Delegación venezolana presente en La Haya en el inicio de las audiencias en la Corte Internacional de Justicia. Fotografía: Galería multimedia CIJ.
Guacamaya, 4 de mayo de 2026. La disputa territorial por el Esequibo vuelve al centro de la agenda internacional con el inicio de audiencias en la Corte Internacional de Justicia. Mientras Guyana defiende la validez del laudo de 1899, Venezuela insiste en una salida negociada basada en el Acuerdo de Ginebra de 1966 y rechaza la jurisdicción del tribunal.
La controversia territorial entre Venezuela y Guyana por la región del Esequibo ha entrado en una nueva fase con el inicio de audiencias públicas en La Haya, sede de la Corte Internacional de Justicia. Este proceso, que se extenderá durante varios días, busca examinar la validez del laudo arbitral de 1899, pieza central de un conflicto que se arrastra desde la época colonial.
La delegación venezolana, encabezada por el canciller Yván Gil, ha reiterado que el país comparece ante la Corte bajo una “reserva de derechos”, insistiendo en que su participación no implica el reconocimiento de la jurisdicción del tribunal. Caracas sostiene que la controversia debe resolverse exclusivamente mediante el Acuerdo de Ginebra de 1966, firmado con el Reino Unido antes de la independencia de Guyana, el cual establece la búsqueda de una solución negociada y mutuamente aceptable.
El calendario de la Corte establece que las audiencias se extenderán hasta el 11 de mayo, con Venezuela programada para presentar sus argumentos el próximo miércoles.
Es importante recordar que para Venezuela el laudo arbitral de 1899 —que fijó la frontera cuando Guyana aún era colonia británica— es nulo por irregularidades en su proceso. En contraste, Guyana defiende la plena validez jurídica y el carácter vinculante de ese fallo, sobre el cual ha basado su soberanía territorial durante más de un siglo.
La región en disputa, conocida como la Guayana Esequiba, abarca unos 160.000 kilómetros cuadrados, equivalentes a cerca de dos tercios del territorio guyanés. Rica en recursos naturales, su importancia estratégica se ha multiplicado desde el descubrimiento de importantes yacimientos petroleros en 2015 por parte de ExxonMobil, lo que ha transformado a Guyana en uno de los países con mayores reservas de petróleo per cápita del mundo.
Para Georgetown, el caso reviste un carácter existencial. Su ministro de Relaciones Exteriores, Hugh Hilton Todd, ha advertido ante los jueces que una eventual revisión de la frontera pondría en riesgo más del 70 % de su territorio soberano. Esta percepción refuerza la apuesta guyanesa por una resolución judicial definitiva.
En cambio, Venezuela insiste en que la vía judicial contradice el espíritu del Acuerdo de Ginebra y constituye una iniciativa unilateral de Guyana. La estrategia venezolana combina la defensa histórica con una narrativa jurídica centrada en la nulidad del laudo y la necesidad de retomar mecanismos de negociación directa.
El diferendo, que se formalizó ante la Corte en 2018 tras la demanda presentada por Guyana, ha tensado las relaciones bilaterales en la última década y se ha insertado en un contexto geopolítico más amplio, donde los recursos energéticos y la proyección internacional de ambos países juegan un papel determinante.
Más allá del resultado del proceso, el caso del Esequibo plantea interrogantes de fondo sobre los mecanismos de resolución de disputas territoriales en el derecho internacional contemporáneo.
Por ahora, La Haya vuelve a convertirse en el escenario donde historia, derecho y geopolítica convergen en una disputa que sigue abierta más de un siglo después.
Un poco de historia
Desde la perspectiva venezolana, la disputa por el Esequibo se remonta al período colonial, cuando el territorio formaba parte de la Capitanía General de Venezuela creada en 1777 bajo dominio español. Tras la independencia, Venezuela heredó esos límites conforme al principio de uti possidetis juris, pero en el siglo XIX el Imperio británico expandió progresivamente la frontera de la entonces Guayana Británica hacia el oeste, en lo que Caracas ha calificado como una ocupación irregular. El conflicto derivó en el laudo arbitral de París de 1899, cuya validez Venezuela desconoció formalmente en 1962 ante la ONU, alegando vicios de nulidad. Este cuestionamiento condujo a la firma del Acuerdo de Ginebra de 1966, que reconoció la existencia de la controversia y estableció la búsqueda de una solución negociada.
