Desde la industria petrolera hasta la integración energética con países vecinos, la electricidad emerge como un factor determinante para el futuro económico del país. Fotografía: CORPOELEC.
Guacamaya, 25 de marzo de 2026. El sistema eléctrico venezolano se ha posicionado como uno de los ejes más sensibles en la conversación entre el Estado y el sector privado, en medio de los intentos de reactivar la economía nacional.
Las fallas eléctricas siguen afectando tanto al bienestar de la población como a prácticamente todas las industrias, como resultado de la incapacidad de la estatal Corpoelec para satisfacer la demanda.
Este servicio público estratégico ha llamado la atención de la administración Trump, que lo ubica como uno de los cuatro pilares en su agenda económica para Venezuela, junto al petróleo, el gas y la minería.
Un sistema en crisis en el centro de la agenda económica
Desde finales de 2025, el entonces Ministerio de Energía Eléctrica —recientemente reestructurado— había comenzado a promover una serie de consultas con representantes empresariales, con el propósito de explorar fórmulas que permitieran la participación privada. De acuerdo con voceros empresariales, estos intercambios han cobrado mayor intensidad en los últimos meses.
La primera convocatoria formal para discutir propuestas se llevó a cabo en diciembre de 2025, tras un prolongado periodo de inactividad. A partir de ese momento, los encuentros entre autoridades y actores económicos han sido constantes, incluyendo inspecciones técnicas a plantas de generación y visitas a espacios estratégicos donde se proyectan iniciativas en evaluación.
En paralelo, el empresariado ha consolidado su propia estructura de trabajo. Gremios como la Cámara Petrolera de Venezuela, la Cámara Venezolana de la Construcción y la Comisión de Infraestructura de Fedecámaras han asumido un rol activo dentro de una subcomisión enfocada exclusivamente en el análisis del sector eléctrico. El objetivo es presentar propuestas técnicas y modelos de gestión que contribuyan a la recuperación del servicio.
En esa línea, la primera vicepresidenta de Fedecámaras, Tiziana Polesel, ha señalado que se están considerando esquemas de alianzas público-privadas, así como mecanismos de negocio similares a los implementados en otras áreas estratégicas.
El sector industrial ha comenzado a involucrarse activamente en soluciones. En febrero, Conindustria anunció un plan para recuperar plantas generadoras en Carabobo con financiamiento de la CAF.
Su presidente, Tito López, destacó que la inversión necesaria para recuperar el sistema podría rondar los 24.000 millones de dólares.
Según datos del gremio, el 12,7 % de las empresas prevé aumentar producción y empleo en 2026, impulsadas por financiamiento estimado en 3.400 millones de dólares. Este aumento de la actividad económica demandará, sin duda, una mayor capacidad eléctrica.
Marco legal y debate sobre apertura
Uno de los principales obstáculos identificados es el marco jurídico vigente. La Ley Orgánica de Reorganización del Sector Eléctrico, promulgada en 2007, obligó a la centralización y estatización del sistema. Este elemento ha reactivado el debate en torno a la necesidad de una reforma legal que permita adecuar el modelo a las nuevas exigencias de inversión y gestión.
El tema también ha sido recurrente en espacios de diálogo tanto nacionales como internacionales, donde se ha insistido en la urgencia de atender las fallas del sistema eléctrico. Durante encuentros recientes en Caracas con representantes empresariales, se ha planteado que este sector debe ser priorizado, lo que podría traducirse en futuras acciones legislativas por parte de la Asamblea Nacional, una vez culminen otras discusiones en curso.
En este contexto, el anterior titular de la cartera eléctrica había impulsado recorridos junto a empresarios por centrales termoeléctricas que requieren inversiones urgentes, evaluando alternativas de financiamiento que incluyen tanto capital privado como recursos públicos. Entre las opciones consideradas figuran fondos de inversión y el respaldo de organismos multilaterales, como la CAF – Banco de Desarrollo de América Latina.
Desde el sector industrial también se ha expresado disposición a participar en la recuperación del sistema. Dirigentes como Tito López, presidente de Conindustria, han indicado que se vienen desarrollando iniciativas conjuntas con entidades como Corpoelec, orientadas a la rehabilitación de subestaciones y la recuperación de infraestructura crítica.
Adicionalmente, se analiza la posibilidad de dirigir financiamiento internacional hacia regiones consideradas estratégicas, especialmente aquellas donde las fallas eléctricas tienen mayor impacto sobre la actividad productiva.
