El objetivo declarado por la mayoría parlamentaria es “dar celeridad a los procedimientos judiciales”, en búsqueda de optimizar el despacho de las causas que llegan a las instancias superiores. / Fotografía: Archivo TSJ.
Guacamaya, 05 de mayo de 2026. En una jornada legislativa clave celebrada este martes, la Asamblea Nacional se propuso avanzar en la reconfiguración del sistema judicial venezolano. El punto central de la sesión fue la aprobación, en primera discusión y por mayoría calificada, del Proyecto de Ley de Reforma Parcial de la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), una medida que amplía nuevamente la composición del máximo tribunal.
La reforma, que propone modificar el artículo 8 de la Ley Orgánica del TSJ, contempla un aumento significativo en la cantidad de magistrados: las salas especializadas (Político-Administrativa, Electoral, Casación Civil, Casación Social, Casación Penal) pasarán de 3 a 5 integrantes, mientras que la Sala Constitucional pasará de 5 a 7 magistrados. Con este ajuste, la Sala Plena se ampliará de 20 a 32 miembros.
Resulta notable que, apenas cuatro años después de haber reducido la cantidad de magistrados de 32 a 20 bajo el argumento de “redimensionar” el sistema, el Legislativo (de mayoría oficialista) recurra a la reversión de esta medida. Nuevamente, se apela a razones operativas, legales y técnicas de “celeridad judicial” para justificar el incremento, los mismos argumentos que en 2022 sirvieron para recortar la estructura.
Sobre la profundidad de este cambio, el presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Rodríguez, enfatizó que no se trata de una medida superficial. «No es solamente los cambios cosméticos en algunos elementos del sistema de justicia de Venezuela, sino ir en profundidad a que las personas normales, corrientes, el pueblo, sientan cada vez más cerca la administración de justicia», aseveró Rodríguez.
Asimismo, el parlamentario reafirmó el discurso oficial contra la brecha social en el sistema. «Es inconcebible que todavía ser pobre o ser de bajos recursos sea un delito o genere más perjuicio a las personas que están sometidos a alguna situación de justicia», sentenció.
La postura de la oposición y el debate de forma
La sesión estuvo marcada por la disidencia de la fracción Libertad. El diputado Tomás Guanipa, anunció que la alianza salvaría el voto, al denunciar una convocatoria atropellada que impidió el análisis del proyecto. «No nos digan que es oportuno tener la agenda de la sesión a la 1:15 PM, para luego votar a favor de un proyecto que desconocemos», criticó el parlamentario.
Para la fracción opositora, el problema del sistema judicial trasciende la cifra de magistrados. «Se queda muy corto hablar de un número de magistrados cuando aquí esto no es un tema ni de cargos ni de nombres, sino de un sistema completamente corrompido», afirmó Guanipa, quien calificó el debate como un potencial «parteaguas para lo que puede ser la reinstitucionalización del país y la redemocratización de Venezuela».
Por su parte, el diputado José Gregorio Correa, de la fracción Alianza Democrática, defendió la reforma como una herramienta necesaria, aunque abogó por fortalecer la Inspectoría General de Tribunales (IGT) para que funcione como un «policía del ciudadano», para atender los retardos procesales. Correa enfatizó que la brevedad debe ser la norma y que la formación tecnológica es vital: «Esto busca eliminar la discrecionalidad en la que funcionarios imponen sus propios criterios por encima de lo que dictan la Constitución y la Ley».
El escenario de la reestructuración judicial
Este movimiento parlamentario ocurre en un contexto en el que se mantiene activa la “Gran Consulta Nacional sobre Reforma de Justicia Penal” impulsada por la presidencia encargada, Delcy Rodríguez. A su vez, la semana pasada trascendió la jubilación de ocho magistrados y la ratificación de Caryslia Rodríguez al frente de la junta directiva del TSJ.
Mientras avanza la reforma, la Comisión Preliminar del Comité de Postulaciones Judiciales continúa entrevistando a los 94 candidatos postulados por organizaciones de la sociedad civil y por iniciativa propia, para completar la instancia que impulsará la renovación del Poder Judicial. Ante estos pasos, cabe preguntarse si ampliar el número de magistrados resolverá el atraso judicial o solo agranda una estructura sin tocar el problema de fondo.