Poco después, en 1969, estalló la Rebelión de Rupununi en el sur del territorio en disputa, un episodio de tensión en el que sectores locales intentaron separarse de Guyana y que Georgetown vinculó con apoyo venezolano, acusación que Caracas rechazó, pero que marcó uno de los momentos más delicados de la relación bilateral. A lo largo de las décadas siguientes, el diferendo se mantuvo latente bajo mecanismos de buenos oficios de la ONU, hasta que en 2015 el descubrimiento de importantes yacimientos petroleros por parte de ExxonMobil reactivó las tensiones.
En 2018, Guyana llevó el caso ante la Corte Internacional de Justicia para validar el laudo de 1899, una vía que Venezuela considera unilateral y contraria al Acuerdo de Ginebra. En la actualidad, Caracas mantiene su reclamación histórica sobre la Guayana Esequiba —unos 160.000 km²— insistiendo en la nulidad del laudo y en la necesidad de una solución negociada que, a su juicio, restituya sus derechos territoriales.
La relación de Venezuela con el proceso ante la Corte Internacional de Justicia ha pasado por una evolución significativa, marcada por un cambio táctico más que de fondo. En una primera etapa —desde la introducción de la demanda por parte de Guyana en 2018 hasta los años recientes— Caracas mantuvo una política de no comparecencia activa. De hecho, en fases clave como las audiencias sobre jurisdicción en 2020, Venezuela decidió no participar, reiterando que la Corte carecía de competencia para conocer el caso.
Sin embargo, esta postura comenzó a matizarse progresivamente. Aunque Venezuela nunca reconoció la jurisdicción del tribunal, sí pasó a involucrarse en la fase escrita del proceso, presentando memoriales y argumentos jurídicos para defender su posición histórica. Este giro reflejaba una lógica pragmática de no abandonar completamente el terreno jurídico internacional, aun sin validar el foro.
Es relevante mencionar que en 2025 en el marco de las elecciones regionales y legislativas para la Asamblea Nacional, Venezuela escogió gobernador y varios diputados del nuevo Estado de la Guayana Esequiba que abarca el actual territorio Esequibo, generando varias reacciones internacionales.
El punto de inflexión político más relevante se produce tras el ciclo de tensiones iniciado a finales de 2023 —incluyendo el referéndum consultivo en Venezuela sobre el Esequibo y las medidas provisionales dictadas por la CIJ— y el endurecimiento del conflicto en el terreno diplomático y militar durante 2024-2025. En ese contexto, y particularmente tras los acontecimientos de inicios de 2026, Caracas opta por una estrategia más visible de participación en el proceso
Así, a partir de mayo de 2026, Venezuela decide asistir a las audiencias orales en La Haya. No obstante, lo hace bajo una fórmula cuidadosamente calibrada, que implica participación sin reconocimiento. Según la posición oficial, la presencia venezolana tiene como objetivo “exponer la verdad histórica” ante la comunidad internacional, pero sin aceptar la jurisdicción de la Corte ni comprometerse con sus eventuales decisiones.
La decisión puede interpretarse como una transición desde una política de ausencia a una de participación condicionada o defensiva. Venezuela busca así evitar que el proceso avance exclusivamente con los argumentos de Guyana —lo que podría debilitar su posición— sin ceder en su principio central: que la controversia debe resolverse mediante negociación directa conforme al Acuerdo de Ginebra de 1966.
¿Cómo funciona la Corte Internacional de Justicia en disputas territoriales?