Las discusiones actuales apuntan hacia una eventual transición a un modelo de gestión mixto, en el que la inversión privada complemente las capacidades del Estado. En un escenario donde el suministro eléctrico sigue siendo uno de los principales cuellos de botella para la economía —con efectos directos sobre empresas y hogares—, estas iniciativas buscan trazar una hoja de ruta que permita estabilizar el servicio, modernizar la infraestructura e incorporar esquemas de gestión más eficientes.
Cambios en el gabinete y giro hacia perfiles técnicos
En ese sentido, la presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, designó al ingeniero Rolando Alcalá como nuevo ministro de Energía Eléctrica, en sustitución del general Jorge Márquez Monsalve, quien pasó a encabezar la cartera de Vivienda.
El nombramiento, anunciado a través de canales oficiales, marcó uno de los cambios más relevantes dentro del Ejecutivo en la última semana. Alcalá, ingeniero electricista egresado de la Universidad Simón Bolívar y especialista en proyectos eléctricos, asumió la responsabilidad de “seguir fortaleciendo el Sistema Eléctrico Nacional”.
El relevo reflejó un desplazamiento desde perfiles militares —que habían dominado la conducción del sector— hacia una figura de carácter técnico, en línea con los esfuerzos por introducir mayor especialización en áreas críticas de la gestión pública.
Deterioro del servicio y aumento de fallas
En paralelo a las discusiones institucionales, la situación operativa del sistema continúa deteriorándose. De acuerdo con la organización Activos por la Luz, al comparar enero de 2026 con diciembre de 2025 se registró un ligero incremento en el número de cortes eléctricos, pero un aumento mucho más pronunciado en la inestabilidad del servicio, ya que las fluctuaciones crecieron cerca de 300 %.
El promedio de duración de los cortes se ubicó en 4 horas con 13 minutos. La tendencia se acentuó en febrero, cuando se reportaron 214 interrupciones, un incremento del 78 % respecto a enero.
El estado Zulia destaca entre los más afectados, una entidad clave para la industria petrolera nacional, donde las interrupciones del servicio impactan tanto la vida cotidiana de la población como la dinámica económica de Maracaibo, considerada la segunda ciudad más importante del país.
5. La electricidad y petróleo: una relación estructural
La electricidad es un insumo crítico y transversal en toda la cadena de producción petrolera. Su disponibilidad, estabilidad y calidad determinan no solo los niveles de extracción, sino también la eficiencia operativa, los costos y la seguridad de las instalaciones.
En países como Venezuela, donde gran parte de la actividad de hidrocarburos depende de sistemas eléctricos interconectados, las fallas en el suministro tienen efectos directos sobre la producción. Cualquier estrategia de recuperación de la industria pasa necesariamente por la estabilización y modernización del sistema eléctrico.
En la fase de exploración y producción (upstream), la electricidad es indispensable para el funcionamiento de equipos clave como bombas de levantamiento artificial, sistemas de inyección de agua o gas, compresores y taladros de perforación. En muchos campos maduros —como los venezolanos—, el crudo no fluye de manera natural, por lo que requiere ser extraído mediante sistemas que dependen completamente de energía eléctrica. Un corte de electricidad puede detener de inmediato la producción de un pozo o incluso generar daños en los equipos si no se gestiona adecuadamente.
En el caso de la Faja Petrolífera del Orinoco, donde se produce crudo extrapesado, la dependencia eléctrica es aún mayor. Allí, el petróleo requiere procesos adicionales como calentamiento, dilución o mejoramiento para poder ser transportado y comercializado. Estas operaciones implican un consumo intensivo de energía, tanto eléctrica como térmica, lo que hace que la estabilidad del suministro sea un factor determinante para mantener la producción continua.
La electricidad también es esencial en la fase de transporte. Los sistemas de bombeo que permiten movilizar el crudo a través de oleoductos requieren energía constante. Interrupciones en este punto no solo paralizan el flujo, sino que pueden generar cuellos de botella en toda la cadena logística, afectando exportaciones y compromisos comerciales.
En el segmento de refinación (downstream), la electricidad es igualmente crucial. Las refinerías operan como complejos industriales altamente integrados, donde procesos como la destilación, el craqueo o la desulfuración dependen de sistemas eléctricos para controlar temperaturas, presiones y flujos. Una falla eléctrica puede obligar a detener unidades completas, lo que implica pérdidas económicas significativas y, en algunos casos, riesgos operacionales.
Más allá de los procesos directamente productivos, la electricidad sostiene la infraestructura de soporte que va desde sistemas de control, telecomunicaciones, seguridad industrial, almacenamiento y despacho. Sin energía confiable, se compromete la integridad de toda la operación.
