El proceso de selección combina dos niveles donde en una primera etapa, los candidatos exponen sus propuestas en audiencias públicas ante los Estados miembros de la Asamblea General; sin embargo, la decisión decisiva se adopta posteriormente en el Consejo de Seguridad, donde las potencias con derecho a veto determinan el resultado final a través de consultas informales sucesivas. Fotografía: Web/ ONU.
Guacamaya, 22 de abril de 2026. La sucesión de António Guterres en la Secretaría General de la ONU ha comenzado formalmente con audiencias públicas de los candidatos ante la Asamblea General. En un proceso aún abierto y altamente condicionado por el Consejo de Seguridad, cuatro figuras con trayectorias muy distintas —Michelle Bachelet, Rafael Grossi, Rebeca Grynspan y Macky Sall— exponen sus visiones sobre el futuro del multilateralismo en un contexto de creciente fragmentación geopolítica y tensiones regionales, incluyendo el nuevo escenario político en Venezuela tras el 3 de enero.
El proceso de selección sigue una dinámica dual donde los candidatos presentan primero sus propuestas en audiencias públicas ante los Estados miembros, pero la decisión real se concentra en el Consejo de Seguridad, donde las potencias con derecho a veto definen el resultado final mediante rondas informales de consulta. Aunque existe una regla no escrita de rotación regional —que esta vez favorecería a América Latina— y crece el consenso sobre la posibilidad de una mujer en el cargo, la elección depende de equilibrios diplomáticos aún en construcción. El precedente de elecciones anteriores muestra que el proceso puede extenderse durante meses hasta consolidar un candidato de consenso.
Hasta el momento hay cuatro candidatos, pero no se trata de una lista cerrada, ya que alguno más podría incorporarse más adelante.
Michelle Bachelet.
Entre los perfiles más visibles se encuentra Michelle Bachelet, expresidenta de Chile y ex Alta Comisionada de Derechos Humanos de la ONU. Su trayectoria combina liderazgo político nacional con experiencia en organismos multilaterales como ONU Mujeres y el sistema de derechos humanos. Es una figura singular del multilateralismo contemporáneo, marcada por una biografía atravesada por la represión y el exilio. Tras el golpe contra Salvador Allende, su padre murió bajo custodia del régimen de Augusto Pinochet, su exilio en la República Democrática Alemana marcó una sensibilidad particular hacia el Estado y la represión.
Fue presentada por el entonces mandatario, Gabriel Boric, el año pasado, pero cuando asumió José Antonio Kast, su país le retiró el apoyo. Sin embargo, México y Brasil, con líderes progresistas, sostuvieron su candidatura.
Entre 2018 y 2022, en su etapa como Alta Comisionada de la ONU para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet desarrolló una agenda marcada por posicionamientos rápidos y visibles frente a crisis globales. En sus primeras semanas en el cargo, exigió la liberación inmediata de dos periodistas de Reuters condenados en Myanmar por investigar violaciones contra la minoría rohingya, y advirtió sobre la gravedad de la represión en ese país, en un contexto que su oficina llegó a describir como una crisis humanitaria sistemática vinculada al ejército birmano.
Después, intervino en debates sensibles de derechos civiles a nivel global, en los cuales celebró la decisión del Tribunal Supremo de la India de despenalizar las relaciones entre personas del mismo sexo, calificándola como un “día fantástico” para los derechos humanos, al tiempo que condenó las condenas a muerte masivas dictadas en Egipto contra opositores políticos tras los eventos de 2013. También criticó públicamente políticas migratorias europeas, como las restricciones impuestas por Italia al ingreso de barcos de rescate con migrantes, subrayando el deber de los Estados de garantizar protección humanitaria básica.
Como Alta Comisionada de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (2018–2022), Bachelet enfrentó el caso venezolano con una estrategia dual que consistió en documentar violaciones graves —incluyendo ejecuciones extrajudiciales y restricciones a libertades civiles— mientras mantenía canales abiertos con el gobierno de Nicolás Maduro. Su visita a Caracas en 2019 y la instalación de una oficina técnica de la ONU reflejan esa lógica de “engagement”, basada en la premisa de que el acceso al terreno es indispensable para monitorear e influir. Al mismo tiempo, sostuvo una postura institucional clara en la que para Naciones Unidas, el gobierno venezolano seguía siendo el interlocutor estatal, lo que generó críticas en los sectores más maximalistas de la oposición en Venezuela.
Su oficina elaboró los llamados “informes Bachelet”, estos informes no solo describieron violaciones sistemáticas, sino que también impulsaron la creación de mecanismos internacionales de seguimiento, incluyendo una misión independiente de investigación en el país. En tal sentido, su labor combinó denuncia pública, presión institucional y presencia técnica en terreno, reforzando un enfoque donde la legitimidad de la acción internacional depende tanto de la evidencia como del acceso directo a los Estados afectados.
