La torta de las telecomunicaciones en Venezuela: Breve análisis de los últimos movimientos

Las telecomunicaciones en el país adquieren una dinámica marcada por la influencia de Estados Unidos, pero las interrogantes sobre los beneficios hacia la ciudadanía o inclusive la participación del empresario nacional siguen abiertas. Imagen: Guacamaya.

Guacamaya, 10 de noviembre de 2026. Entre la visita de Richard Branson, del Grupo Virgin, a Venezuela, el interés por parte de Mauricio Claver-Carone de comprar Movistar, la participación legal de Elon Musk en el país, a través de Starlink, y la puesta en marcha de nuevas normativas por parte de Conatel, las telecomunicaciones en el país adquieren una dinámica marcada por la influencia de Estados Unidos. Sin embargo, las interrogantes sobre los beneficios hacia la ciudadanía o inclusive la participación del empresario nacional siguen abiertas.

Antes del 3 de enero de 2026, las telecomunicaciones en el país, ya se encontraban bajo una influencia internacional importante, especialmente por parte de China. Por ejemplo, en el caso de CANTV, se pueden identificar relaciones estrechas con empresas como China National Electronics Import & Export Corporation (CEIEC), Huawei y ZTE, especialmente durante la gestión de Jacqueline Farías. Además, no hay que olvidar las denuncias de figuras del chavismo como Rafael Ramírez, quien en el año 2019 denunció que empresas de origen chino estarían operando en CANTV y Molvinet. Sin embargo, ante la falta de información y evidencia concreta, estas denuncias no trascendieron.

Más allá de esas especulaciones, sí resulta importante recordar que, a partir del 21 de agosto de 2026, el Departamento de Estado de los Estados Unidos otorgó una serie de licencias que permiten a CANTV y Conatel realizar compras para la actualización de infraestructura, software y licencias. Pero con una restricción explícita que, impide realizar gestiones con personas o empresas e instituciones de países como China, Irán, Rusia, Corea del Norte y Cuba.

Este movimiento de licencias solo fue el inicio de un proceso estructural y comercial más grande, que se puede identificar por ciertos movimientos en el mercado y en la legislación nacional.

Se puede mencionar el caso de Movistar (Telefónica), que, si bien desde el año pasado, ya  había manifestado la intención de vender la filial de Venezuela. Según el portal El Español, ahora parece que se ha retomado un nuevo impulso. Entre los principales grupos que han mostrado recientemente interés son el grupo empresarial Millicom que maneja la marca TIGO; así como también, la empresa LARA Fund (Latin America Real Assets Opportunities). Esta última es un fondo de capital privado con sede en Miami, Estados Unidos, enfocado en inversiones en América Latina y el Caribe, cuyo socio principal es Mauricio Claver-Carone, hombre de confianza de Donald Trump que actuó durante un periodo como enviado especial para América Latina y con clara influencia en la política venezolana.

También, existen otros actores que han entrado en el ecosistema de las telecomunicaciones en Venezuela. Por ejemplo, en octubre de 2026, Conatel autorizó la operación de la empresa de Elon Musk, Starlink. En este caso, también se trata de otro empresario cercano a Donald Trump. De igual manera, entre el 21 y el 23 de octubre, Richard Branson, fundador de Virgin Group, una de las empresas de telecomunicaciones más grandes a nivel global, estará en la sexta edición del Startup Venezuela Summit (SVS).

Por otro lado, Conatel no solo ha otorgado nuevos permisos, ya que, inclusive antes de licencias emitidas por el Departamento de Estado para finales del mes de junio de 2026, Conatel lanzó una consulta pública referida al proyecto de Providencia Administrativa que establece los Parámetros de Calidad de Servicios de Internet. Si bien se trata de una medida para mejorar la prestación de servicio a los usuarios, también se debe interpretar como una señal que transmite el ente regulador, enfocada en una posible modernización más grande que sí implicaría un cambio en la Ley Orgánica de Telecomunicaciones (Lotel).

No hay que olvidar que, en el Plan Básico Legislativo 2026-2027 de la Asamblea Nacional, se contemplan veintinueve proyectos de ley donde se registran ciertas propuestas de leyes correspondientes al ámbito digital como la Ley de ciberseguridad; la Ley de telecomunicaciones; o la Ley de derechos digitales.

Bajo este escenario, resulta probable que una nueva ley de telecomunicaciones se encuentre próxima a su discusión, donde la influencia de Estados Unidos parece que será determinante. Pero, existen interrogantes abiertas, por ejemplo ¿Cómo se garantiza la participación de empresas nacionales y de la sociedad civil? o si ¿Las distribuciones en el mercado de las telecomunicaciones será transparente?

Indudablemente, Venezuela necesita inversión en el sector. En el estudio “Venezuela in the global digital ecosystem: investment strategic  opportunities” (2026), publicado por CAF-Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe, se indica que el país mantiene un déficit en la “milla media” y en redundancia internacional. Esto, en la práctica, significa que la red troncal nacional suele estar congestionada, obsoleta o propensa a cortes debido a la inestabilidad eléctrica. Las redes móviles siguen dependiendo en gran medida de 4G-LTE en las zonas urbanas, pero se reducen a 3G o incluso 2G en zonas rurales. De igual manera, se señala que los sistemas digitales gubernamentales están fragmentados. Además, se señala una brecha en el nivel ejecutivo donde los líderes empresariales de alto nivel carecen de la comprensión estratégica de cómo gestionar tecnologías como la inteligencia artificial (IA) y la transformación digital.

No obstante, resulta importante mencionar que, una nueva ley de telecomunicaciones debería contemplar una reestructuración de Conatel que permita establecer una autonomía real. Bajo esa línea, el directorio de esta institución debería ser nombrado por periodos fijos que no coincidan con el ciclo electoral del Gobierno nacional y con la participación de la Asamblea Nacional en la elección de dicho directorio, sobre la base de competencias técnicas, no políticas. De igual manera, resultaría necesario establecer normas de transparencia para reducir y prevenir la discrecionalidad política en el otorgamiento de concesiones.

Así como el sector petrolero, las telecomunicaciones son un espacio en disputa e intervención de los nuevos actores políticos en el terreno, resulta importante no perder de vista las nuevas dinámicas que se pueden ir configurando en los próximos meses. La participación de la sociedad venezolana en esta discusión debe ser una exigencia compartida, ya que su exclusión puede crear nuevas brechas para la soberanía digital y las posibilidades de desarrollo del país.