Un decreto para acelerar exportaciones, una tregua de fiscalización comercial antes de Navidad y la ratificación de un tratado aeronáutico en el Parlamento se ejecutaron en un lapso de 72 horas, para dinamizar el comercio interno y externo. Fotografía: Observatorio Venezolano Antibloqueo.
Guacamaya, 05 de noviembre de 2026. Durante esta semana, la gestión tributaria y la operatividad logística en Venezuela han registrado un importante ritmo de cambios. Lo que a primera vista pudo interpretarse como una serie de anuncios inconexos responde, en realidad, a una estrategia estatal coordinada de facilitación del comercio, sustitución de fiscalizaciones y búsqueda acelerada de divisas no petroleras.
La sustitución de engorrosos permisos de exportación por las exigencias exclusivas del país comprador, anunciada por el Ejecutivo, coincidió con la congelación de las fiscalizaciones presenciales del Servicio Nacional Integrado de Administración Aduanera y Tributaria (Seniat). A su vez, la Asamblea Nacional también sancionó la Ley Aprobatoria del Convenio de Montreal para el transporte aéreo internacional.
El ciclo de anuncios se inició el martes 3 de noviembre, cuando la presidenta encargada, Delcy Rodríguez, adelantó durante el Congreso de Conindustria 2026 que el Ejecutivo avanzaba en la eliminación masiva de trámites para dinamizar las exportaciones. «Estamos listos con los trámites para simplificar todo el proceso exportador y que, de esa manera, pueda generarse divisas para el país», señaló.
Al día siguiente, la vicepresidenta sectorial Administrativa y de Gobierno Digital y ministra de Economía y Finanzas, Anabel Pereira Fernández, acompañada por el viceministro de Comercio Internacional, Saúl Ameliach, presentó en detalle las especificaciones del nuevo Decreto de Simplificación de Trámites de Exportación. «Hoy damos un paso para que nuestros productos lleguen más lejos», dijo.
Luego, el 5 de noviembre, el superintendente del Servicio Nacional Integrado de Administración Aduanera y Tributaria (Seniat), Román Maniglia, anunció durante el Congreso Anual de Cavececo la suspensión de las fiscalizaciones presenciales hasta enero de 2027 en el marco de la transición hacia el sistema de fiscalización digital de Modernización, Digitalización y Automatización (MODA).
Pero justo ese mismo 5 de noviembre, la Plenaria de la Asamblea Nacional sancionó por unanimidad la Ley Aprobatoria del Convenio para la Unificación de Ciertas Reglas para el Transporte Aéreo Internacional, también conocido como el Convenio de Montreal de 1999. Con ello se busca ahora la reducción de cargas administrativas para dar mayor respaldo al comercio exterior.
Todas estas decisiones se articulan sobre la base legal sentada meses atrás con la promulgación de la Ley Orgánica para la Celeridad y Optimización de Trámites Administrativos, publicada en la Gaceta Oficial Extraordinaria N.º 7.018 el 8 de abril de 2026. En este sentido, se presenta un desglose analítico de este engranaje de reformas y su impacto en el tejido empresarial del país.
El Decreto Exportador: Supresión de permisos internos y la regla del país de destino
Durante décadas, la actividad exportadora no petrolera en Venezuela ha estado condicionada por una densa red de exigencias burocráticas que consta de permisos ministeriales previos, registros sectoriales obligatorios, códigos especiales de exportador y certificaciones sanitarias consideradas redundantes que ralentizaban los embarques y restaban competitividad en los puertos internacionales.
El Decreto de Simplificación de Trámites de Exportación, detallado por la ministra Anabel Pereira Fernández y el viceministro Saúl Ameliach, transforma radicalmente la doctrina de control administrativo al establecer una regla clara: los exportadores venezolanos únicamente deberán cumplir con los requisitos formales que exija el país de destino.
El decreto introduce modificaciones inmediatas para los principales rubros exportables. En la pesca y acuicultura, se elimina el requerimiento de permisos, registros y certificados, como restricciones sobre ventas. En el café y cacao, se derogan las restricciones de exportación, entre ellas el “código de exportador de café”. Y en la industria y agroalimentos, se suprime la obligación ante ministerios.
En relación a las certificaciones de salud y fitosanitarias, estas solo se emitirán en los casos en que el país comprador lo exija explícitamente. Mientras tanto, para el traslado terrestre de mercancías hacia los puertos nacionales, bastará con un documento único de movilización de carga. Asimismo, los trámites de legalización solicitados desde el exterior tendrán un lapso máximo de resolución de 10 días hábiles.
«Con esta simplificación de trámites disminuyen los tiempos de embarque, fomentando así las exportaciones no petroleras», destacó Pereira. Mientras que sobre las garantías del mercado interno, señaló, por su parte, que «el Estado será garante del abastecimiento nacional y nuestros productores tendrán reglas más simples para posicionar los productos venezolanos en el mundo».