A partir de los informes elaborados por la Oficina de Michelle Bachelet sobre Venezuela, el principal resultado institucional fue la consolidación de un mecanismo internacional de investigación y monitoreo dentro del sistema de la ONU. En concreto, el Consejo de Derechos Humanos de la Naciones Unidas decidió crear en 2019 la Misión Internacional Independiente de Determinación de los Hechos sobre Venezuela, un órgano encargado de documentar de forma autónoma violaciones graves de derechos humanos, incluyendo ejecuciones extrajudiciales, torturas, detenciones arbitrarias y desapariciones forzadas. Este mecanismo no depende del gobierno venezolano y tiene mandato para investigar patrones estructurales, no solo casos aislados. El gobierno de Venezuela los criticó duramente.
Además de esa misión, los informes de Bachelet contribuyeron a reforzar la presencia técnica permanente de la Oficina del Alto Comisionado en Venezuela, que pasó de un formato de cooperación limitada a una oficina con mayor capacidad de monitoreo y acceso al terreno. Esto permitió la recepción directa de denuncias, seguimiento de casos individuales y diálogo continuo con autoridades estatales y sociedad civil. En paralelo, se fortalecieron los procedimientos de “comunicaciones especiales” de la ONU, mediante los cuales relatores y grupos de trabajo pueden solicitar información al Estado venezolano sobre violaciones documentadas.
En conjunto, estos mecanismos consolidaron un sistema de escrutinio internacional más estructurado sobre Venezuela dentro del marco de la ONU, combinando tres niveles, uno de presencia directa en el país, otro de recolección independiente de evidencia mediante una misión investigadora, y uno de supervisión continua a través de los procedimientos especiales del Consejo de Derechos Humanos.
Ese precedente podría ser un punto clave en la actual coyuntura venezolana marcada por la reciente aprobación de una Ley de Amnistía y la voluntad de algunos actores políticos de construir un proceso de reconciliación donde Naciones Unidas podría jugar un papel importante de facilitación y apoyo.
Bachelet también ha sido una crítica importante del efecto de las sanciones unilaterales impuestas por los Estados Unidos en Venezuela y ha denunciado en múltiples ocasiones el impacto humanitario en la población de este tipo de medidas.
Respeto a Venezuela, si Michelle Bachelet llegará a la Secretaría General de la Naciones Unidas tras los acontecimientos del 3 de enero en Venezuela, es previsible una estrategia centrada en profundizar el “engagement” institucional para consolidar la presencia operativa de la ONU en el terreno, promover una negociación política entre actores internos y externos, y vincular cualquier alivio de sanciones a mejoras verificables en derechos humanos. Más que una ruptura o alineamiento con posiciones maximalistas —ya sea de presión externa o de soberanía rígida del gobierno que ahora encabeza Delcy Rodriguez— su enfoque probablemente buscaría convertir a la ONU en un facilitador activo de una solución negociada, priorizando estabilidad, acceso humanitario y garantías graduales, en línea con su historial de equilibrio entre presión normativa y pragmatismo diplomático.
No obstante, Bachelet cuenta con un marcado apoyo de varios adversarios de Trump tanto en América Latina como en Europa, siendo vista con hostilidad por la actual administración en Washington que desempeña un papel clave en Venezuela, lo cual podría dificultar la interlocución entre Naciones Unidas y Estados Unidos que posiblemente apoye otras opciones para la Secretaria General.
Rafael Grossi
Otro candidato central es Rafael Grossi, actual director del Organismo Internacional de Energía Atómica. Diplomático argentino con trayectoria en desarme y no proliferación, Grossi representa un perfil técnico orientado a la verificación y la mediación operativa en conflictos complejos como Irán y Ucrania. Su estilo se basa en la construcción de mecanismos de confianza mediante acceso en terreno y monitoreo internacional.
Entre 2002 y 2007, desempeñó funciones como jefe de gabinete tanto en el Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA), con sede en Viena, como en la Organización para la Prohibición de las Armas Químicas, ubicada en La Haya. En el marco de su trabajo dentro de Naciones Unidas, participó en misiones de alto nivel que incluyeron visitas a instalaciones nucleares de Corea del Norte y múltiples reuniones con representantes de Irán, orientadas a impulsar un acuerdo destinado a congelar su programa nuclear.
En términos de estilo, Grossi representa una diplomacia más operativa que normativa, esa que evita atribuciones políticas directas, se enfoca en hechos verificables y privilegia el acceso incluso en entornos hostiles. Su actuación en escenarios como Irán o Ucrania muestra una lógica clara y es la de mantener canales con todos los actores, incluso bajo presión o amenazas, para preservar la capacidad de monitoreo y reducir riesgos sistémicos. Esta aproximación lo posiciona como un candidato a la Secretaría General con un perfil menos discursivo que Michelle Bachelet y más orientado a resultados concretos, con énfasis en reformar la ONU hacia una mayor eficacia operativa y capacidad de mediación activa en conflictos complejos.
