Diversos casos se enmarcan dentro de un contexto amplio de fiscalización y arrestos a figuras vinculadas a tramas de corrupción y a la delincuencia organizada | Fotografía: The Motion Cloud / Getty Images.
Guacamaya, 13 de octubre de 2026. Las dinámicas políticas e internacionales de Venezuela dieron un vuelco importante tras el 3 de enero, fecha en la que un operativo militar estadounidense culminó con la captura del para entonces presidente Nicolás Maduro y de su esposa, Cilia Flores. Desde entonces, la administración encargada de Delcy Rodríguez ha sostenido una inédita agenda de cooperación operativa y judicial con Washington.
Esta colaboración, respaldada por contactos diplomáticos de alto nivel, ha incluido la visita a Caracas del director de la CIA, John Ratcliffe, y un encuentro directo entre Trump y Rodríguez el 22 de septiembre en el marco de la 81.ª Asamblea General de la ONU. Este contexto se ha traducido en una secuencia de entregas de alto perfil, deportaciones y operaciones armadas combinadas.
No obstante, la precipitación y la opacidad con la que se han concretado los casos más recientes —en especial las entregas del empresario colombiano Álvaro Pulido y del ciberoperador del Tren de Aragua— ponen en evidencia la aplicación de fórmulas jurídicas atípicas que evaden —por aparente pragmatismo— los controles constitucionales venezolanos.
La entrega de socio clave de corrupción petrolera
El caso más reciente se consumó el 11 de octubre, cuando el fiscal general de Estados Unidos, Todd Blanche, confirmó que el empresario colombiano Álvaro Pulido Vargas (de 62 años) fue puesto bajo custodia federal por el Grupo de Trabajo de Seguridad Nacional. Agentes de la DEA trasladaron a Pulido directamente a Florida desde el centro penitenciario El Rodeo I, donde permanecía encarcelado desde 2023 por el caso Pdvsa-Cripto.
Pulido, señalado además como socio principal de Alex Saab en la triangulación de más de 2.000 millones de dólares mediante sobreprecios en las cajas de alimentos CLAP y la Gran Misión Vivienda, compareció el martes 13 de octubre ante la Corte Federal del Distrito Sur de Florida para enfrentar 13 cargos por lavado de dinero y sobornos.
Lo cuestionable del procedimiento radica en que Pulido mantenía un proceso penal abierto en Venezuela sin sentencia firme y, aunque nació en Colombia, diversas fuentes señalan que ostenta la ciudadanía venezolana. Ni Caracas ni Washington ofrecieron explicaciones sobre la figura legal empleada para autorizar su extracción de una cárcel nacional.
El ciberoperador del Tren de Aragua trasladado desde Caracas
Días antes, el 2 de octubre, Aníbal Alexander Canelón Aguirre (alias “Prometeo” o “El Ingeniero”), de 50 años, compareció ante el Tribunal Federal de Distrito en Nebraska tras ser entregado desde Caracas, donde fue capturado el 15 de septiembre. El imputado, quien se declaró no culpable, se convirtió en el primer fugitivo buscado principalmente por ciberdelitos en ingresar a la lista de los diez más buscados del FBI.
Se le acusa de liderar redes de jackpotting (infección de cajeros automáticos con malware para el despojo masivo de efectivo) que provocaron pérdidas por más de 55 millones de dólares en EE. UU., cuyos fondos financiaron las operaciones del Tren de Aragua. Dado que Canelón es ciudadano venezolano de nacimiento, su traslado directo a un tribunal norteamericano representa uno de los choques más directos contra el texto constitucional.
La operación armada letal contra el “Niño Guerrero”
A diferencia de los traslados judiciales o administrativos, el caso de Héctor Rusthenford Guerrero Flores, máximo cabecilla del Tren de Aragua, culminó con su muerte el 12 de junio de este año. Guerrero Flores, alias “Niño Guerrero”, fue “neutralizado” durante una incursión táctica en el sector minero de Las Claritas, al sur del estado Bolívar.
El hecho reflejó una profunda disparidad narrativa entre ambas naciones: mientras el presidente Donald Trump y el Comando Sur estadounidense celebraron un “ataque militar rápido y letal” con el uso de precisión tecnológica, el comunicado oficial del gobierno de Delcy Rodríguez enfatizó que se trató de una “operación combinada” basada en intercambio de inteligencia y soporte técnico, sin afirmar la presencia de botas militares estadounidenses en suelo venezolano.
