El buque de asalto anfibio clase Wasp de la Armada de los EE. UU., USS Iwo Jima (LHD-7). Es parte del último despliegue frente a las costas de Venezuela. Fotografía: MCSN Michael Minkler, USN.
Guacamaya, 22 de agosto de 2025. Bajo la justificación del combate al narcotráfico y el enfrentamiento a cárteles de drogas, los Estados Unidos han emprendido una avanzada militar frente a las aguas territoriales de Venezuela. La situación ha hecho escalar la tensión entre ambos países y la preocupación por sus consecuencias, lo que ha llamado la atención de varios actores de la región y el mundo.
En respuesta a la acción emprendida por Estados Unidos, el gobierno de Venezuela anunció la movilización de cuatro millones de milicianos en todo el país para defender el territorio de las presuntas amenazas de la nación norteamericana. A su vez, como parte de las medidas preventivas, prohibió, por 30 días prorrogables, la operación y circulación aérea de drones en toda la geografía nacional.
La operación estadounidense incluye el despliegue de tres buques destructores con misiles guiados, aviones de espionaje, un submarino nuclear de ataque, la reciente incorporación de un escuadrón anfibio y más de 4.000 soldados. Ante este hecho, se han generado diversas reacciones de la comunidad internacional, entre las que destacan interlocuciones de países vecinos y organizaciones globales y regionales.
La ONU y ALBA-TCP instan al diálogo y la paz regional
De forma más reciente, se dio a conocer la postura del secretario general de la Organización de Naciones Unidas (ONU), Antonio Guterres, quien pidió a Venezuela y Estados Unidos «resolver sus diferencias por medios pacíficos». Según su portavoz adjunta, Daniela Gross, Guterres «sigue muy de cerca» los hechos y «urge a los dos gobiernos desescalar las tensiones y ejercer la contención».
La Alianza Bolivariana para los Pueblos de América – Tratado de Comercio de los Pueblos (ALBA-TCP) respaldó la posición del Gobierno venezolano, al señalar la presencia militar estadounidense como un «intento de imponer políticas, injerencistas y contrarias al orden constitucional de los Estados de América Latina y el Caribe». La resolución se dio tras una cumbre virtual encabezada desde Caracas.
Además de Venezuela, la organización regional la integran Antigua y Barbuda, Bolivia, Cuba, Dominica, Granada, Nicaragua, San Cristóbal y Nieves, San Vicente y las Granadinas, Santa Lucía. Los diez países en conjunto hicieron un llamado a la unión latinoamericana y caribeña para consolidar a la región como un «territorio de paz», frente al despliegue «disfrazado de operaciones antidrogas».
Colombia y México, las primeras voces ante el despliegue
Colombia fue uno de los primeros países en pronunciarse tras darse a conocer, días atrás, la orden de Trump de la movilización militar. El presidente Gustavo Petro rechazó cualquier escalada militar y expresó respaldo a Venezuela. «Cualquier operación militar que no tenga aprobación de los países hermanos es una agresión contra Latinoamérica y el Caribe», señaló el pasado 10 de agosto en un post de X.
El mandatario colombiano volvió a pronunciarse tras hacerse efectiva la movilización militar de Estados Unidos hacia el Mar Caribe. En esta ocasión Petro alertó sobre el riesgo de un posible conflicto en la región. «Los gringos están equivocados si piensan que invadiendo Venezuela resuelven su problema, ponen a Venezuela en el caso de Siria y arrastran a Colombia», dijo en un consejo de ministros.
Otros funcionarios del Ejecutivo colombiano han tomado una posición más mesurada, por una parte en defensa de su propio territorio y por la otra, descartando acuerdos militares con Venezuela. Estas intervenciones oficiales entran en contraste con la postura de Petro, quien ha manifestado una posición más de la mano de la unión latinoamericana.
«Lo único que le puedo decir es que la posición de Colombia es clara, lo que dice la Constitución y la ley: proteger nuestra soberanía, nuestra integridad territorial», explicó el ministro de Defensa, Pedro Sánchez. Por su parte, el ministro del Interior, Armando Benedetti, dijo este miércoles que Colombia no tiene «ningún acuerdo militar» con Venezuela, ni siquiera para «enfrentar una supuesta invasión».
El gobierno de México también fue otro de los primeros en reaccionar ante la información de que la Casa Blanca ordenaría el despliegue militar en el Mar Caribe, días antes de su posterior ejecución. La presidenta Claudia Sheinbuam rechazó las presuntas amenazas y abogó por la solución pacífica. «No al intervencionismo. Eso no solamente es convicción, sino que está en la Constitución mexicana», apuntó.
Tras la movilización de buques de guerra frente a las aguas territoriales de Venezuela, Sheinbaum agregó este martes: «El envío de buques de guerra a aguas cercanas a Venezuela es inaceptable y viola los principios de no intervención y autodeterminación de los pueblos». Asimismo, subrayó que América Latina «no puede ser el patio trasero para políticas hostiles de potencias extrarregionales».
Otras voces latinoamericanas se suman a la «no intervención»
Cuba, por su parte, desestimó que la presencia de fuerzas militares de Estados Unidos al sur del Mar Caribe se trate de una operación para combatir efectivamente los carteles de la droga. El canciller cubano, Bruno Rodríguez, señaló que las movilizaciones militares «responden a una corrupta agenda del Secretario de Estado. América Latina y el Caribe debe ser respetada como Zona de Paz».
