Delcy Rodríguez activó una comisión para reorganizar los activos del Estado bajo criterios de eficiencia y productividad. En el pasado alrededor de 350 compañías ya habían sido identificadas como aptas para venta o asociaciones con inversionistas. Fotografía: Prensa Presidencial.
Guacamaya, 24 de abril de 2026. La administración de Delcy Rodríguez dio inicio este miércoles a la Comisión Especial para la Evaluación y Clasificación de Activos Públicos, un organismo destinado a revisar el conjunto de bienes del Estado venezolano con el objetivo de reorganizarlos bajo criterios de eficiencia, productividad y aprovechamiento económico.
La instalación del equipo fue realizada por la presidenta interina durante un acto transmitido por Venezolana de Televisión (VTV), en el que explicó que esta instancia forma parte de una estrategia para otorgar mayor “agilidad y movilidad” a los procesos estatales, incorporando mecanismos de evaluación sobre empresas productivas, activos inactivos y bienes no estratégicos.
Cuatro ejes fundamentales como línea de trabajo
Rodríguez señaló que el trabajo de la comisión se estructurará en cuatro ejes fundamentales:
El primero corresponde a los bienes y activos estratégicos, los cuales permanecerán bajo control del Estado por su carácter esencial.
El segundo contempla las alianzas público-privadas, donde el Estado mantendrá la propiedad, pero buscará asociarse con capital y tecnología privada para mejorar la eficiencia productiva.
Un tercer eje estará centrado en la oferta de activos no estratégicos, que incluye bienes considerados prescindibles para la función estatal.
El cuarto punto será la liquidación y aprovechamiento, orientado a aquellos activos que no resulten productivos o que puedan ser reconvertidos.
¿Quiénes integran la comisión?
La Comisión Especial estará integrada por la procuradora general de la República, Arianny Seijo; el vicepresidente sectorial de Economía, Calixto Ortega; la ministra de Economía y Finanzas, Anabel Pereira; el ministro de Comercio Nacional e Industrias, Luis Villegas; el ministro de Comunas, Michael Prado; y Luigi Pisella, expresidente de Conindustria, quien participará como representante del sector privado.
Desde el Ejecutivo se ha planteado que este mecanismo busca fortalecer la capacidad productiva del país y consolidar un Estado más eficiente en la gestión de áreas estratégicas de la economía nacional.
El anuncio se inscribe en un proceso más amplio de revisión del aparato empresarial público. Ya en 2024, Luigi Pisella, actual integrante de la comisión y por entonces presidente de Conindustria, había adelantado que el Gobierno venezolano evaluaba un plan de apertura económica que incluía la posible transferencia de entre 500 y 600 empresas estatales a manos privadas o esquemas mixtos Estado–sector privado.
De ese conjunto, aproximadamente 350 compañías ya habrían sido identificadas como aptas para procesos de venta directa o asociación con inversionistas, en el marco de una estrategia orientada a dinamizar la producción y atraer capital al país.
La creación de esta comisión refuerza la señal de una reconfiguración del modelo económico venezolano hacia esquemas de mayor participación privada y optimización de activos estatales. En este contexto, la medida puede ser interpretada como un intento de mejorar la eficiencia fiscal y productiva, pero también como una ventana de oportunidad para inversionistas extranjeros, particularmente en sectores donde el Estado podría reducir su presencia directa.
Sin embargo, el atractivo de estas oportunidades dependerá de factores clave como la seguridad jurídica, la estabilidad institucional y la claridad en los mecanismos de propiedad y repatriación de capital, elementos que históricamente han condicionado la entrada sostenida de inversión internacional en el país.
Propuestas del sector privado
Antes a la instalación de la Comisión Especial para la Evaluación y Clasificación de Activos Públicos, distintos actores del sector empresarial venezolano han comenzado a perfilar hace algún tiempo el alcance que podría tener una eventual apertura del Estado a esquemas de inversión conjunta y financiamiento internacional.
En esa dirección ya se han vendio asomando algunas iniciativas, hace algunos meses la primera vicepresidenta de Fedecámaras, Tiziana Polesel, ha planteado que se están explorando mecanismos de cooperación entre el sector público y privado, particularmente a través de modelos de alianzas público-privadas y fórmulas de asociación similares a las aplicadas en otros sectores estratégicos de la economía. Este tipo de esquemas busca facilitar la participación de capital privado en la gestión de activos estatales sin implicar necesariamente una transferencia total de propiedad.
De forma complementaria, el sector industrial ha empezado a movilizar iniciativas concretas orientadas a la recuperación de infraestructura crítica. En febrero, Conindustria anunció un plan para rehabilitar plantas de generación eléctrica en el estado Carabobo, con el respaldo financiero del Banco de Desarrollo de América Latina (CAF), en un proyecto que apunta a fortalecer la capacidad energética del aparato productivo. En este contexto, su presidente, Tito López, estimó que la inversión requerida para la recuperación del sistema eléctrico podría situarse en torno a los 24.000 millones de dólares.