Si queremos entender lo que podría plantear este diplomático argentino, es necesario mencionar la obra “Kosovo: los límites del intervencionismo humanitario” escrita por Rafael Grossi, la cual permite entender con bastante precisión su concepción del orden internacional y, por extensión, cómo podría ejercer liderazgo en la Naciones Unidas. El núcleo del libro gira en torno a una tensión estructural entre la fricción entre soberanía estatal y protección de los derechos humanos, especialmente cuando las intervenciones militares se realizan sin autorización del Consejo de Seguridad. Al problematizar el caso de Kosovo, Grossi no adopta una postura ni estrictamente intervencionista ni soberanista, sino que se sitúa en un espacio intermedio donde la legalidad internacional no puede separarse completamente de la legitimidad política y humanitaria.
Este enfoque revela una visión profundamente institucionalista pero pragmática del sistema internacional. Grossi no niega la posibilidad de intervenciones, pero insiste en que estas deben estar ancladas en mecanismos multilaterales que preserven la centralidad de la ONU. En ese sentido, su pensamiento no se alinea con un multilateralismo declarativo o normativo, sino con uno funcional donde las decisiones deben ser viables, verificables y sostenidas por consensos mínimos entre grandes potencias. Este equilibrio entre legalidad y efectividad anticipa su estilo posterior en organismos técnicos como el OIEA, donde la verificación y el acceso en terreno pesan tanto como la arquitectura jurídica.
Trasladado a una eventual dirección de la Naciones Unidas, este marco conceptual sugiere que Grossi buscaría evitar tanto la parálisis del Consejo de Seguridad como las intervenciones unilaterales fuera del sistema. Su interpretación de Kosovo como precedente crítico implica que vería con cautela las acciones militares sin mandato formal, pero también que no bloquearía necesariamente respuestas internacionales si estas se traducen en mecanismos multilaterales de control y supervisión. En la práctica, esto lo posicionaría como un secretario general orientado a “recanalizar” las crisis hacia estructuras verificables de gobernanza global.
En cuanto a liderazgo, la obra proyecta un secretario general menos ideológico y más arquitecto de procesos, es decir alguien que no busca definir la legitimidad moral de cada intervención, sino crear condiciones para que la acción internacional sea controlada, medible y políticamente sostenible. En un contexto como el actual, marcado por conflictos híbridos y fractura entre grandes potencias, esa visión implicaría intentar preservar el rol central de la ONU no como juez único de la legitimidad, sino como plataforma indispensable de validación y gestión del uso de la fuerza en el sistema internacional donde es cada vez más utilizada.
Con respecto a Venezuela podríamos esperar que si Rafael Grossi llegara a liderar la Naciones Unidas en el escenario venezolano posterior al 3 de enero —con Delcy Rodríguez en el poder y un contexto donde tanto Estados Unidos como Rusia podrían respaldar su figura— su estrategia probablemente se estructuraría como una “plataforma de convergencia técnica” entre potencias. A diferencia de otros liderazgos más políticos, Grossi tendería a aprovechar ese doble apoyo no para alinearse, sino para construir un espacio operativo común donde existan mecanismos de verificación internacional, misiones en el terreno y acuerdos graduales donde ambas potencias vean beneficios en la estabilidad venezolana. Su experiencia muestra que busca precisamente involucrar a actores enfrentados en procesos técnicos donde la cooperación sea más rentable que la confrontación .
En la práctica, esto se traduciría en una ONU mucho más presente dentro de Venezuela con despliegue de equipos técnicos para monitorear sectores críticos como la energía, las instituciones y los procesos electorales en el marco de la creación de marcos verificables para el levantamiento progresivo de sanciones y establecimiento de canales paralelos de negociación donde Washington y Moscú actúen como garantes más que como antagonistas. Grossi ha demostrado en contextos como Irán y Ucrania que puede sentarse con todas las partes —incluso en conflictos abiertos— y priorizar el acceso sobre la retórica, insistiendo en que la diplomacia con verificación es la única vía sostenible . En el caso venezolano, eso implicaría convertir la situación en un proceso gestionado internacionalmente, con menos protagonismo discursivo y más arquitectura técnica de estabilidad, donde la legitimidad no se define de entrada, sino que se construye progresivamente a través de cumplimiento verificable. Ese compromiso seguramente estaría alineado con las tres fases planteadas por la administración Trump para Venezuela y la ONU buscaría funcionar como un complemento para abarcar áreas donde Estados Unidos naturalmente no podría llegar en el caso venezolano. A su vez, sumando al proceso a actores como Rusia que se sienten desplazados tras las reformas ocurridas desde el 3 de enero.
