Durante la presentación del informe, el presidente de la Comisión de Seguimiento de la normativa, Jorge Arreaza, estuvo acompañado únicamente por miembros oficialistas que integran la integran dicha instancia parlamentaria. Fotografía: Venezolana de Televisión.
Guacamaya, 24 de febrero de 2026. La Comisión Especial de Seguimiento de la Ley de Amnistía para la Convivencia Democrática compartió la tarde de este miércoles un resumen de los avances de la aplicación de este instrumento legal tras su aprobación. En el papel, la normativa se ha ejecutado a un ritmo vertiginoso, pero deja abiertas preguntas de fondo sobre su alcance real, su uso político y el rol de los jueces frente a la recomposición de la institucionalidad.
Desde el Palacio Federal Legislativo, la instancia parlamentaria, encabezada por el diputado Jorge Arreaza, expuso que se han recibido 4.203 solicitudes para la aplicación de la amnistía, todas consideradas procedentes. Los datos parten sobre la base de los reportes del Tribunal Supremo de Justicia, validados, a su vez, por el Ministerio de Servicios Penitenciarios, segpun reza el documento.
En total, se han beneficiado de libertad plena hasta 3.231 personas. En relación a la condición del sujeto de aplicación, 179 personas permanecían privadas de libertad, y otros 3.052 contaban con medidas cautelares. Por otra parte, 964 casos permanecían en proceso de análisis para el momento del corte y otros 8 fueron definitivamente rechazados, pese a la procedencia de todas las solicitudes.
Jorge Arreaza, presidente de la Comisión, enmarcó este despliegue dentro de un consenso político previo. Recordó que “la Ley de Amnistía fue aprobada por unanimidad en la Asamblea Nacional el pasado 19 de febrero y entró en vigor tras su publicación en Gaceta Oficial”. Desde entonces, enfatizó, la Comisión ha recibido múltiples solicitudes y ha trabajado “para dar respuesta en el menor tiempo posible”.
La distribución sugiere que el proceso ha sido masivo, rápido y con una lógica más administrativa que jurídica. En este sentido, la prioridad parece ser la tramitación y contabilización de solicitudes antes que la transparencia en criterios o discusión en la proporcionalidad de casos. Así, pues, Arreaza subrayó que la aplicación de la norma “busca avanzar en la convivencia democrática y la reconciliación nacional”.
No obstante, el diputado explicó que existen delitos excluidos del beneficio, como el homicidio intencional y las conspiraciones armadas contra el Estado, y que aun así “las y los aspirantes deben hacer la solicitud ante los tribunales correspondientes”. En el caso de la jurisdicción castrense, sostuvo: “La justicia militar tiene sus códigos, juramento y proceso. También está en proceso de revisión de algunos casos”.
Alertas sobre los jueces y demandas de mayor celeridad
La dinámica de aplicación de la norma ha encendido alarmas dentro de la oposición y, en particular, en la fracción Libertad de la Asamblea Nacional, que ha demandado incluso una mayor celeridad de jueces y fiscales ante la nueva Ley. Cabe destacar que el Ministerio Público y la Defensa Pública ocupan el grueso de solicitudes de amnistía, pero la defensa privada y otros entes también pueden hacerlo.
El diputado Antonio Ecarri fue directo ante una operación que sigue siendo articulada por las más altas instancias del Estado. “No vamos a dejar que los jueces de este país hagan lo que les da la gana. Ya elevamos, gracias a la denuncia del Colegio Nacional de Periodistas y del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Prensa, que los jueces antiterrorismo no despacharon hoy”, señaló.
Ecarri planteó, en este sentido, la vigilancia y evaluación de los organismos del Poder Judicial y del Poder Ciudadano. “Juez que no colabore con la ley de amnistía, juez que le vamos a solicitar una investigación. Igual exactamente a los fiscales del Ministerio Público”, expuso. Agregó que hasta ahora hay 2.104 casos contabilizados que tienen que ser amnistiados porque la Ley ya está decretada.
Al respecto, el diputado Stalin González hizo un llamado a órganos competentes a acatar con celeridad el proceso. “La amnistía no es un adorno ni un titular: es una pieza clave de un proceso mayor para reconstruir el país. Para que funcione, debe prerogarse la voluntad de todas las partes por contribuir a la convivencia democrática y la justicia”, señaló a través de su cuenta en X.
Por otra parte, el informe presenta cifras, pero no explica criterios, ni detalla tipos de hechos amnistiados, lo que dificulta una evaluación independiente. En esta línea, González envío un mensaje de esperanza a los afectados que esperan el beneficio. “Mi solidaridad con las familias de los detenidos y personas que han solicitado amnistía. No están solos. Seguiremos exigiendo que la ley se cumpla con rapidez y transparencia”, dijo.
Como instrumento político, la Ley de Amnistía ofrece al gobierno y a la Asamblea Nacional una narrativa y un espacio de apertura y reconciliación. El seguimiento a sus números, pero sobre todo a las dudas y en el camino, será determinante para saber si se tratará efectivamente, de un punto de inflexión en la convivencia democrática.
Caracas como epicentro de la amnistía
La dimensión territorial del informe revela otra conclusión digna de análisis y es que la amnistía, en los hechos, es un fenómeno caraqueño. De las 179 excarcelaciones efectivas en todo el país, 135 corresponden al Distrito Capital, mientras que en el caso de las 3.052 de personas cauteladas, 2.780 se concentran igualmente en la capital del país.
Amazonas, Bolívar, Delta Amacuro, Mérida, Sucre, entre otros, aparecen con 0 beneficiarios pertenecientes a la condición de privados de libertad o cautelados. Esto quiere decir que, o bien hubo pocos casos vinculados a la conflictividad política en esas regiones, o bien los mecanismos de solicitud, información y representación judicial no sean activado de forma homogénea en todo el territorio.
De hecho, más que un reflejo “natural” de la conflictividad en la capital, esta sobrerrepresentación puede explicarse por una razón estructural: en los últimos años, buena parte de los casos vinculados a protestas, persecución política y delitos asociados fueron centralizados en tribunales y fiscalías con sede en Caracas, incluso cuando los hechos ocurrieron en otros estados.
Muchas de las víctimas y sus familias provienen de realidades regionales muy distintas y siguen enfrentando barreras de acceso a la justicia en sus propios territorios. Ello no solo configura a Caracas como el epicentro del conflicto político sino también jurídico. Sin embargo, ello no agota la discusión sobre si la promesa de “convivencia democrática” se aplica dónde el costo político es mayor.
¿Cómo se tramita una solicitud de amnistía?
Inicialmente, el Ministerio Público, la defensa técnica o cualquier sujeto legitimado según el artículo 463 del Código Orgánico Procesal Penal puede solicitar formalmente la amnistía del sujeto beneficiario. Para quienes están fuera del país, la solicitud puede hacerse mediante apoderado, según el artículo 7 de la Ley de Amnistía 2026.
El proceso inicia cuando la solicitud se introduce ante el tribunal que lleva la causa o ante la Unidad de Recepción y Distribución de Documentos (URDD). Luego, el juez examina el expediente y determina en qué fase del proceso penal se encuentra el caso: control, juicio o ejecución.
Si la decisión del juez es procedente, se aplican dos rutas: para condenados o penados, se activa la vía ante la Corte de Apelaciones para una sentencia de reemplazo; para procesados, se decreta el sobreseimiento, lo que implica su libertad. En ambos casos, se declara la extinción de la pena y de la acción penal.
Si es improcedente, el juez debe fundamentarlo jurídicamente y la decisión puede ser apelada.