La deportación administrativa de Alex Saab
El 16 de mayo, el Servicio Administrativo de Identificación, Migración y Extranjería (Saime) informó la entrega a agentes de la DEA en Miami del empresario colombo-venezolano Alex Saab. Previamente.Saab había sido destituido en enero de sus funciones como ministro de Industria y retenido bajo secreto desde febrero.
En septiembre de 2026, Saab se declaró culpable de lavado de dinero en Florida, lo que un acuerdo de colaboración para entregar 189 millones de dólares en activos y aportar pruebas contra la cúpula del poder. Su entrega se ejecutó mediante la figura de deportación migratoria administrativa, aunque evitó la sustanciación de un juicio de extradición ante el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ).
El laberinto legal y las anomalías de las entregas
El artículo 69 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela estatuye categóricamente que “se prohíbe la extradición de venezolanos y venezolanas”. En concordancia, el artículo 6 del Código Orgánico Procesal Penal reafirma que la extradición de un venezolano “no podrá concederse por ningún motivo”, lo que impone a las autoridades la obligación estricta de enjuiciar en territorio nacional.
Por otra parte, el procedimiento de extradición pasiva legal en Venezuela exige la intervención del Ministerio Público, una audiencia ante un Juez de Control y la decisión de la Sala de Casación Penal del Tribunal Supremo de Justicia. Para eludir este trámite garantista, el Ejecutivo recurrió con Alex Saab —y de forma no declarada con Pulido— a la deportación migratoria expedita vía Saime.
Asimismo, si bien el artículo 271 constitucional prohíbe negar la extradición de extranjeros responsables de delitos de legitimación de capitales, delincuencia organizada o corrupción pública, la Carta Magna subraya que este procedimiento debe ser público, oral, breve y con respeto estricto al debido proceso. La extracción clandestina de imputados vulnera el debido proceso consagrado en el artículo 49 de la CRBV.
En relación con los límites de las operaciones militares conjuntas, y en especial respecto a la operación letal contra el “Niño Guerrero”, el numeral 11 del artículo 187 de la CRBV atribuye de forma exclusiva a la Asamblea Nacional la competencia de “Autorizar el empleo de misiones militares venezolanas en el exterior o extranjeras en el país”.
Ante la ausencia de un acuerdo parlamentario público, el Ejecutivo venezolano se vio forzado a encuadrar el hecho como “cooperación técnica de inteligencia” para evitar admitir la presencia no autorizada de fuerzas militares de una potencia extranjera en el estado Bolívar.
Funcionarios de seguridad estadounidenses que han visitado Venezuela
Desde los acontecimientos del 3 de enero de 2026, varios altos cargos de inteligencia, defensa y seguridad de Estados Unidos han realizado visitas oficiales a Caracas para coordinar “mecanismos de cooperación”, “estabilización regional” y “lucha contra el crimen transnacional” con la administración encargada. Algunos de los cuerpos representados son:
- Inteligencia de alto nivel: El director de la CIA, John Ratcliffe, viajó a Caracas a mediados de enero de 2026 por instrucciones directas de Donald Trump para reunirse con la presidenta encargada, Delcy Rodríguez, e inaugurar canales diplomáticos e informativos.
- Liderazgo militar del Comando Sur: El general Francis L. Donovan, comandante del Comando Sur de EE. UU. (SOUTHCOM) ha liderado delegaciones a Caracas en múltiples ocasiones (febrero y julio de 2026), acompañado por el subsecretario adjunto de Guerra, Joseph Humire.
- Cúpula del Pentágono y Defensa: También se registraron visitas de mandos militares como el general Dan Caine (Jefe del Estado Mayor Conjunto), el general Kevin J. Jarrard (Comando Norte) y Bradley Hansell (Subsecretario de Inteligencia del Pentágono).
Las conversaciones con las autoridades en Caracas se han centrado en la desarticulación de redes delictivas, la lucha contra el narcotráfico y la estabilización del país, según declaraciones difundidas públicamente.
La secuencia de hechos iniciada el 3 de enero ha puesto en evidencia un pragmatismo político donde las necesidades de alineación diplomática y alivio de presiones internacionales han dominado sobre las formalidades del ordenamiento jurídico interno. La sustitución de los juicios procesales ante el TSJ por mecanismos de entrega administrativa y ejecuciones tácticas marca un precedente inédito.