El presidente de Bolivia, Luis Arce, condenó «enérgicamente» el desplazamiento militar estadounidense en el Caribe, y calificó de «infamia» las acusaciones del gobierno de Trump contra Maduro. «Desde el corazón de Sudamérica condenamos enérgicamente el despliegue militar de los Estados Unidos en aguas circundantes al territorio del Caribe venezolano», expresó Arce a través de redes sociales.
Brasil, país limítrofe de Venezuela, también expresó su preocupación por la presencia militar estadounidense en las cercanías de las aguas venezolanas. «Veo con preocupación el despliegue de buques de guerra estadounidenses en Venezuela. Creo que la no intervención es fundamental», manifestó Celso Amorim, asesor para Asuntos Internacionales de la Presidencia de Brasil.
Pese a esta intervención, el funcionario recordó que Brasil no reconoce a Nicolás Maduro como presidente legítimo tras las elecciones de 2024. «Cuando se llevaron a cabo las elecciones, tuvimos dudas, evitamos el cumplimiento, pero mantuvimos la relación, que es de Estado a Estado. Tener buenas relaciones no es una elección, sino una imposición de la geografía», apuntó Amorim.
Aliados extrarregionales de Venezuela condenan medidas de EE. UU.
Otras reacciones internacionales también se dieron en países al otro lado del mundo. Aliados del gobierno venezolano como China e Irán se pronunciaron en rechazo a las medidas de Estados Unidos, al señalar que la presencia militar en aguas cercanas a Venezuela atenta contra la estabilidad de la región y contra el principio de la no intervención.
China expresó su rechazo al patrullaje estadounidense en el Caribe, al considerar que viola la soberanía de varios países. «Nos oponemos firmemente a cualquier acto de intimidación o uso de la fuerza que viole la soberanía y la integridad territorial de Venezuela. Hacemos un llamado a Estados Unidos para que detenga estas acciones provocativas», dijo Mao Ning, portavoz del Ministerio de Exteriores.
Asimismo, Irán condenó enérgicamente la que consideró como una continuación de las políticas «intervencionistas e ilegales» contra Venezuela y calificó la acción como una ofensiva imperialista. «Estas acciones evidencian el creciente desprecio de la élite gobernante estadounidense por las normas fundamentales del derecho internacional», indicó un comunicado del Ministerio de Asuntos Exteriores.
Países del continente respaldan narrativa del combate antidrogas
En contraposición a las preocupación expresada por diversos actores ante el despliegue militar de Estados Unidos, otros países de la región han mostrado una línea más apegada o displicente a la narrativa estadounidense. Panamá recibió al jefe del Comando Sur, como parte de compromisos de cooperación, mientras que Paraguay, Ecuador y Guyana respaldaron la tesis del combate al narcotráfico.
Los días 17 y 18 de agosto, el almirante Alvin Holsey, jefe del Comando Sur, visitó Panamá. El presidente del país centroamericano, José Raúl Mulino, destacó que está visita se enmarca en un memorando entre la Secretaría de Defensa de EE.UU. y el Ministerio de Seguridad Pública de Panamá, firmado en abril, como parte de los acostumbrados acuerdos de cooperación en materia de seguridad.
Aunque la visita de Hosley a Panamá no está vinculada directamente al despliegue militar ordenado por Trump en el Caribe, si se ha valorado la capacidad para «enfrentar amenazas regionales y operar de manera eficaz en conjunto», según Estados Unidos. En la agenda de Hosley, también estaba contemplada su visita a Argentina y a Paraguay, cuyos gobiernos se oponen a Nicolás Maduro.
Precisamente en Paraguay, se dio a conocer que el denominado «Cartel de los Soles», atribuido al liderazgo de Nicolás Maduro, sería designado como grupo terrorista, lo que aumentaría la presión internacional sobre el gobierno venezolano. La decisión, que ya fue aprobada por el Senado, quedaría pendiente de hacerse oficial vía decreto del presidente Santiago Peña.
La medida de Paraguay se sumaría a la decisión de Ecuador, que días atrás también declaró al Cartel de los Soles como grupo terrorista. El presidente ecuatoriano, Daniel Noboa, aseguró que el grupo «constituye una amenaza para la población nacional, el orden constituido, la soberanía e integridad del Estado» e instó a coordinar «las relaciones con organismos de inteligencia de otros Estados».
Guyana también se ha sumado a la narrativa estadounidense de combate al narcotráfico. El jefe de la Unidad Antinarcóticos de Aduanas de Guyana, James Singh, señaló expresamente que Venezuela es el principal punto de tránsito. «Llegan (las drogas) desde Venezuela por avión o barco. No ayuda que Venezuela sea un narcoestado y reclame dos tercios de nuestro territorio», apuntó.
Las declaraciones de Guyana se producen además en contexto de crecientes tensiones por una larga disputa territorial con Venezuela, en la que instan a Caracas a cumplir órdenes de la Corte Internacional de Justicia (CIJ) para resolver la controversia, mientras rechazan reuniones bilaterales sobre el asunto. En este sentido, EE UU se ha convertido en un aliado de Guyana en medio de dicha disputa.
Las distintas reacciones y posturas en la región y el mundo, por una parte reflejan una profunda preocupación por quienes interpretan las acciones de EE. UU. como una amenaza directa a la soberanía y estabilidad regional. Sin embargo, por otro lado se evidencia que no son pocas las voces que apoyan la justificación estadounidense en la lucha antidrogas como parte de su avanzada militar.
