Jorge Rodríguez presidente de la Asamblea Nacional. Fotografía: Transmisión VTV
Guacamaya, 12 de diciembre de 2025. La Asamblea Nacional aprobó este jueves, por unanimidad, la Ley por Palestina y la Humanidad y la Ley Derogatoria del Estatuto de Roma, un paso que activa el proceso formal para retirar al país de la Corte Penal Internacional. El documento fue enviado de inmediato al Ejecutivo para su evaluación y ejecución diplomática.
La Asamblea Nacional (AN) dio luz verde en su sesión ordinaria a dos instrumentos que reconfiguran la relación de Venezuela con el sistema internacional de justicia. Con el voto unánime de los diputados, el Parlamento aprobó la “Ley por Palestina” y la Humanidad y la Ley Derogatoria de la Ley Aprobatoria del Estatuto de Roma, disposición que rige la adhesión del país a la Corte Penal Internacional (CPI).
La iniciativa, presentada por el diputado Roy Daza, formaliza el comienzo de un proceso que podría culminar en la salida de Venezuela del Estatuto de Roma. El presidente de la AN, Jorge Rodríguez, ordenó remitir de inmediato el texto al Poder Ejecutivo, recordando que corresponde al Gobierno nacional ejecutar las gestiones diplomáticas para avanzar hacia la eventual denuncia del tratado.
La decisión se produce tras más de dos décadas de relación con el tratado fundacional de la CPI. Venezuela lo firmó en 1998 y lo ratificó en el año 2000, integrándose a la Corte desde su nacimiento. Aunque inicialmente apoyó su misión contra los crímenes más graves, la relación comenzó a tensarse a partir de 2017, cuando la Fiscalía abrió un examen preliminar por presuntos crímenes de lesa humanidad en el país. Desde entonces, la posición oficial ha experimentado un giro que culmina en esta iniciativa legislativa.
Un cambio que toca el corazón del orden jurídico venezolano
Hasta ahora, el Estatuto de Roma formaba parte del marco constitucional venezolano. La Constitución de 1999 estableció en su artículo 23 que los tratados de derechos humanos ratificados por el país —como este tratado fundacional de la CPI— tienen jerarquía constitucional y prevalecen sobre el derecho interno cuando ofrecen mayores garantías a las personas. Con la ratificación del Estatuto en el año 2000, Venezuela incorporó plenamente sus normas al ordenamiento jurídico, bajo ese rango superior.
La decisión legislativa de diciembre de 2025 no elimina de inmediato esa relación. Lo que la Asamblea aprobó fue la derogación de la ley interna que avaló la adhesión al Estatuto, un paso necesario para activar el proceso de retirada, pero que no equivale a la denuncia internacional del tratado. Para que Venezuela deje formalmente de ser Estado parte, el Ejecutivo debe notificar su decisión a Naciones Unidas. Solo después de esa comunicación comienza a correr un plazo de un año para que la salida se haga efectiva.
Otros puntos de la agenda parlamentaria
En paralelo al debate sobre la CPI, la Asamblea también aprobó el presupuesto del Banco Central de Venezuela (BCV) para 2026, que contempla más de 35 mil millones de bolívares en ingresos y más de 114 mil millones en gastos operativos. La distribución del gasto prevé 38% para gastos corrientes, 11,45% para inversiones de capital, 18,16% para seguridad social del personal, 30,7% para proyectos estratégicos —incluida la modernización tecnológica— y casi 2% para rectificaciones.
El Parlamento también dio su visto bueno al presupuesto para su propio funcionamiento durante el ejercicio fiscal 2026, cifra que supera los 700 mil millones de bolívares.