Estas medidas se anuncian en un entorno macroeconómico en el que el Ejecutivo busca fortalecer los flujos de divisas no petroleras. En este sentido, el Gobierno informó que mantiene negociaciones avanzadas con organismos multilaterales para acceder a un esquema de financiamiento por 17.000 millones de dólares en los próximos cinco años, destinado a proyectos productivos del sector público y privado.
Según datos divulgados por la mandataria Delcy Rodríguez, Venezuela cerró octubre de 2026 con una inflación mensual del 6,2% —la cifra más baja registrada en los últimos dos años—, un crecimiento acumulado del consumo del 23%, una reducción del 38,8% en la importación de alimentos procesados por sustitución nacional y un incremento del 31% en la importación de materia prima industrial.
La tregua del Seniat y la migración estructural hacia el sistema MODA
A la par de la flexibilización aduanera, el frente fiscal ajustó sus mecanismos de control. Durante el V Congreso Anual de la Cámara Venezolana de Centros Comerciales y Afines (Cavececo), el superintendente del Seniat, Román Maniglia, anunció la suspensión de las inspecciones y fiscalizaciones presenciales a establecimientos comerciales durante el último trimestre del año.
El titular del ente recaudador explicó que la decisión, que incluso se extenderá hasta enero de 2027, busca servir como estímulo de alivio para la temporada navideña, aunque exige a cambio transparencia contable y “libros claros” para consolidar una nueva cultura tributaria. «Lo que estamos haciendo es cruce de información. No estamos persiguiendo a nadie», añadió el funcionario.
Esta decisión se enmarca así en la reestructuración del organismo recaudador bajo el sistema de Modernización, Digitalización y Automatización (MODA). En consecuencia, la congelación de la presencia física de los fiscales de impuestos no representa una relajación de las facultades de control del Estado, sino la sustitución por el análisis algorítmico de datos y el cruce transaccional en tiempo real.
La decisión se enmarca en una seguidilla de medidas operativas; entre las que destacan la eliminación de la cartelera fiscal física, la vigencia indefinida del RIF, la interconexión de datos entre el Seniat y el Servicio Autónomo de Registros y Notarías (Saren) y la derogación de la obligatoriedad de las máquinas fiscales, así como la concesión de 180 días de transición hacia plataformas de facturación digital.
Del mismo modo, el superintendente Maniglia adelantó que el Ejecutivo introducirá en las próximas semanas ante la Asamblea Nacional un paquete de reformas legales que abarcará modificaciones al Código Orgánico Tributario, la Ley del Impuesto al Valor Agregado (IVA), la Ley del Impuesto sobre la Renta (ISLR) y las normas de Armonización Tributaria Municipal.
El Convenio de Montreal: El eslabón aeronáutico de la facilitación logística
El 5 de noviembre, la Plenaria de la Asamblea Nacional sancionó por unanimidad, en segunda discusión, la Ley Aprobatoria del Convenio para la Unificación de Ciertas Reglas sobre el Transporte Aéreo Internacional, adoptado en Montreal en 1999. El proyecto había sido aprobado en primera discusión el martes 3 de noviembre.
Aunque el instrumento legislativo posee un objeto jurídico autónomo centrado en el régimen de responsabilidades, indemnizaciones y protección al usuario en la aviación comercial, guarda una directa relación de complementariedad, especialmente con el decreto de exportaciones,
Al armonizar el régimen aéreo nacional con los estándares globales de carga y tráfico de mercancías, el Convenio de Montreal proporciona previsibilidad jurídica al transporte de bienes perecederos o de alto valor. Mientras el decreto del Ejecutivo agiliza los trámites en puertos y fronteras terrestres, la ratificación de las reglas de Montreal blinda la cadena logística en los cielos internacionales.
El paraguas legal y las demandas pendientes
Toda esta arquitectura de simplificación encuentra su sustento normativo en la Ley Orgánica para la Celeridad y Optimización de Trámites Administrativos, sancionada por la Asamblea Nacional el 26 de marzo de 2026 y publicada en la Gaceta Oficial Extraordinaria N.º 7.018 el 8 de abril de 2026.
Este texto legal de orden público otorgó al Ejecutivo facultades extraordinarias para suspender, modificar o suprimir trámites y obligó a la Administración Pública a adecuar sus procedimientos en un plazo de 180 días que venció a principios de octubre.
No obstante, gremios empresariales insisten en que la verdadera dinamización del aparato productivo requerirá atender deudas pendientes como la derogación del Impuesto a las Grandes Transacciones Financieras (IGTF), la reactivación del crédito bancario, el alivio de flujo de caja con flexibilidades en el IVA y el ISLR, además de una armonización fiscal municipal efectiva y garantía de servicios públicos como conectividad a internet y flujo eléctrico.