La Corte Internacional de Justicia (CIJ), con sede en La Haya, es el principal órgano judicial de Naciones Unidas y tiene como mandato resolver controversias jurídicas entre Estados. En casos como el diferendo entre Venezuela y Guyana, su funcionamiento se basa en un principio clave y es que la jurisdicción depende del consentimiento de las partes. Es decir, la Corte solo puede decidir si los Estados han aceptado —de forma expresa o implícita— que sea ella quien resuelva la disputa.
Cuando un Estado presenta una demanda, como hizo Guyana en 2018, la Corte primero debe determinar si tiene competencia para conocer el caso. Este punto es crucial, especialmente cuando una de las partes —como Venezuela— sostiene que no reconoce dicha jurisdicción. En estos escenarios, la CIJ puede analizar tratados previos (como el Acuerdo de Ginebra de 1966), declaraciones unilaterales o prácticas aceptadas para establecer si existe base legal suficiente para proceder.
El proceso se desarrolla en varias fases. Primero, una etapa escrita, donde las partes presentan memoriales con argumentos jurídicos, históricos y pruebas documentales. Luego, se celebran audiencias orales públicas, en las que los equipos legales exponen sus posiciones ante los jueces. Posteriormente, la Corte delibera de manera privada y emite una sentencia.
En disputas territoriales, la CIJ suele evaluar elementos como tratados históricos, decisiones arbitrales previas, actos de soberanía efectiva sobre el territorio y principios del derecho internacional como la estabilidad de las fronteras. Sus fallos son vinculantes y, en principio, definitivos, aunque la Corte no cuenta con mecanismos coercitivos directos para hacerlos cumplir; su ejecución depende en gran medida de la voluntad de los Estados y de la presión internacional.
En este contexto, la participación de un Estado en el proceso no necesariamente implica que reconozca plenamente la jurisdicción de la Corte, ya que puede comparecer —como argumenta Venezuela— bajo una “reserva de derechos”. Sin embargo, la CIJ puede continuar el procedimiento y eventualmente dictar una decisión incluso si una de las partes decide no participar activamente en todas las fases del proceso.
¿Por qué el Esequibo importa tanto ?
La región de la Guayana Esequiba no solo concentra una notable riqueza mineral, sino que se ha convertido en uno de los espacios con mayor proyección energética y estratégica del hemisferio occidental. En tierra firme, forma parte del Escudo Guayanés, con abundantes reservas de oro, diamantes, bauxita, hierro y otros minerales críticos. Sin embargo, el verdadero salto geopolítico del territorio se produjo a partir de 2015, cuando ExxonMobil anunció una serie de descubrimientos en aguas adyacentes que transformaron por completo el perfil económico de Guyana.
En términos energéticos, el bloque Stabroek —el principal foco de exploración offshore— concentra actualmente más de 11.000 millones de barriles de petróleo equivalente en recursos recuperables estimados, una cifra que sitúa a Guyana entre los nuevos actores energéticos más relevantes del mundo en relación con su tamaño. La producción, que comenzó en 2019, ha crecido rápidamente y se proyecta que supere el 1,2 millones de barriles diarios hacia finales de la década. A esto se suma un importante potencial en gas natural asociado, con varios billones de pies cúbicos identificados, que podrían ser utilizados tanto para exportación como para generación eléctrica y desarrollo petroquímico.
Este potencial energético no se limita a un solo bloque. Otras áreas en la fachada marítima del Esequibo continúan siendo exploradas, lo que sugiere que las cifras podrían incrementarse en los próximos años. En conjunto, estos recursos han convertido la zona en uno de los “hotspots” energéticos globales, con implicaciones directas en la seguridad energética regional y en la dinámica geopolítica del Caribe y América del Sur.