Rebeca Grynspan
La economista costarricense Rebeca Grynspan, actual secretaria general de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo, representa el perfil de la diplomacia del desarrollo. Con experiencia en el PNUD y en cargos políticos en Costa Rica, ha impulsado agendas centradas en desigualdad, financiamiento internacional y alivio de deuda. Su posición crítica frente a intervenciones militares en Venezuela antes del 3 de enero la sitúa en una lógica de defensa del multilateralismo frente a acciones unilaterales. De llegar a la Secretaría General, su enfoque probablemente buscaría encauzar el caso venezolano hacia la gobernanza económica internacional, vinculando estabilización política con reformas financieras y cooperación multilateral, incluso en tensión con Washington tras el cambio de poder en Caracas.
Esto introduciría una tensión inicial en la relación, pero Grynspan difícilmente legitime plenamente la vía militar, incluso si reconoce el nuevo escenario político en Venezuela bajo Delcy Rodríguez. Sin embargo, esa tensión no implicaría una ruptura. Su trayectoria indica que tendería a “institucionalizar” el hecho consumado, es decir, trabajar con Estados Unidos, pero desplazando el eje desde la acción militar hacia un marco multilateral de reconstrucción y estabilización. En la práctica, esto podría traducirse en una relación funcional con Washington, donde Grynspan buscaría condicionar su influencia en Venezuela a mecanismos avalados por la ONU
Esto implicaría cooperar con EE.UU. en objetivos como la estabilización económica y energética de Venezuela, mientras al mismo tiempo introduce límites normativos y abre espacio a otros actores como la Unión Europea, América Latina, incluso Rusia o China, reduciendo el margen de acción unilateral de Washington y reinsertando el caso venezolano en una lógica de gobernanza global más amplia.
Macky Sall
El cuarto candidato es Macky Sall, expresidente de Senegal y ex presidente de la Unión Africana. Con formación técnica en ingeniería geológica y una carrera política centrada en estabilidad institucional y desarrollo económico, Sall encarna una visión pragmática del orden internacional desde el Sur Global. Su gestión en África Occidental se caracterizó por la búsqueda de inversión, modernización y equilibrio diplomático entre potencias occidentales y emergentes como China.
Durante su presidencia, Sall se posicionó como un actor relevante en África Occidental y en foros multilaterales, incluyendo su papel como presidente de la Unión Africana. Su gestión estuvo marcada por esfuerzos de modernización económica, atracción de inversiones y estabilidad macroeconómica, aunque también enfrentó críticas por tensiones políticas internas y acusaciones de deriva autoritaria en sus últimos años. En el plano internacional, desarrolló una diplomacia equilibrada, manteniendo relaciones tanto con potencias occidentales como con actores emergentes como China, lo que refuerza su perfil como un negociador pragmático en un mundo multipolar.
En términos estratégicos, Sall representa una diplomacia de estabilidad y desarrollo, con énfasis en infraestructura, financiamiento y gobernanza económica más que en agendas normativas de derechos humanos. Su eventual proyección hacia un rol como Secretario General de la Naciones Unidas sugeriría un enfoque orientado a reducir brechas Norte–Sur, fortalecer la voz del Sur Global y promover soluciones prácticas a crisis complejas. En contextos como Venezuela, esto podría traducirse en una aproximación centrada en estabilidad política y recuperación económica, privilegiando acuerdos graduales y cooperación internacional amplia por encima de posiciones ideológicas rígidas.
El proceso continuará con audiencias públicas esta semana —Bachelet y Grossi ya se presentaron el martes, mientras Grynspan y Sall lo harán el jueves— seguidas de meses de consultas informales en el Consejo de Seguridad. Aunque la Asamblea General participa formalmente en la designación final, nunca ha rechazado la candidatura propuesta por el Consejo, lo que refuerza el peso de las negociaciones entre las grandes potencias.
Los miembros no permanentes del Consejo de Seguridad que intervienen en el proceso de selección, aunque sin capacidad de veto, son actualmente Argelia, Guyana, Sierra Leona, Corea del Sur, Eslovenia, Japón, Malta, Mozambique, Suiza y Ecuador. Tras las consultas y la eventual recomendación del Consejo, la candidatura resultante pasa a la Asamblea General para su ratificación, un paso que en la práctica ha sido siempre formal, ya que hasta ahora ningún candidato propuesto por el Consejo ha sido rechazado por dicho órgano.
En este escenario, la elección del próximo Secretario General se perfila no solo como una cuestión de rotación regional o equidad de género, sino como un reflejo de las tensiones actuales del sistema internacional y de la redefinición de conflictos como el venezolano en la arquitectura global.