En contextos de inestabilidad eléctrica, como el venezolano, las empresas suelen recurrir a soluciones alternativas como plantas de generación propia (diésel o gas), lo que incrementa los costos operativos y reduce la rentabilidad. Además, la necesidad de autogeneración introduce desafíos logísticos adicionales, como el suministro de combustible y el mantenimiento de equipos.
El rol del sector eléctrico en la recuperación económica
Más allá del petróleo, la electricidad constituye la base de toda la actividad económica. Industria, comercio, servicios y agricultura dependen de un suministro estable para operar.
En Venezuela, donde unas 2.300 industrias operan con una capacidad instalada de apenas 52,7 %, la inestabilidad eléctrica representa un freno directo a la producción. El acceso a energía confiable también es un factor clave para atraer inversión y reactivar sectores estratégicos.
En tal sentido, la recuperación del sistema eléctrico se perfila como una condición indispensable para cualquier proceso sostenido de crecimiento económico.
Integración energética regional: Colombia y Brasil
El componente internacional también gana relevancia. Colombia ha intensificado gestiones ante la Oficina de Control de Bienes Extranjeros (OFAC) de Estados Unidos para reactivar proyectos energéticos con Venezuela.
Las iniciativas incluyen la rehabilitación de la interconexión eléctrica por La Guajira y la reactivación del Gasoducto Antonio Ricaurte, con participación de empresas como Ecopetrol e ISA. El objetivo es fortalecer la seguridad energética y posicionar a Colombia como un nodo regional.
De acuerdo con el equipo técnico colombiano, la eventual reanudación del flujo de gas desde Venezuela podría materializarse bajo dos escenarios. El primero contempla la reposición de un tramo faltante de aproximadamente cinco kilómetros en territorio colombiano, en la zona fronteriza cercana a Maracaibo, lo que implicaría un plazo estimado de entre tres y cuatro meses. El segundo plantea una solución más inmediata mediante la instalación de una conexión temporal con tubería flexible, lo que permitiría habilitar el suministro en un periodo de uno a dos meses. Parte de la infraestructura necesaria ya habría sido trasladada por PDVSA hacia la zona de Paraguachón.
Mientras tanto, las autoridades colombianas han avanzado en la evaluación del estado técnico y operativo del gasoducto en territorio venezolano, así como en análisis preliminares sobre la calidad del gas disponible para una eventual importación. Estos estudios buscan determinar la viabilidad real de los proyectos en un contexto marcado por restricciones regulatorias y desafíos técnicos acumulados.
La dimensión política de este proceso también ha cobrado relevancia. Palma sostuvo recientemente una reunión con el encargado de negocios de la Embajada de Estados Unidos en Colombia, Jarahn Hillsman, con el fin de explorar oportunidades de inversión y profundizar la cooperación bilateral en materia energética. En ese marco, el funcionario colombiano subrayó la importancia de avanzar en la integración energética como mecanismo para fortalecer la seguridad de abastecimiento tanto de Colombia como del Caribe.
Partiendo de lo establecido anteriormente, la eventual autorización de la OFAC se perfila como un factor determinante. Su aprobación no solo permitiría reactivar proyectos específicos con Venezuela, sino que también abriría la puerta a una nueva etapa de cooperación energética regional, en un momento en el que la estabilidad del suministro y la transición hacia matrices más diversificadas se han convertido en prioridades compartidas.
Por su parte, Brasil buscó en 2025 retomar la importación de electricidad desde Venezuela para abastecer al estado de Roraima, a través de una línea de 230 kV que conecta Santa Elena de Uairén con Boa Vista. La energía, proveniente del Guri y gestionada por Bolt Energy, buscaba reducir la dependencia de generación termoeléctrica.
Históricamente, esta región del norte de Brasil ha dependido del suministro eléctrico venezolano. Entre 2001 y 2019, una parte significativa de su demanda fue cubierta con energía proveniente del Guri, hasta que las importaciones fueron suspendidas en medio de problemas técnicos y tensiones políticas. Desde entonces, Roraima pasó a depender casi exclusivamente de plantas termoeléctricas, una alternativa más costosa y contaminante.
A pesar de estos desafíos, la operación contaba con el respaldo institucional del regulador brasileño, la Agencia Nacional de Energía Eléctrica (Aneel), y forma parte de un esquema más amplio de subsidios energéticos que permite cubrir los costos a través de mecanismos como la Cuenta de Consumo de Combustible (CCC).
