Con énfasis en soberanía, repudio a la posición estadounidense y cohesión institucional, distintos representantes del Estado se manifestaron públicamente en respaldo a la narrativa oficial. Fotografía: Prensa Presidencial.
Guacamaya, 17 de diciembre de 2025. En el día de la conmemoración del 195 aniversario del fallecimiento del Libertador Simón Bolívar, múltiples actores del Poder Público Nacional venezolano condenaron de forma unánime el comunicado del presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, compartido este martes, que ordena «un bloqueo total y completo de todos los petroleros autorizados que entran y salen de Venezuela».
La acción del mandatario estadounidense ha sido justificada por el presunto «robo de activos, petróleo y tierras» de parte de Venezuela, en palabras del propio Trump. Este argumento fue respaldado además por el subjefe para Política y Asesor de Seguridad Nacional, Stephen Miller, lo que configura un escenario de tensiones más elevadas.
La expectativa persiste, especialmente ante el discurso de Trump de esta noche a las 8:00 PM (Hora de Venezuela), según el periodista estadounidense Tucker Carlson, quien alertó sobre un posible anuncio de guerra contra Venezuela, por parte del presidente de los Estados Unidos.
De la denuncia diplomática a la «normalidad» petrolera
El Ejecutivo venezolano lideró las respuestas oficiales, especialmente tras darse a conocer la llamada telefónica que sostuvo el presidente Nicolás Maduro, con el secretario general de la ONU, António Guterres. De acuerdo a un comunicado del Gobierno, el mandatario venezolano denunció durante la conversación las «amenazas» de Trump contra Venezuela.
En el documento oficial se afirmó además que Trump sostuvo de manera «inaceptable» que el petróleo, recursos naturales y territorio venezolano le pertenecen a Estados Unidos, alertando sobre repercusiones para la «paz regional». En ell texto se señala que Guterres reiteró la importancia de respetar el derecho internacional y actuar con moderación para reducir tensiones.
Más temprano, la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB) rechazó «rotundamente las delirantes declaraciones» de Trump, al tiempo en que catalogó su orden de bloqueo naval como un «vulgar acto de piratería». El comunicado, leído por el ministro Vladimir Padrino López, denunció la acción como un «acto de Agresión» que viola la Constitución y obliga a defender la integridad territorial
La estatal Petróleos de Venezuela (Pdvsa), pese al bloqueo anunciado, reportó que sus exportaciones de crudo y derivados «se desarrollan con normalidad» pese al bloqueo anunciado. En este sentido, también destacó que los buques navegan con «total resguardo logístico y operativo» bajo el derecho internacional.
El comunicado de la estatal venezolana fue compartido por su presidenta Delcy Rodríguez, también ministra de Hidrocarburos y vicepresidenta ejecutiva de Venezuela. El el texto se minimiza el impacto inmediato, lo que busca proyectar estabilidad económica y confianza en la industria.
Poder Ciudadano y Legislativo unificados en rechazo al bloqueo naval
Por otra parte, el Poder Ciudadano, integrado por el Ministerio Público, la Contraloría General de la República y la Defensoría del Pueblo rechazó en conjunto la «nueva agresión contra la soberanía venezolana» durante una alocución liderada por el fiscal general Tarek William Saab. En la intervención calificaron el bloqueo como una violación al libre comercio y navegabilidad, por lo que se exigió repudio internacional y solidaridad global.
Mientras tanto, la Asamblea Nacional aprobó un «Proyecto de Acuerdo» en repudio a las «extravagantes afirmaciones» de Trump, tras debatirlo en sesión extraordinaria. La encargada de presentar el proyecto, fue la diputada oficialista Tania Díaz, quien calificó las declaraciones del presiente estadounidense como intento de «robar el petróleo, las tierras y los minerales de Venezuela».
Frente a las tensiones, el Poder Público mantiene una postura de rechazo unificado, lo que refuerza la narrativa oficial de defensa patriótica y soberanía, además de buscar proyectar una cohesión institucional y estabilidad en las transacciones petroleras, principal fuente de ingresos económicos en el país.
