El Helicoide, centro de detención más importante de los presos políticos en Venezuela.
Guacamaya, 30 de enero de 2026.Delcy Rodríguez anunció una ley de amnistía general que podría beneficiar a cientos de presos políticos en Venezuela, en un movimiento inédito desde 1999 y marcado por la mediación internacional y un proceso de excarcelaciones lento y todavía incompleto
El chavismo dio este viernes un paso de alto impacto político al anunciar una amnistía general para los presos políticos en Venezuela, una medida que, de concretarse, marcaría un quiebre con más de una década de persecución judicial y encarcelamientos por razones políticas. El anuncio fue realizado por la presidenta encargada, Delcy Rodríguez, durante un acto en el Tribunal Supremo de Justicia, vetado a la prensa y adelantado en exclusiva por EL PAÍS de España.
La iniciativa, que será remitida a la Asamblea Nacional, busca borrar las causas judiciales de quienes han sido excarcelados o permanecen detenidos por motivos políticos. Se trata de un alcance mucho mayor que el de las liberaciones parciales iniciadas tras la captura de Nicolás Maduro por fuerzas estadounidenses el pasado 3 de enero, un episodio que abrió una ventana inédita de reacomodo político en el país. La medida no aplicaría a los condenados por homicidio.
Hasta ahora, las excarcelaciones se han producido con cuentagotas. El chavismo habla de más de 600 liberados; las ONG y defensores de derechos humanos reducen la cifra a poco más de 300. En la mayoría de los casos, los detenidos han salido de prisión, pero sin recuperar plenamente su libertad: pesan sobre ellos prohibiciones de salida del país, restricciones para declarar públicamente o limitaciones laborales, lo que los mantiene en una situación de vulnerabilidad jurídica y social.
Rodríguez presentó la amnistía como un gesto para “favorecer la convivencia” y llamó a evitar “la violencia o la venganza”, subrayando que la decisión fue previamente conversada con Maduro. La futura ley, según precisó, excluirá delitos comunes como homicidio, narcotráfico y otras causas penales no políticas.
En el mismo acto, la presidenta encargada hizo otro anuncio simbólico: El Helicoide, emblema de la represión y uno de los centros de detención más temidos del país, será transformado en un espacio de servicios sociales y deportivos. También prometió una ofensiva contra la corrupción en el sistema judicial, uno de los principales reclamos de víctimas y organizaciones civiles.
El discurso de Rodríguez tuvo además un tono personal. “Vengo como presidenta, pero también como abogada”, afirmó al recordar a su padre, militante marxista y fundador del movimiento político donde Maduro inició su carrera, quien murió tras ser torturado en prisión. La referencia buscó dotar de legitimidad moral una medida que llega en un contexto de incertidumbre para el país.
Detrás del anuncio se mueven actores clave. El expresidente español José Luis Rodríguez Zapatero, el mandatario brasileño Lula da Silva y Qatar han actuado como mediadores en los contactos con el chavismo, una labor que fue públicamente reconocida por el presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Rodríguez, al anunciar las primeras excarcelaciones.
La amnistía no tiene precedentes en el chavismo desde la llegada de Hugo Chávez al poder. Los indultos de 2020, otorgados por Maduro a 110 opositores, entre ellos algunos miembros del equipo de Juan Guaido fueron una excepción y estuvieron rodeados de críticas por la falta de transparencia e información, aunque fue la única vez que el gobierno publicó una lista.
Hoy, el reclamo es más amplio. Organizaciones de familiares, como el Comité de Madres en Defensa de la Verdad, impulsan una amnistía que abarque doce años de represión, desde febrero de 2014, e incluya no solo a presos, sino también a exiliados, activistas, periodistas, militares perseguidos y dirigentes políticos. Su propuesta contempla el sobreseimiento de las causas, mecanismos independientes de verificación y garantías de no repetición.
Días atrás, Delcy Rodríguez anunció la intención de reestablecer la cooperación con la Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos y denunció que algunas organizaciones no gubernamentales estarían presuntamente haciendo cobros a las familias de detenidos. Varias organizaciones emitieron comunicados o respuestas rechazando esas declaraciones
Pese al anuncio oficial, el proceso sigue envuelto en opacidad. No hay listas públicas de beneficiarios, los familiares desconocen los criterios aplicados y, en algunos casos, las “concesiones” se han limitado a permitir visitas a detenidos que llevaban meses incomunicados.
En el acto hizo presencia el cuerpo diplomático acreditado en Venezuela incluyendo a los representantes de varias países occidentales y europeos
Todo esto ocurre cuando según CNN se espera que Laura Dogu embajadora de Estados Unidos nombrada para Venezuela llegue mañana, 31 de enero a la ciudad de Caracas encabezando una delegación.