Pese al acuerdo entre Brasil y Venezuela, no se logró concretar la transferencia de energía. Es importante destacar que, en esa red, la electricidad podría fluir en ambos sentidos.
Antecedentes de financiamiento y controversias
En 2019, en medio del colapso del sistema eléctrico venezolano, la Corporación Andina de Fomento planteó una línea de crédito destinada a la recuperación de parte de la infraestructura energética del país, con el respaldo del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo. El objetivo era atender una situación de extrema vulnerabilidad mediante la importación de equipos y la reactivación de capacidad de generación.
Sin embargo, la propuesta estuvo rodeada de cuestionamientos. Expertos en gestión de sistemas eléctricos como Miguel Lara y José Aguilar advirtieron, tras revisar los términos del financiamiento, que las importaciones previstas —incluyendo generadores móviles de 30 MW, cables de transmisión y transformadores— presentaban un presunto sobreprecio de aproximadamente 146 millones de dólares. Esta cifra equivalía a cerca del 42 % del monto total del préstamo, lo que generó dudas sobre la transparencia y eficiencia del esquema planteado.
De acuerdo con un reporte de la firma especializada Argus Media, los analistas también cuestionaron el supuesto de que los recursos serían administrados por el PNUD y no por la estatal Corpoelec, lo que, en teoría, buscaba ofrecer mayores garantías de control. Aun así, persistían interrogantes sobre la ejecución real de los fondos.
El crédito, que había sido estructurado a solicitud del gobierno de Nicolás Maduro, permaneció pendiente de aprobación en la Asamblea Nacional, donde generó divisiones tanto técnicas como políticas. En paralelo, el plan contemplaba la recuperación de 1.071 megavatios de capacidad instalada, con énfasis en regiones especialmente afectadas por la crisis eléctrica, como Zulia, Nueva Esparta, la región andina y Caracas.
Las tensiones se profundizaron cuando el diputado Ángel Alvarado, integrante de la Comisión de Finanzas del Parlamento, denunció ante el comité de ética de la CAF la aprobación de créditos por hasta 900 millones de dólares sin el aval legislativo requerido por la Constitución. La denuncia, realizada en enero de ese año, no obtuvo respuesta pública por parte del organismo multilateral, lo que añadió incertidumbre al proceso y complicó aún más la posibilidad de que el Parlamento diera luz verde a los recursos.
Este episodio marcó además un punto de inflexión en la relación entre la CAF y Venezuela, en un contexto internacional en el que decenas de países cuestionaban la legitimidad de la reelección de Maduro en 2018 y reconocían al liderazgo parlamentario como autoridad interina.
En ese mismo período, desde la Comisión de Energía del Parlamento, presidida por Elías Matta, se impulsó una propuesta alternativa de financiamiento por 350 millones de dólares orientada a atender la emergencia eléctrica, especialmente en el estado Zulia. El proyecto, respaldado por sectores políticos como Un Nuevo Tiempo y Acción Democrática, contemplaba una primera fase de incorporación de 240 megavatios.
La iniciativa había sido promovida con el apoyo de espacios de diálogo como el Grupo de Boston y el Comité Eléctrico del Colegio de Ingenieros de Venezuela, bajo la lógica de alcanzar acuerdos mínimos entre oficialismo y oposición. En este esquema, los desembolsos también serían gestionados con participación del PNUD, junto a expertos independientes y representantes de ambas partes.
No obstante, el endeudamiento propuesto también generó fracturas dentro de la oposición, donde algunos parlamentarios consideraban que su aprobación implicaba, en la práctica, un reconocimiento indirecto al gobierno de Maduro. Así, en medio de la urgencia por atender la crisis eléctrica, el debate sobre el financiamiento terminó reflejando las profundas tensiones políticas que atravesaban al país, un debate que acabo estancado el tema del reconocimiento sin atender la grave crisis producto del colapso del sistema.
Potencial del sistema energético de Venezuela
El Sistema Eléctrico Nacional venezolano está organizado en tres componentes: generación, transmisión y distribución, bajo control centralizado de Corpoelec.
El 78 % de la matriz energética es predominantemente hidroeléctrica, con la central del Guri como principal activo. A esto se suma un parque termoeléctrico basado en gas y combustibles líquidos.
El país posee un enorme potencial energético con capacidad hidroeléctrica de escala regional, reservas de gas natural y oportunidades en energías renovables como la eólica y solar, pero aún ha sido poco desarrollado.
La administración Trump ha declarado que la recuperación del sistema eléctrico es prioridad en distintas intervenciones de sus voceros.