Este tipo de iniciativas adquiere ahora mayor relevancia en el marco del restablecimiento de relaciones de Venezuela con organismos multilaterales como el Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial y la CAF, lo que abre la posibilidad de acceso a distintas modalidades de financiamiento.
Entre ellas destacan líneas de crédito para infraestructura, programas de apoyo a la estabilidad macroeconómica, financiamiento concesional para proyectos de desarrollo y esquemas de inversión mixta orientados a la modernización del sector productivo. En el caso del Banco Mundial y el FMI, incluso se ha planteado por parte de algunos empresarios la eventual activación de programas de asistencia financiera sujetos a condiciones macroeconómicas y de transparencia institucional.
La combinación de activos públicos disponibles, necesidades de infraestructura de gran escala y acceso potencial a financiamiento internacional crea un entorno donde los inversionistas podrían encontrar proyectos de alto impacto, especialmente en sectores como energía, industria, servicios públicos y producción estratégica. No obstante, la concreción de estas oportunidades dependerá del diseño de marcos regulatorios claros, garantías jurídicas y condiciones de estabilidad que reduzcan los riesgos asociados al entorno económico venezolano.
La lógica de fondo de la comisión —clasificar activos entre estratégicos, alianzas público-privadas, oferta de activos no esenciales y eventual liquidación— se conecta directamente con esquemas de financiamiento tipo conocido como “Financiación de Proyectos”, y asociaciones público-privadas. Estos modelos requieren precisamente activos identificables, flujos de ingresos previsibles y marcos de gestión claros, condiciones que buscan ser construidas mediante la reorganización institucional anunciada.
¿Qué rol juegan los organismos multilaterales?
En este escenario, el papel de organismos como la CAF, el Banco Mundial y potencialmente el FMI no se limita al otorgamiento de recursos al Estado, sino que se extiende a la estructuración de proyectos. Por ejemplo, líneas de crédito para infraestructura o energía podrían canalizarse hacia la rehabilitación de activos estatales que sean transferidos a esquemas mixtos, como los planteados por el Ejecutivo. Esto incluye financiamiento concesional, préstamos atados a proyectos específicos y esquemas de cofinanciamiento donde el riesgo se comparte entre el Estado, el sector privado y el multilateral.
A esto se suman instrumentos más sofisticados como las garantías de riesgo político o soberano, particularmente relevantes en el caso venezolano. Mecanismos como los ofrecidos por agencias vinculadas al Banco Mundial permitirían reducir el riesgo percibido por inversionistas extranjeros interesados en participar en la reconversión de empresas públicas o en nuevas inversiones en infraestructura estratégica. En la práctica, esto abre la posibilidad de que activos actualmente improductivos se vuelvan bancables bajo estructuras de protección financiera internacional.
Desde el punto de vista del sector privado, actores como Fedecámaras y Conindustria están leyendo este proceso como una ventana de oportunidad para atraer capital externo y financiamiento multilateral hacia proyectos concretos, especialmente en áreas críticas como energía, industria y servicios públicos. La referencia a iniciativas como la recuperación de plantas eléctricas en Carabobo ilustra este enfoque, donde existen proyectos de gran escala que requieren financiamiento de largo plazo, precisamente el tipo de recursos que suelen canalizar la CAF o el Banco Mundial bajo esquemas de infraestructura.
Por ejemplo, un instrumentos como los de la Agencia Multilateral de Garantía de Inversiones (MIGA), perteneciente al Grupo Banco Mundial, podrían desempeñar un papel determinante en la viabilidad financiera de los proyectos que surjan a partir de la reorganización de activos públicos. Especialmente, en un escenario donde una empresa extranjera participe en la recuperación de una planta eléctrica bajo un esquema de alianza público-privada, el principal obstáculo no sería necesariamente la rentabilidad del proyecto, sino el riesgo país asociado a Venezuela.
Sin un mecanismo de cobertura, los bancos comerciales tenderían a exigir tasas de interés elevadas para compensar riesgos como cambios regulatorios, restricciones a la repatriación de capital o eventuales incumplimientos contractuales. Sin embargo, si ese mismo proyecto cuenta con una garantía de MIGA que cubra riesgos políticos —como expropiación, inconvertibilidad de moneda o ruptura de contrato— el perfil de riesgo cambia sustancialmente. En consecuencia, el financiamiento puede estructurarse a tasas mucho más bajas y en plazos más largos, haciendo viable una inversión que, en otras condiciones, sería financieramente inviable.
De esta manera, MIGA no solo actúa como un instrumento de protección para el inversionista, sino como un catalizador que permite transformar activos estatales subutilizados en proyectos “financiables” dentro de los estándares internacionales. En el caso venezolano, su participación podría ser clave para cerrar la brecha entre el interés potencial de inversionistas extranjeros y las condiciones reales de riesgo que hoy percibe el mercado.
En tal sentido, la articulación entre la comisión estatal, el empresariado y los organismos multilaterales sugiere la posible configuración de un modelo híbrido de recuperación económica. En este modelo, los activos públicos reorganizados funcionan como base para estructurar proyectos financiables internacionalmente, mientras que el acceso a crédito multilateral y garantías de riesgo reduce las barreras de entrada para la inversión extranjera.