A esta dimensión minera y energética se suma un elemento menos discutido, pero igualmente estratégico y ese es su potencial para el desarrollo de actividades espaciales. La cercanía del Esequibo a la línea ecuatorial le otorga ventajas comparables a las de centros de lanzamiento como el de Kourou en la Guayana Francesa. Desde el punto de vista físico, la rotación de la Tierra alcanza su mayor velocidad en el ecuador, lo que proporciona un impulso adicional a los cohetes lanzados hacia el este, reduciendo el consumo de combustible y aumentando la capacidad de carga útil. Asimismo, las órbitas geoestacionarias —clave para telecomunicaciones y observación— requieren inserciones ecuatoriales, lo que hace especialmente eficiente lanzar satélites desde latitudes cercanas al ecuador.
Estas condiciones se traducen directamente en menores costos de lanzamiento y mayor competitividad en la industria espacial. A ello se suman factores geográficos propios del Esequibo: extensas áreas selváticas con baja densidad poblacional, salida directa al océano Atlántico —ideal para trayectorias seguras de lanzamiento— y disponibilidad de grandes espacios para infraestructura crítica. En conjunto, estos elementos hacen del territorio un candidato potencial para el desarrollo de un puerto espacial en el futuro.
Desde esta perspectiva, la Guayana Esequiba no solo representa una reserva de recursos naturales, sino un espacio con valor estratégico multidimensional concretamente energético, minero y tecnológico. Esta combinación refuerza su relevancia en la disputa y ayuda a explicar por qué el conflicto trasciende lo histórico para proyectarse como un tema central en la geopolítica del siglo XXI.
La necesidad de una resolución pacífica tiene implicaciones globales y regionales
La controversia por el Esequibo trasciende el ámbito bilateral y se inserta en un contexto internacional marcado por conflictos abiertos como la guerra en Ucrania y la inestabilidad persistente en Oriente Próximo. En un escenario global donde las disputas territoriales tienden cada vez más a escalar hacia dinámicas de confrontación, el caso entre Venezuela y Guyana representa una oportunidad crítica para reafirmar la vigencia del derecho internacional y los mecanismos pacíficos de solución de controversias, como los promovidos por la Corte Internacional de Justicia o el propio Acuerdo de Ginebra de 1966. Evitar una escalada en el Caribe no solo es una prioridad regional, sino también un mensaje político en favor de la estabilidad en un sistema internacional crecientemente fragmentado.
En este contexto, Estados Unidos tiene un interés directo en la estabilidad de la disputa. La presencia de empresas como ExxonMobil y Chevron en la región —especialmente en la explotación de recursos offshore en Guyana— convierte cualquier escenario de tensión en un riesgo económico y estratégico. Washington ha respaldado la integridad territorial de Guyana, pero al mismo tiempo tiene incentivos para evitar una confrontación que ponga en peligro inversiones multimillonarias, altere mercados energéticos o genere un foco de inestabilidad en su área de influencia más cercana.
Para el Caribe, la disputa también tiene implicaciones profundas. La región, tradicionalmente considerada una zona de relativa estabilidad, podría verse afectada por un conflicto prolongado o una escalada militar, con impactos en rutas comerciales, seguridad marítima y cooperación regional. En este sentido, organismos como la Comunidad del Caribe (CARICOM) han mostrado preocupación por la necesidad de preservar la paz y el orden jurídico.
Por su parte, Brasil observa el conflicto con un interés estratégico particular. Como potencia regional y vecino directo de ambos países, Brasil tiene incentivos para evitar cualquier desestabilización en su entorno inmediato. Además, el Esequibo adquiere relevancia en términos de proyección geoeconómica, ya que puede facilitar un acceso más directo al Caribe —ya sea a través de infraestructura o integración regional— podría reforzar las aspiraciones brasileñas de ampliar sus rutas comerciales y su influencia en el Atlántico. Esta dimensión añade una capa adicional de complejidad al conflicto, vinculándolo con los intereses de las principales potencias sudamericanas.
Es por esto, que la resolución pacífica del diferendo no solo es fundamental para Venezuela y Guyana, sino también para la estabilidad del Caribe, la seguridad energética hemisférica y el equilibrio geopolítico en América Latina. En un mundo tensionado por múltiples conflictos, el Esequibo podría convertirse en un espacio clave para la explotación de recursos y el desarrollo económico.
