo ellos tres podrían bloquear proyectos de ley votando junto con los demócratas.
La “Ley de Reconciliación”, una reforma al presupuesto federal vigente, ganó por dos votos, quedando en 217 a favor y 215 en contra. De hecho, el republicano Thomas Massie se opuso, uniéndose a la bancada demócrata.
“Están locos y necesito sus votos”, explicó Trump en privado cuando avisó por primera vez de que revocaría la licencia, según el periodista Marc Caputo en Axios. 8 horas después de la votación, el mandatario anunció su decisión en Truth Social.
El anuncio tomó a muchos observadores por sorpresa debido a que Trump, al mismo tiempo, acordando reanudar vuelos de repatriación con el gobierno de Venezuela. El intento de Joe Biden también fracasó al reavivarse el conflicto con Nicolás Maduro.
Sin embargo, la administración Trump ha dado un paso más allá al tratar de revocar el Estatus de Protección Temporal (TPS), argumentando que sí existen condiciones favorables en Venezuela para acoger a migrantes deportados.
De 17 países en la lista del TPS, solo se está tratando de eliminar el país sudamericano. Alrededor de 600.000 venezolanos verían su residencia en Estados Unidos afectada si el estatus se deja expirar este año, con el riesgo de que podrían ser deportados.
En relación con el TPS, Salazar y otros representantes de la Florida han propuesto extender las protecciones a la comunidad venezolana en Estados Unidos. Sin embargo, su prioridad habría sido las sanciones a Venezuela, ya que las impusieron como condición para votar a favor del presupuesto.
¿Quiénes son?
Es el presidente de la Cámara Baja, el republicano Mike Johnson, quien se ha referido a ellos como “cubanos locos,” añadiendo “como los llamamos cariñosamente.”
Carlos Giménez es el único que nació en Cuba, en 1954, llegando a Miami con su familia en 1960, un año antes de la llegada de Fidel Castro al poder. María Elvira Salazar nació en la “Little Havana” de Miami en 1961, el mismo año que Mario Díaz-Balart, aunque su nacimiento fue en Fort Lauerdale.
Curiosamente, aunque ninguno de los tres vivió bajo los Castro, han construido sus carreras políticas alrededor de su oposición a la Revolución. Hoy, son tan solo la última generación de políticos cubanoamericanos que defienden férreamente el embargo a la isla, en vigencia desde 1960, argumentando que sólo así caerá el régimen comunista.
También se les unen el ahora secretario de estado Marco Rubio y su enviado especial para América Latina Mauricio Claver-Carone. Aunque la mayoría hoy día militan en el Partido Republicano, también han contado con el exsenador demócrata Robert Menéndez. Representó al Estado de Nueva Jersey desde 2006 hasta 2024, cuando fue condenado por corrupción y cohecho.
A pesar de que el eterno bloqueo a Cuba no a ofrecido resultados, los políticos cubanoamericanos han decidido extender la misma estrategia al aliado más cercano de la isla: Venezuela. Primero apoyaron el esfuerzo de Trump en su primer mandato para aislar el país y así ayudar la toma del poder por Juan Guaidó. En su falta, han suscrito proyectos de ley para codificar las sanciones económicas y financieras al país.
El bloqueo a Cuba ha podido perdurar más de seis décadas en gran parte gracias a que incluye leyes aprobadas en el Congreso, como la Helms-Burton. Mientras tanto, las sanciones a Venezuela dependen en su mayor medida de las órdenes executivas provenientes del presidente, haciéndolas más flexibles.
Salazar a propuesto la Ley REVOCAR, que prohibiría todas las transacciones con el sector energético en Venezuela, hasta un eventual cambio de régimen. De ser aprobada, eliminaría el margen de maniobra para que la Casa Blanca introduzca licencias para empresas petroleras, como Chevron, Repsol o Schlumberger.
En septiembre, Salazar y Giménez presentaron la Ley VALOR, que reafirmaría las sanciones financieras, sobre el Banco Central de Venezuela, Pdvsa y la emisión de deuda por parte del Estado. Mantendría al gobierno de Maduro fuera de el Fondo Monetario Internacional, el Banco Interamericano de Desarrollo y la Organización de Estados Americanos. También bloquearía fondos enviados a países que ayuden al Estado venezolano.
Ninguno de los dos proyectos anteriores fueron aprobados, pero sí lo lograron con la Ley BOLIVAR, introducida por Michael Waltz, quien hoy es el asesor de Seguridad Nacional de Trump. Esta prohibiría al gobierno federal de EEUU contratar a empresas que han hecho negocios con el Estado liderado por Maduro.
