En las últimas semanas, Washington ha avanzado en la distensión de sanciones y favorecido acuerdos para ampliar su alianza comercial con Caracas. Fotografía: Banco Central de Venezuela.
Guacamaya. 14 de abril de 2026. El Departamento del Tesoro de Estados Unidos emitió dos licencias generales que pueden ayudar a reinsertar a Venezuela en el sistema bancario internacional y permitir que lleguen contratistas extranjeros.
La Licencia General N° 57 afecta al Banco Central de Venezuela y tres instituciones estatales: el Banco de Venezuela, el Banco Digital de los Trabajadores y el Banco del Tesoro.
El principal impacto de esta medida será la recepción directa de miles de millones de dólares en ingresos petroleros y la reintegración del país al sistema financiero global dominado por Washington.
La Licencia General N° 56, por su parte, autoriza las negociaciones para contratos comerciales con el Gobierno de Venezuela, lo que significaría abrir la puerta a obras y servicios en infraestructura para empresas extranjeras.
Estas medidas, si bien abren una ventana muy amplia para operaciones financieras vinculadas al Banco Central de Venezuela y otras entidades, no levantan el régimen de sanciones en su totalidad. Se siguen manteniendo condiciones y restricciones por parte del Departamento del Tesoro.
Las nuevas licencias acompañan también reportes de que podrían haber cambios en el liderazgo del BCV en los próximos días, aunque no se ha logrado confirmar esta información.
¿Qué permite la licencia 57?
La licencia autoriza operaciones financieras relacionadas con el Banco Central de Venezuela, Banco de Venezuela, Banco Digital de los Trabajadores y Banco del Tesoro, además de entidades donde estas instituciones tengan 50% o más de participación. También cubre a personas cuyos bienes estén bloqueados solo por pertenecer al “Gobierno de Venezuela” bajo la Orden Ejecutiva 13884, siempre que no estén en la lista de sancionados de la OFAC.
La definición de “servicios financieros” es muy amplia e incluye cuentas, préstamos, transferencias, banca corresponsal en dólares, cambio de divisas, pagos con tarjetas, billeteras digitales, remesas, procesamiento de salarios y otros beneficios laborales, además de servicios de ciberseguridad y ciertas inversiones y operaciones con valores y futuros.
En la práctica, esto permite que bancos y actores financieros autorizados vuelvan a interactuar con el sistema en dólares y procesen pagos, nóminas y transferencias vinculadas a esas entidades, siempre dentro del alcance de la licencia.
¿Qué prohíbe la licencia 57?
La licencia no autoriza el desbloqueo de bienes congelados bajo ninguna parte del capítulo V del Título 31 del Código de Regulaciones Federales.Tampoco permite cualquier otra transacción prohibida por el Reglamento de Sanciones a Venezuela si no está amparada por una autorización separada.
Además, no elimina otras obligaciones legales estadounidenses, incluidas la Ley de Secreto Bancario, la USA PATRIOT Act y las reglas de FinCEN, por lo que el cumplimiento regulatorio sigue vigente.
La licencia 56: Contratos con el Estado
Esta nueva medida autoriza a empresas y personas a negociar contratos comerciales con el Gobierno de Venezuela, incluyendo acuerdos preliminares, memorandos de entendimiento, y propuestas sobre licitaciones públicas.
En la práctica, esta licencia podría abrir la puerta a grandes empresas como General Electric o Siemens para que participen en la reconstrucción del Sistema Eléctrico Nacional, así como para abrir licitaciones con empresas extranjeras para otros proyectos de infraestructura.
Sin embargo, se requiere una autorización por separado de la OFAC para ejecutar los contratos. Este esquema ya ha sido utilizado con licencias recientes para petróleo y minería.
Lectura política
La apertura de la OFAC deja claro que Washington está flexibilizando el canal financiero, pero sin desmontar del todo el andamiaje sancionatorio.
Eso significa que la medida busca facilitar pagos, salarios, remesas y operaciones bancarias concretas, aunque sin devolver automáticamente todos los activos congelados ni abrir la puerta a transacciones fuera de lo expresamente permitido.
En pocas palabras, la licencia 57 ayuda a mover dinero y servicios financieros, pero no equivale a un levantamiento general de sanciones.
Esta acción, en líneas generales, favorece la búsqueda de estabilización de la economía venezolana, golpeada por años de crisis, así como el impulso del sector petrolero bajo el nuevo gobierno de la presidenta encargada Delcy Rodríguez. Es un cambio que llega tras la captura de Nicolás Maduro el 3 de enero en una operación militar liderada por EE.UU., que tomó partido importante en una nueva era del intercambio comercial con Venezuela.
Sin embargo, la burocracia de las sanciones retrasó desembolsos clave, lo que complicaba la situación, bajo la visión del gobierno venezolano. El mes pasado, empleados públicos en Caracas protestaron por ingresos de unos 160 dólares mensuales —frente a 237 dólares en el sector privado—, según Associated Press. Delcy Rodríguez prometió aumentos desde el 1 de mayo y ayer urgió a la población a exigir el fin de las sanciones.
Elías Ferrer colaboró con la redacción de este artículo.
